Decenas de organizaciones, voces diversas de la sociedad civil, grupos empresariales y organismos internacionales, han levantado la voz en los últimos años para defender la honestidad en el ejercicio del servicio público.
Con el historial que existe en muchos países, entre ellos desde luego México, es explicable que haya ese nivel de atención en la lucha contra la corrupción.
Hace un par de días, una abogada experta en arbitrajes internacionales de una firma norteamericana refería que los casos que lleva en América Latina están dominados por el tema de la corrupción.
Me parece excelente que haya este nivel de atención a un mal que aqueja a toda la región, del cual no nos excluimos.
Pero, le pido que haga un ejercicio de imaginación.
Piense por un momento que, en todo el servicio público, en todos los niveles de gobierno, tenemos exclusivamente a personas honestas, sin tacha… pero que tienen un nivel de conocimiento técnico limitado, que carecen de experiencia en las áreas que manejan y que ganan poco, en un arranque de austeridad.
Me parece que una gestión así podría hacer tanto daño o más a los resultados económicos del servicio público, que otro esquema en el que los corruptos proliferaran.
Sé que soy políticamente incorrecto. La ‘corrección política’ en este momento es levantar la voz en contra de la corrupción.
¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil conoce usted que estén dedicadas a hacer evaluaciones objetivas de la función pública independientemente del tema de la corrupción y la honestidad?
En el ánimo de castigar socialmente a los corruptos, podemos incurrir en un ambiente en el que es tolerable la ineficiencia, las inercias, la ausencia de resultados, siempre y cuando haya honestidad.
Podría haber licitaciones en las que los funcionarios públicos están libres de toda sospecha, independientemente de que quienes las ganen sean los menos indicados para hacer un buen trabajo.
Aquí me detengo y aclaro con énfasis que no digo que esté mal el ejercicio de buscar, identificar y castigar a quienes hagan uso de su puesto público para obtener beneficios indebidos o a quienes desde el sector privado obtengan ventajas, premiando también indebidamente a los funcionarios públicos.
Hay que seguir con esa tarea.
Simplemente enciendo una luz amarilla respecto al hecho de que un ambiente así puede generar un alto nivel de tolerancia a la incompetencia, siempre y cuando quienes estén en puestos públicos no saquen beneficios personales de ellos.
Ojalá hubiera muchas organizaciones que nos contaran de los esquemas fiscales que propician la evasión; de los programas de política pública que dilapidan recursos; de las estructuras de gobiernos (federal o locales) que son inútiles, es decir, de los resultados, económicos y sociales, de las políticas públicas.
La honestidad es una condición necesaria para un buen servicio público, pero está lejos de ser una condición suficiente.
Hay que hacer una evaluación de fondo para que no nos vayan a vender que mientras que los funcionarios sean honestos, todo lo demás sale sobrando, incluso su mediocridad.
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