CIUDAD DE MÉXICO.- Con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, también arranca la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dicha ley establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones, pese a no tener magistrados encargados de esta tarea.
También contempla sanciones para los particulares, personas físicas y personas morales o jurídicas –empresas– por actos vinculados con faltas administrativas graves, y se valorará si las empresas cuentan con una política de integridad empresarial.
Ante ello, la Secretaría de la Función Pública estableció un Modelo de Programa de Integridad Empresarial.
El documento contiene sugerencias, buenas prácticas y lineamientos generales que las empresas podrán implementar para contar con un Programa de Integridad Empresarial; presenta también ejemplos de ejecución y referencias a la experiencia de otras empresas y compañías en distintos sectores.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, será la encargada de atender los casos que surjan hasta que se nombren a los encargados de las salas regionales y la Tercera Sección Especializada.
“Frente a las circunstancias fácticas actuales y, en uso de sus herramientas normativas, la Junta de Gobierno y Administración considera conveniente iniciar el proceso de institución de las Salas mencionadas, con la creación temporal de una Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas, que tendrá sede en la Ciudad de México y competencia en todo el territorio nacional”, señala el documento.
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