El tabaquismo no sólo es un problema de salud pública a nivel mundial, sino que también está estrechamente relacionado con la vulnerabilidad social y económicaMéxico, DF.- Latinoamérica es, según la ONU, la región más desigual del mundo y México no es la excepción. Aquí la pobreza es un problema histórico, multidimensional y multifactorial; una de las muchas causas de empobrecimiento es el consumo de drogas como el tabaco; un bien adictivo que no tiene valor nutricional. Sin embargo, el tabaquismo es un generador de pobreza que puede ser fácilmente regulado a través de la intervención del Estado.
El año pasado el 45.5% de los mexicanos se encontraba en condiciones de pobreza, si revisamos las series históricas de 1992 a 2012 de pobreza por ingresos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), podemos observar que los niveles de pobreza del año pasado son casi iguales a los de hace dos décadas. Es decir, las distintas políticas y programas encaminados a la reducción de la pobreza aplicados durante los últimos 20 años, no han servido más que para mantener los niveles de pobreza.
A partir de eso se vuelve urgente plantearnos nuevos paradigmas de combate a la pobreza. Sabemos que el tabaquismo además de crear dependencia física y psicológica, es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la epidemia del siglo pues es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Según la OMS, en 2008 en el mundo murieron a causa del tabaquismo alrededor de 100 millones de personas adultas de mediana edad; en la cúspide de su vida productiva. Y casi la mitad de la población infantil mundial respira aire contaminado por el humo del tabaco.
En México, de 2002 a 2011 la prevalencia de consumo de tabaco se redujo en casi un 2 por ciento. Ello debido en gran parte gracias a las acciones llevadas a cabo tras la firma y ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la ONU.
A partir de estudios como el de Beyer, Lovelace y Yurekli sabemos que el tabaquismo no sólo es un problema de salud pública a nivel mundial, sino que también está estrechamente relacionado con la vulnerabilidad social y económica. Las familias pobres son más vulnerables frente a la enfermedad y muerte prematura asociada al consumo de tabaco, además de que el tabaquismo desvía el gasto que podrían realizar en alimentos, vivienda y/o educación.
Los hogares de bajos ingresos con fumadores gastan alrededor del 5% de sus ingresos en la compra de tabaco. Según el Instituto Nacional de Salud Pública en 2011; las familias más pobres gastaron 211 pesos al mes en tabaco, lo que equivale a 20 litros de leche pasteurizada o 22 latas de atún.
Regular una droga como el tabaco limitando su acceso mediante un incremento en su precio a través de impuestos tiende a reducir de forma importante su consumo especialmente en personas de bajos ingresos. La introducción (o endurecimiento) de este tipo de medidas si bien no eliminará todos los tipos de tabaquismo, si puede bloquear su esparcimiento.
Por ejemplo, si bien el tabaquismo grave (señalizado en aquellas personas que ante los incrementos en el precio del tabaco, reducirán su gasto en alimentos, vivienda, etc, con tal de mantener su consumo de tabaco) seguirá representando un gasto en salud pública en el corto plazo, los mayores costos asociados al consumo de tabaco (debido al impuesto) reducen la posibilidad de que generaciones futuras lo padezcan, pues limita el acceso de dichos individuos a la sustancia adictiva.
Quienes se oponen al aumento impositivo a los productos del tabaco (principalmente empresarios de esa industria), alegan que una fuerte disminución de sus ventas podría llevarlos a despidos masivos de trabajadores, lo que aumentaría el desempleo y en consecuencia la pobreza.
Sin embargo, esos argumentos no son necesariamente ciertos por al menos dos razones. La primera es que, según el Health Bridge (Canadá), las ganancias de la industria del tabaco se quedan en los empresarios de esa industria, mientras que los trabajadores reciben salarios sumamente bajos. Esto quiere decir que el impuesto lo que provocaría sería un nivel de ganancias menores que sólo redundaría en menor empleo si los empresarios desearan mantener el nivel previo al impuesto (y en consecuencia redujeran los “costos de la plantilla laboral” (i.e. el número de trabajadores).
La segunda razón, explicada a fondo en el estudio "Frenando la epidemia: Gobierno y la economía del control del tabaco", del Banco Mundial, es que los despidos a gran escala de obreros no representarían un aumento de la misma proporción en los niveles de pobreza que el que representa el uso de recursos por parte de las familias pobres para financiar la adicción. Ello pues la calificación de los obreros de la industria tabacalera les permitiría entrar a industrias semejantes en un tiempo relativamente corto.
El aumento del precio al consumidor de los productos de tabaco, es una de las estrategias que se han implementado en México por la firma del CMCT. Mismo que puede mejorarse. Por ejemplo desde 2010, la Alianza Contra el Tabaco (ACTA) ha denunciado la baja imposición fiscal a los productos de tabaco, y que de ella sólo el 8% se distribuye a los estados, mientras que el resto se queda en el nivel federal.
Si a partir de la evidencia científica se aumenta más el precio al consumidor final del tabaco, y se vieran las implicaciones globales de ello, el Estado podría atacar el problema de la pobreza desde uno más de los muchos flancos que es necesario.
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