La reforma judicial es un intento de purga, captura y debilitamiento de los órganos judiciales del país, consideró Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estimó que dicha reforma está llena de complejidades,
restricciones y locuras, las cuales atentan contra criterios nacionales e
internacionales, adoptados por México, que la hacen inviable.
Destacó que uno de los puntos de mayor polémica es
la intención de que los ministros, consejeros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, lo
que prevé que estos puestos se definan con criterios político-partidistas.
“Segunda cosa, que es una locura; se dice que se puede hacer
campaña, pero no se pueden utilizar recursos. Tú imagínate cómo pueden hacer
campaña sin dinero en México y en el mundo; para que haya elecciones se
necesita campaña y para que haya campañas se necesita dinero”, acusó.
Javier Martín Reyes es uno de los académicos que
realizaron el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el
presidente de la República que irritó a López Obrador.
Su aportación al estudio fue con el escrito La elección
popular de los poderes judiciales en México: breve radiografía del plan C.
En entrevista con El Financiero TV dijo que la
postulación de los juzgadores se haría con criterios partidistas y la elección
terminaría reflejando una lógica electoral, lo que podría generar un Poder
Judicial lleno de personas afines a Morena.
“Lo que terminaría pasando, si se aprueba un modelo así, es
que veríamos la intervención indirecta de los partidos políticos a través de
otro tipo de organizaciones, ¿y quién hoy en México puede movilizar más el
voto? Pues Morena y aliados, pues ellos lo van a postular”, apuntó.
Recordó que los cargos judiciales no son
representativos, como lo pretende el Presidente de la República, sino que son
los grandes árbitros de los conflictos quienes necesitan autonomía e
independencia para tomar sus decisiones, indicó el académico.
Experto también en temas electorales, Javier Martín Reyes
estimó que los mismos riesgos se ven para la integración del Instituto Nacional
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
encargados de la organización y calificaciones de las elecciones federales,
entre ellas la presidencial.
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