"La cárcel, desde todo punto de vista, está injustificada. Es ilegítima y no goza de respaldos civilizatorios. Por lo tanto, no es necesaria. Así como hoy existen museos del Holocausto, en 200 o 300 años la humanidad debería recordar que existían estos lugares aberrantes en términos de derechos humanos", dice el abogado ecuatoriano Jorge Vicente Paladines Rodríguez, profesor de Sistemas Penales de la Universidad Andina Simón Bolívar, en diálogo con Infobae.
"Pero cuando planteamos alternativas a la prisión siempre se presenta la misma pregunta: ¿qué hacemos con el homicida que se le ríe en la cara a la mamá de la víctima, o con una persona que ha infligido dolor y no le importa seguir haciéndolo? La respuesta es que es el riesgo que nuestras sociedades deben soportar. Porque no hemos descubierto la bolita de cristal que diga que alguien que ha cometido diez violaciones u homicidios, vaya a cometer once o doce", agrega.
"La cárcel, desde todo punto de vista, está injustificada. Por lo tanto, no es necesaria"
Con esas palabras, Paladines Rodríguez resume la esencia del discurso abolicionista. Su principal fundamento es que el daño causado por un asesino es irreparable, ya que nada puede revivir al muerto.
Por eso la pena sería irracional, porque trata de reparar lo irreparable. Entonces, ¿con qué objeto hacer sufrir a alguien privándolo de su libertad?
Desde esta perspectiva, poco importa que la familia de la víctima y el resto de la sociedad sientan un alivio al ver que los asesinos son condenados. Y que, en cambio, caigan en una desesperanza que redobla su dolor cuando se impone la impunidad y generaliza la sensación de que se pueden cometer los peores crímenes sin que pase nada.
Tampoco es relevante para el abolicionismo que en delitos que tienen estadísticamente un alto porcentaje de reincidencia, como el abuso sexual, una sentencia a diez años de prisión pueda evitar durante mucho tiempo que haya nuevas víctimas. La cárcel no cumpliría una función de protección social al apartar a quienes hayan cometido delitos graves y, estando en libertad, puedan ser un peligro para la sociedad.
"El discurso de la defensa social era muy aplicado en el fascismo italiano y en el stalinismo soviético. Hay que entender que la cárcel no repara nada. Esto está sobrediagnosticado. No hay nada que justifique mantener a una persona encerrada, ni cambiar dolor por dolor".
Héctor Hernández, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, sostiene que hay una "visión romántica e idílica" entre quienes reclaman la abolición de la cárcel.
"Algo hay que hacer ante el delito, y no puede ser darle un premio. Al menos para que el delincuente no lastime mientras esté preso, pero además para retribuir el mal que hizo. Si yo sufro un daño grande, como que maten a mi hijo, siento como una reparación que se lo ponga preso", explica, consultado por Infobae.
"Hay cosas que son evidentes: si a alguien le roban siente que es justo que al que le robó se le aplique una pena. Si no se le aplica ninguna, el ladrón va a seguir robando y la sociedad se va a sentir insegura. El desasosiego se aplaca cuando se castiga", agrega.
La penas sustitutivas
A pesar de considerar al castigo algo irracional, la mayoría de los abolicionistas reclama la erradicación de la cárcel, pero no de todas las penas.
"Las penas sustitutivas son una broma. Son recibidas con grandes fiestas por los imputados"
"La penas tienen una función simbólica, no lo vamos a negar -dice Paladines Rodríguez-. Manejar la penalidad en el caso del homicidio es muy complicado, pero en otros no, como en delitos menores de drogas".
Uno de sus argumentos es que la prisión no existió siempre, y que muchas sociedades a lo largo de la historia han subsistido sin tener una institución semejante.
"Para plantear alternativas a la prisión -continúa-, una de las primeras cosas que podemos hacer es ver a nuestros pueblos aborígenes, que no mantienen a la cárcel como forma de castigo".
Bolivia es un buen ejemplo, porque algunas comunidades que no reconocen a la prisión aceptan distintas formas de linchamiento y de castigos corporales. En los últimos años se repitieron casos de presuntos delincuentes que murieron tras ser salvajemente golpeados por grupos de personas. Los agresores aseguran estar amparadas por mecanismos ancestrales de justicia. ¿Eso es más humanitario que ir a prisión luego de ser encontrado culpable en un juicio?
"Indudablemente hay formas de castigo corporal que pueden ser leídas en clave de tortura. Pero hay que entenderlas en el enclave simbólico que representan, como la reincorporación de ese sujeto en la comunidad", dice Paladines Rodríguez.
