No hay pocos desastres naturales. La estadística es puntual: son 5.71 sucesos anuales en México desde 1980, de acuerdo con un estudio estadístico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hay que dimensionarlo: Argentina promedia 2.40 por año; Colombia, 3.83. El promedio regional es de 1.86 eventos anuales.
Aquí hablamos de dos que coincidentemente fueron terremotos que golpearon a la mayor ciudad del país y que de manera improbable lo hicieron en la misma fecha de años distintos. Un 19 de septiembre. Otra vez, un 19-S.
Más allá de las comparaciones geológicas y geográficas entre ambos eventos, hay una diferencia contundente: el primero quitó la vida a aproximadamente 9 mil 500 personas, según el BID. El segundo aún cuenta víctimas angustiosamente, pero sabemos que esta vez fueron muchas menos, cientos de acuerdo con la información oficial disponible.
La sacudida que dio a la población mexicana el primer gran terremoto de esta generación, nuestros muertos del 85, tuvo tal impacto en el cambio de leyes, establecimiento de normas y su cumplimiento, que su influencia redujo muy sensiblemente la dimensión de la tragedia que hoy reta a los mexicanos. Indirectamente, los fallecidos del 85 salvaron a personas que aún pueden leer este texto.
Así fue descrita la situación de la Ciudad de México en la víspera de la Navidad de 1985:
“Lo único que puede afirmarse sin temor a errar es que el costo de la destrucción y el trastorno provocado por los sismos será muy, pero muy elevado. Más allá de informes estadísticos detallados, un recorrido por las zonas afectadas da una idea de la magnitud de la destrucción. Según el informe elaborado por la CEPAL, solo en edificaciones de gran tamaño, el recuento oficial señala alrededor de 2 mil 850 edificios derrumbados o con daños de consideración. Entre estos se cuentan edificios multifamiliares, oficinas públicas y privadas, hoteles, hospitales y escuelas.
“Más importante que la pérdida material es la irreparable pérdida humana. Las cifras oficiales han reconocido 6 mil muertos y 2 mil desaparecidos aproximadamente. Sin embargo, informantes de la Cruz Roja y de las instituciones que coordinan la remoción de escombros han señalado que la cifra bien podría ser varias veces mayor. El número de heridos atendido en los Centros Asistenciales que funcionaron fue de 30 mil personas. El número de damnificados directamente por el terremoto se estima en 100 mil, de acuerdo al informe citado”.
Estas palabras fueron escritas ese año por Enrique Quintana, actual director general editorial de El Financiero, en El Cotidiano, revista de la División de Ciencias Sociales de la UAM Azcapotzalco.
En esos días la Cepal estimaba en 4 mil millones de dólares el costo de los daños de los movimientos telúricos en una ciudad que representaba apenas una fracción de la actual en términos económicos.
A la postre sumaron 4 mil 500 millones, de acuerdo con el BID. Esta última cifra equivale 10 mil 269 millones de dólares de este 2017.
El texto de Quintana es invaluable:
“Haciendo un recuento más detallado de los daños pueden encontrarse cifras que hacen temblar. En el Distrito Federal se perdieron o deberán demolerse alrededor de 15 mil unidades de vivienda; 55 mil unidades más sufrieron daños de diversa magnitud. Esta pérdida debe sumarse al déficit de viviendas en el país, estimado en 3 millones.
El sector salud también se vio gravemente afectado. En el Distrito Federal hubo daños de diversa índole en 500 edificios pertenecientes a dicho sector. Se colapsaron completamente 9 hospitales, entre ellos, los que conformaban la unidad hospitalaria más importante de América Latina. Ello significó la pérdida del 30 por ciento de la capacidad hospitalaria de la capital de la República.
A su vez, el sector educativo sufrió serios efectos por el terremoto: 50 unidades escolares fueron totalmente destruidas o necesitan ser demolidas, 130 escuelas más sufrieron daños mayores, y mil 120 resultaron con daños de menores. Los planteles afectados representan el 22 por ciento del total de la zona metropolitana. Por consecuencia, 40 mil alumnos y 2 mil profesores tendrán que ser reubicados de manera definitiva, y un millón y medio de alumnos y 4 mil profesores más tendrán que hacerlo temporalmente.
Por otra parte, 125 edificios que albergaban oficinas públicas (70 por ciento rentados y 30 por ciento propiedad del sector público) fueron destruidos total o parcialmente; entre ellos se cuentan las sedes de algunas secretarías de Estado como las de Comercio y Fomento Industrial, Trabajo y Previsión Social, Marina, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes.
También las dos principales centrales telefónicas de la capital del país fueron dañadas total o parcialmente, lo que trastornó el servicio telefónico, el cual aún no logra restablecerse en su totalidad.
El Distrito Federal sufrió la pérdida total de 5 hoteles, 4 más fueron seriamente dañados y 71 exigen reparaciones menores. En los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco hubo daños importantes en 15 hoteles más. En total, se estima que se perdieron 2 mil 500 habitaciones y se dañaron en diferente grado otras 10 mil.
