Distintas organizaciones, entre ellas el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Estado de México y Municipios impulsarán la obligatoriedad de que candidatas y candidatos presenten su #3de3, es decir: la declaración patrimonial, de intereses y de cumplimiento fiscal, y lo hagan público para que la conozcan las y los votantes.
El presidente del CPC, Marco Antonio González Castillo
advirtió que en las pasadas elecciones el Estado de México fue una de las
entidades, junto con Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas donde no
hubo una sola declaración disponible, ni accesible para las y los votantes.
La información contenida en formatos como #3de3, detalló,
permite identificar quién es la o el candidato, cuál es su trayectoria, y
posibles riesgos públicos derivados de sus intereses particulares, es decir,
facilita que las y los electores sepan con antelación quién es la o el
candidato y especialmente qué vínculos personales pueden afectar su desempeño
como servidor público.
La #3de3 es también, añadió, un elemento clave para conocer
vínculos con empresas fantasma o que participan en esquemas de lavado de
dinero.
González Castillo advirtió que en las pasadas elecciones la
petición de dar a conocer la #3de3 la hicieron opcional, pero ahora buscan una
Ley General que lo establezca como obligación, por lo cual presentarán una
iniciativa a la Legislatura federal que podría ser replicada en los congresos
locales.
La disponibilidad de información para las y los votantes,
dijo, sigue siendo desigual en el país, pues electores de Jalisco y Chiapas
pudieron acceder de un 76.1% a un 6.9% de la información de sus personas
candidatas, respectivamente, pero en entidades como la mexiquense no hubo
datos.
Además, añadió, ocho estados del país: Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí ya
tienen una disposición normativa para que las y los candidatos presenten al
menos una de las declaraciones, la patrimonial, de intereses y/o fiscal como un
requisito para competir en las elecciones.
En la elección 2021, refirió, solo un 5.7%, es decir, 7 mil
345 de la totalidad de candidatos y candidatas publicaron su declaración
patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento en el pago de sus
impuestos, es decir: la llamada #3de3.
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La iniciativa, explicó en entrevista, es de Transparencia
Mexicana para que sea una Ley General, pues un voto sin información no es un
voto informado y 57 millones de personas votaron sin tener información mínima
sobre las y los candidatos.
De acuerdo con un informe de Transparencia Mexicana, en
2021, dos de cada tres electores del país no tuvieron la información mínima
indispensable sobre las candidatas y candidatos para poder emitir un voto
informado.
A propuesta de Transparencia Mexicana, el 14 de junio de
2021 se estableció un grupo de trabajo de especialistas del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), órganos garantes de los estados
de la República, Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas
Anticorrupción, y especialistas de todo el país para revisar la situación de la
información pública disponible sobre candidatos y candidatas en todo el país y
elaborar propuestas concretas de cara a los procesos electorales 2022-2024.
Entre las primeras acciones, ese grupo ha planteado la
necesidad de una armonización de las leyes electorales y de acceso a la
información pública en las 32 entidades y a nivel federal para que las y los
candidatos presenten y publiquen información que permita un voto informado en
los siguientes procesos electorales.
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