Pero muchos abolicionistas saben que es inviable la eliminación total de la cárcel. "Es un hecho político y tal vez sea abolida en 300 o 4.000 años. Entonces tratemos de darle a esa cárcel que es ilegítima un estatus mínimamente humanitario", dice el letrado ecuatoriano. En su lugar, propone penas sustitutivas, que la reemplacen por castigos más blandos.
"Creo en atenuar las formas de la prisión -dice-, como la probation, la libertad condicional, los trabajos comunitarios y los arrestos de fin de semana. Son formas de buscar alternativas al encierro, que parten de la premisa de que la humanidad no ha discutido civilizadamente la abolición de la prisión".
"Las penas sustitutivas son una broma -responde Hernández. Hasta el profesor Luigi Ferrajoli (máximo referente del abolicionismo penal) reconoce que son recibidas con grandes fiestas por los imputados. Al considerar que no tiene sentido la pena, pero que no pueden liberar a todos los presos, inventan eso. Lo hacen para no aplicar castigos".
Esto es expresamente reconocido por Paladines Rodríguez. "Nosotros criticamos el aumento de las penas, los volúmenes elevados de castigo, sencillamente porque no creemos en la cárcel".
Pero al margen de las motivaciones de los juristas que las proponen, las penas sustitutivas suelen ser de muy difícil aplicación. "Habría que crear un ejército de gente equivalente a todo el poder judicial para controlar su cumplimiento. No hay personas suficientes para supervisar", dice Hernández. La consecuencia es que para los condenados sea casi lo mismo que estar en libertad.
El garantismo y el respeto a las garantías
La mayoría de los juristas que reclaman una reducción de las penas no se define como abolicionista, sino como garantista. No piden la erradicación de la cárcel -al menos no abiertamente-, sino que exigen el cuidado de las garantías de los imputados.
"Los garantistas dicen que hay un Estado monstruoso, pero ningún juez serio niega las garantías"
La particularidad del garantismo es que invierte la lógica del derecho penal. Desde su punto de vista, no está para regular qué se puede hacer y qué no, y cómo castigar a aquellos que infringen la ley. Su función sería proteger a quienes cometen delitos, y enfrentan un proceso judicial, del poder punitivo del Estado. Por eso se proclaman cultores del "derecho penal mínimo".
El problema es que, al presentarse como garantistas, generan una confusión. Porque las garantías constitucionales de todo acusado tienen que ver con el proceso, no con las condenas. Suponen el derecho a la defensa, a no declarar en su contra, a no sufrir ningún tipo de intimidación y, el más importante, a la presunción de la inocencia.
Por eso, una persona podría ser condenada a 100 años de prisión sin que se violen sus garantías. Sólo se necesita un juicio justo.
"Los garantistas dicen que hay un Estado monstruoso, pero no hay ningún juez serio que niegue las garantías del debido proceso. El primer principio del derecho penal es que se debe castigar al delincuente, pero sólo al delincuente. Por ende, no se debe castigar al inocente. Hay que tener derecho a defenderse, a que la prueba sea objetiva y se pueda controlar", dice Hernández.
"Nadie plantea que la instrucción del proceso sea secreta o que no deba haber abogado defensor. Es absurdo. Los garantistas crean un monstruo contra el cual luchar", agrega.
Para el jurista argentino, muchos son abolicionistas que adaptaron sus pretensiones maximalistas a lo que les permite la sociedad actual."Su plan es quedarse dentro del sistema penal para reventarlo. Creen que la pena no tiene sentido, y que por eso hay que hacer lo posible para que el condenado la pase lo mejor posible".
"No les importa la sociedad. Pelean por causas que reconocen como utopías. Y proponen medidas risueñas, como que los delincuentes pidan perdón. Lo que pasa es que en la universidad se puede decir cualquier cosa y no pasa nada", concluye.
Es indiscutible que las condiciones carcelarias son aberrantes y violan los derechos humanos en la mayor parte de América Latina. Hacinamiento, mala alimentación, un ambiente insalubre, violencia y tantos otros males deben ser corregidos imperiosamente. Pero para eso es necesario reconocer el lugar -hasta ahora- insustituible que tiene la cárcel en la sociedad moderna.
Negando la legitimidad de la prisión sólo se consigue ocultarla. Y reclamando utopías, como su erradicación total, se descuida la posibilidad de pedir lo que sí se puede dar: condiciones humanas de reclusión.
Pedir la abolición de las penas es pedir la abolición del Estado
, cuyo fundamento es ser
la única instancia con legitimidad para ejercer la fuerza y castigar
lo que la sociedad acuerda que es delito. Si se le quita esa potestad al Estado,
sólo queda la justicia por mano propia, que lleva a la guerra de todos contra todos. ¿Eso es más civilizado que la cárcel?
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