Los daños sufridos por los acueductos y por las redes de distribución secundaria ocasionaron la suspensión del servicio de agua potable para varios millones de capitalinos durante algunas semanas. Asimismo, las redes de distribución de energía eléctrica sufrieron cuantiosas averías que ocasionaron un servicio muy irregular durante varios días.
El transporte sufrió la pérdida de mil 200 vehículos privados y 300 unidades de transporte colectivo urbano como consecuencia de los derrumbes en edificaciones. En las zonas afectadas se dañó la carpeta asfáltica, así como banquetas y camellones. El metro vio trastornado su servicio varios días.
El sector financiero padeció también daños de magnitud: 10 edificios se derrumbaron y 50 sucursales bancarias quedaron destruidas. Igual número de sucursales quedaron inutilizadas por encontrarse en zonas de fuerte concentración de daños.
“Del mismo modo, 80 centros recreativos fueron destruidos o tendrán que ser demolidos y 120 locales más, entre cines, teatros, bares y clubes nocturnos, tendrán que dejar de operar.
“Los daños al sector industrial se concentraron en la manufactura del vestido: 140 fábricas y talleres fueron destruidos completamente y 420 establecimientos fabriles más tienen daños de diversa consideración. El sector comercio sufrió la pérdida total de 500 unidades, sobre todo del pequeño comercio. Además, 2 mil locales ubicados en el primer cuadro han dejado de funcionar como consecuencia de los sismos.
Como resultado de lo anterior, el empleo se vio afectado seriamente, 150 mil personas quedaron desempleadas inmediatamente en la zona metropolitana como resultado del desastre. Ello implica una duplicación del desempleo abierto, oficialmente reconocido para la zona metropolitana”.
El 21 de septiembre de 2017, la Ciudad de México fue declarada zona de desastre y las cifras oficiales sumaban 2 mil 400 edificaciones que deben ser revisadas para conocer su nivel de daño.
Un pronóstico aventurado de los costos adicionales a las pérdidas humanas del sismo de este 19-S es de 4 mil 600 millones de dólares, de acuerdo con Chuck Watson, analista de Enki Research,una organización basada en EU dedicada al análisis de costos de desastres naturales.
Al respecto, Roberto Guerrero Compeán, economista del BID, duda un poco, pero reconoce: “Es factible”.
Él se basa en la estimación del costo económico de las pérdidas en inmuebles e infraestructura que recientes desastres tuvieron para México.
El Huracán Wilma que golpeó a Quintana Roo y Yucatán en 2005, representó pérdidas por 5 mil millones de dólares; otro huracán, Manuel, 4 mil 700 millones de dólares, advierte.
Lo relevante está en que una ciudad que aumentó su densidad y su actividad económica durante los últimos 32 años muestre hasta el momento pérdidas humanas y monetarias significativamente menores a las del temblor de alto impacto más reciente.
“La Ley de Protección Civil de México (1986), aprobada tras el terremoto de México de septiembre de 1985, y la Ley del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia (1988), aprobada tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en noviembre de 1985, han sido experiencias pioneras a nivel mundial en la promoción de la gobernabilidad del riesgo para hacer frente a los desastres naturales reducir la vulnerabilidad”, señala un informe del BID de agosto de 2017.
México es un país más resistente gubernamental y económicamente para enfrentar desastres naturales, admite Guerrero, uno de los autores, en entrevista vía video remoto. De hecho, es el más preparado de América Latina. El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres estimado por el BID lo avala.
México fue evaluado en el Índice con 65 puntos ubicándose por encima de Colombia y Perú.
Éste mide elementos como la base normativa para la organización y coordinación de la gestión del riesgo, los procesos para medir la dimensión de cada suceso y la habilidad financiera para solventarlos.
En 1985, una crisis económica previa al terremoto obligó al Gobierno a pagar altas tasas de interés en el extranjero que lo dejaban insolvente ante el evento inesperado; las empresas, aún antes del suceso, carecían de opciones de crédito, salvo las más grandes que recurrían a la emisión de bonos en el extranjero.
Este año, empresas mexicanas trasnacionales ofrecen duplicar la ayuda que aporte el público en efectivo a los afectados por el temblor y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si bien aplica recortes presupuestales para mantener el orden financiero, logró encontrar un importante espacio en las finanzas públicas para ampliar beneficios fiscales para donativos privados.
“De todos los países para los cuales tenemos información, (México) tiene el puntaje más elevado de toda América Latina en temas de gobernabilidad en gestión de riesgo”, expresa Guerrero.
La experiencia, añade, muestra que los países pueden avanzar en este índice a ritmo de medio punto por año y en el extremo óptimo, Japón marca vanguardia.
El aumento en un punto de los 65 que tiene México en una escala de 100, reduce desde 3 y hasta 9 por ciento el número de muertes ante fenómenos naturales de alto impacto, destaca el especialista, quien además ostenta un doctorado en Economía por el MIT.
Las catástrofes ocurridas desde 1980 dejan un saldo promedio para México de 310 vidas humanas perdidas, cada una.
México ha tenido avances muy importantes en estos años, lo que se refleja en un sismo como el del martes, que ocasionó la muerte de alrededor de 300 víctimas, apunta Guerrero. “En otra situación el número de víctimas pudo haber sido sumamente mayor”.
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