Los inicios del nuevo modelo de justicia laboral se podrían ver hacia el 2018, indicaron especialistas. (Archivo)
Los diseñadores de la reforma constitucional que desaparece lasJuntas de Conciliación y Arbitraje estiman que en año y medio se podrán ver los inicios de lo que será el nuevo modelo de impartición de justicia laboral a través de los juzgados y tribunales del Poder Judicial.
Alfredo Sánchez-Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y partícipe en los foros de Justicia Cotidiana, señaló que la iniciativa constitucional establece en los artículos transitorios un plazo de un año, a partir de que entre en vigor, para que se dé la transición de los conflictos laborales de las Juntas a los juzgados.
Si la iniciativa se aprueba en el próximo ordinario de sesiones del Congreso y los estados avalan rápido la reforma constitucional, los inicios del nuevo modelo se podrían ver hacia el 2018, explicó.
“La Ley dice que el Congreso y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor.
“A partir de que se apruebe empieza a correr el año. Si es rápido el proceso y si le dan prioridad en el Congreso, calculamos un año y medio aproximadamente para que se dé”, comentó.
ÁREAS DE ENFOQUE
De acuerdo con Sánchez-Castañeda, la reforma constitucional ataca cuatro aspectos fundamentales del sistema de justicia laboral mexicano:
“Primero, las Juntas de Conciliación y Arbitraje venían funcionando mal, a nivel federal venían funcionando mal porque los representantes de los trabajadores y de los empleadores ya no estaban haciendo su trabajo de manera adecuada, el fundamente de las Juntas es el tripartismo pero ellos ya no estaban haciendo de manera adecuada.
“En segundo lugar, hay un tema de rezago en las Juntas y, tercero, también el personal de las Juntas gana menos que lo que gana un trabajador de un tribunal. Hay una cuarta cosa mala a nivel local, donde hay literalmente un control de los gobernadores sobre las Juntas locales, ¿por qué un control?, porque quien designa a los presidentes de las Juntas es el gobernador del estado”, expuso.
En el tema del tripartismo, Rodolfo González, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), consideró que lareforma constitucional abre el debate sobre la forma en que se imparte la justicia laboral pero remarcó que el tripartismo surgió de procesos prerevolucionarios para preservar el dialogo entre gobierno, trabajadores y empresas, y mejorar las condiciones económicas de los obreros.
“El tripartismo tiene una razón de ser, tiene una razón económica, por ello en la CROM creemos que el tripartismo deberá seguir existiendo y fortalecerse”, opinó.
LAS PREMISAS
La iniciativa de reforma constitucional propone transformar el derecho procesal del trabajo a partir de tres premisas:
La primera es que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
La segunda premisa consiste en replantear la función conciliatoria, de manera que se propone constituir una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, a fin de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas propias de su nueva responsabilidad.
Y tercera, se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales, de esta manera se plantea la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones.
Nadia González, asociada del bufete Santamarina y Steta, señaló que con las reformas laborales, el país será más atractivo a la inversión extranjera.
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