Con la captura de La Tuta se cierra un ciclo en la pacificación del estado de Michoacán, pero sin duda el hecho de que haya sido detenido en Morelia, la capital del estado, significa que se estuvo ocultando en las narices del gobierno local y las fuerzas federales y no en la sierra, donde se aseguraba que estaba acorralado.
La pregunta obvia tras el encarcelamiento del líder de los Templarios, más allá de toda la estrategia mediática del gabinete de seguridad, es ¿qué hará ahora la administración federal con los focos rojos en materia de seguridad en estados como Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Sonora y el Estado de México, donde la criminalidad sigue al alza? Específicamente en entidades como Guerrero y Oaxaca, donde la problemática en materia de seguridad pública está aparejada a severos conflictos de orden social.
La situación de inseguridad ha generado una profunda desconfianza y preocupación entre amplios grupos sociales y es ahora el eje, junto con las acusaciones de corrupción, del discurso de los partidos opositores en la víspera del proceso electoral intermedio en que se renovarán la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas; y es que los electores muy probablemente no encontrarán en la captura de La Tuta un gran incentivo para refrendar su apoyo al PRI y sus aliados en los próximos comicios debido a que por más espectaculares que sean las capturas de los grandes capos del narcotráfico, éstas no necesariamente inciden en el crecimiento de los niveles de seguridad y el abatimiento de la gran impunidad con la que se desenvuelven todo tipo de criminales en el territorio nacional.
Por eso el Presidente y su gabinete de seguridad deberán ofrecerle a los ciudadanos algo mucho más concreto y cercano en esta materia que la caída de Servando Gómez, La Tuta, para poder obtener un voto de confianza para la administración de Enrique Peña Nieto en las próximas elecciones de junio.
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