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EL PAÍS reconstruye las maniobras de los integrantes del Poder Judicial Federal para buscar comunicación con el Gobierno entrante y atenuar los alcances de la elección de jueces por voto popular
El edificio del Poder Judicial Federal está en riesgo de
demolición y los ministros de la Suprema Corte, los encargados de tutelar por
el bien del inmueble, van de un lado a otro buscando alternativas para frenar
la maquinaria o ganar tiempo. La reforma propuesta por el Ejecutivo de Andrés
Manuel López Obrador plantea echar la casa judicial abajo por completo y
construir una nueva de cero. Los ministros han salido de la perplejidad que les
trajo el arrollador triunfo de Morena el 2 de junio y muchos
han asumido la reforma como un hecho inevitable. Ante la emergencia, han
comenzado a reaccionar.
Un grupo mayoritario busca con apremio tender un puente de
comunicación con el entorno de Claudia Sheinbaum para intentar convencer a la
presidenta electa de los inconvenientes y peligros que entraña la elección
masiva de cargos judiciales por voto popular, el punto medular de la reforma.
Mientras, otro corro de ministros, aún minoritario, apunta a que el primer paso
para conciliar un proyecto intermedio es que Norma Piña deje la presidencia del
Supremo y en su lugar sea nombrada un nuevo titular de transición. Este grupo
cree que entregar la cabeza de la presidenta puede ser aceptado por el
morenismo más radical como un gesto de buena voluntad de la Corte, después
de los desencuentros entre la jueza y López Obrador. Un par de ministros,
en este tiempo, incluso ha evaluado renunciar antes de tiempo.
EL PAÍS reconstruye a través de las voces de ministros y
asesores de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que han hablado bajo
condición de anonimato, cuáles han sido las maniobras de los actores centrales
del Poder Judicial Federal en la pugna en torno a la última gran y polémica reforma
de López Obrador.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso destituye
a 1.600 jueces, magistrados y ministros de un plumazo, para que sus lugares
sean ocupados por otros elegidos por votación ciudadana en 2025. Este cambio
significa destrozar el sistema de carrera judicial, instaurado en México en la
reforma de 1994 y en el que los ascensos son escalonados y están determinados
por cursos de formación y exámenes. En ese esquema, un taquígrafo puede llegar
a convertirse en presidente de la Suprema Corte. Es la historia real del
ministro Luis María Aguilar, que tiene 55 años en la judicatura y es el
integrante más antiguo del Alto Tribunal. Por otro lado, según afirmaron los
ministros en el Congreso el pasado jueves, el voto popular no solo no prioriza
la formación de los postulantes, sino que abre la puerta a la lógica política,
la del cabildeo, los eslóganes de campaña y las promesas vacías. La reforma
propone también cambios profundos al funcionamiento del Poder Judicial —como
reducir la SCJN de 11 a 9 integrantes o reestructurar el Consejo de la
Judicatura—, pero el de la elección popular es el punto de quiebre.
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