Los hallazgos de las primeras auditorías al Tren Maya pueden
resumirse en que el proyecto ha avanzado sin la planeación y coordinación
adecuada para garantizar su sustentabilidad ambiental; la inversión no se
traduce en mejoras en el desarrollo económico de la región, ni en el bienestar
de sus habitantes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una
serie de auditorías al desarrollo del proyecto durante 2019 con distintos
objetivos: evaluar su desempeño; fiscalizar la consideración del impacto
social; el desarrollo urbano y regional en la planeación y ejecución de la
obra; evaluar las acciones para determinar su impacto ambiental, y supervisar
la gestión financiera y la evolución de los proyectos autorizados. Además, la
ASF identificó irregularidades considerables en los recursos ejercidos,
derivadas de deficiencias en el proceso de contratación: el uso de más de un
tercio del monto auditado todavía debe ser aclarado.
A continuación, resumo los hallazgos más importantes.
El Tren Maya es el proyecto más importante del sexenio,
según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Su objetivo es incrementar la
derrama económica del turismo y contribuir a garantizar empleo, educación,
salud y bienestar en cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este proyecto federal para el transporte de
pasajeros y de carga consiste en la expansión de la red ferroviaria mediante la
construcción de 1 502 kilómetros y el uso de líneas ya existentes. Su
desarrollo está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
mediante su filial Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V
Durante 2019, Fonatur inició con la planeación del proyecto
con la elaboración de estudios de prefactibilidad para la construcción de la
vía ferroviaria y suscribió varios contratos para elaborar estudios sobre el
esquema de financiamiento adecuado, proyecciones de rentabilidad e identificar
riesgos vinculados al proyecto. La ASF realizó una auditoría de desempeño3 para analizar y valorar la
probabilidad de que el Tren Maya alcance su desempeño técnico en tiempo y
forma, asimismo, para que cumpla sus objetivos y costos programados. La
Auditoría identificó tres debilidades importantes en el proyecto durante 2019.
Primero, el proyecto careció de un programa institucional y
un programa anual de trabajo para definir objetivos y estrategias prioritarias.
Además, la planeación no incluyó la elaboración de un programa regional para
coordinar acciones con otros órdenes gubernamentales y alcanzar los objetivos
económicos, turísticos, ambientales y de desarrollo social que fueron
planteados. El proyecto no incluyó el análisis del estado actual de las
problemáticas socioeconómicas que supone resolver, no identificó otros programas
prioritarios vinculados y no identificó su contribución o los cambios esperados
derivados de la puesta en marcha del Tren Maya.
No hay evidencia de que la paraestatal se haya coordinado
con la Secretaría de Bienestar, de Turismo o los gobiernos de los estados y
municipios relacionados con la obra para planear y evaluar el impacto social
del proyecto.
Por ejemplo, no establecieron criterios o
procedimientos para garantizar que el proyecto genere oportunidades de empleo o
integre a las comunidades anfitrionas en la obra y sus beneficios. Tampoco hay
evidencia de coordinación con otras secretarías como Desarrollo Social para
hacer compatible el modelo de desarrollo del Tren Maya con la política nacional
ni con los gobiernos locales para asegurar la congruencia del proyecto con los
planes de desarrollo de la región. La consulta a las comunidades indígenas
tampoco se realizó adecuadamente: no tenía por objeto obtener su consentimiento
previo, libre e informado. Al momento de la consulta, ya se habían realizado
las acciones administrativas para poner el proyecto en marcha.5 Tampoco se otorgó la información
necesaria ni el tiempo adecuado para que las comunidades pudieran tomar una
decisión con pleno conocimiento.
En segundo lugar, Fonatur no concluyó los estudios previstos
para determinar la factibilidad legal, técnica, económica y ambiental del
proyecto. Respecto a los estudios sobre la construcción de los polos de
desarrollo para identificar las comunidades que podían beneficiarse de la ruta,
sólo se suscribieron contratos para realizar cuatro de los ocho que se
determinaron y, a la fecha de conclusión de la auditoría, todavía no se había
acreditado su elaboración.
Todavía más preocupante, en relación con la contratación de
estudios de medición de impacto ambiental, no se contemplaron aquellos
referentes a la flora, fauna y el paisaje. Como consecuencia, en 2019 todavía
no se habían identificado las especies y procesos biológicos de las comunidades
o poblaciones que podrían ser afectados por el Tren Maya. La planeación del
proyecto no consideró la sustentabilidad ambiental o el derecho a un ambiente
sano como una prioridad.
Tercero, los estudios de rentabilidad del proyecto no se
basan en supuestos razonables, ni cuentan con información suficiente para
determinar que los beneficios justifican la inversión. Además de la omisión del
impacto ambiental, la proyección de la demanda de transporte de carga calculada
se basa en que el sistema del tren logre, en menos de tres años, condiciones de
operación tan atractivas que los potenciales usuarios decidan modificar toda su
cadena logística e inviertan en la región. Las proyecciones de demanda para el
transporte de pasajeros se realizaron antes de la conclusión de los estudios de
preinversión y se basaron en la inclusión de comunidades que fueron
eventualmente eliminadas del trazo final. Estas observaciones suponen un riesgo
en la viabilidad financiera del proyecto, además de que no se consideraron
riesgos sociales por posibles impactos negativos del proyecto y riesgos en la
construcción como huelgas, obstáculos para el derecho de vía, falta de liquidez
gubernamental y otros.
Además de las importantes omisiones en la planeación del
proyecto, su ejecución no ha estado libre de irregularidades. En 2019, Fonatur
suscribió 33 contratos asociados al proyecto. De estos, 18 fueron por
adjudicación directa —más de la mitad—, 13, por invitación a cuando menos tres
personas y sólo dos fueron por licitación pública. La ASF identificó que hubo
fallas importantes y los contratistas no fueron investigados exhaustivamente en
términos de su reputación, capacidad y propuestas presentadas.
Como consecuencia, el Fondo no cumplió con las disposiciones
legales y normativas en la gestión de los recursos federales y la ASF determinó
más de 135 millones de pesos pendientes por aclarar.
Algunas de las observaciones son pagos injustificados,
duplicidad en pagos, falta de establecimiento de mecanismos para verificar el
cumplimiento de los contratos y contratación de servicios de asesoría legal que
podrían haber sido proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. De acuerdo con la auditoría, la causa de la mayoría de estas
irregularidades fue por deficiencias en el proceso de contratación. Por
ejemplo, no se justificó la transferencia de 14.9 millones de pesos
transferidos a la Secretaría de la Marina por el pago de un servicio de
telemetría, que tuvo una duración de 43 minutos, para obtener imágenes
satelitales de la ruta del tren ya que no se comprobó su entrega.
El Tren Maya, el proyecto más importante del sexenio, parece
estar realizándose bajo la premisa de que sus ambiciosos beneficios se
materializarán mágicamente. Desarrollar una región y mejorar la vida de sus
habitantes no puede lograrse por decreto; hay que comprometerse con entender la
problemática y atenderla puntualmente. Para esto, hay que invitar a todos los
actores a la mesa y escuchar a quienes han trabajado en construir una visión
regional compartida y una estrategia integral para el desarrollo como Fidesur,7 las comunidades anfitrionas y los
gobiernos locales. Ya ha quedado claro que el Tren Maya va porque va, cerrar
los ojos a los riesgos y omisiones sólo puede alejarnos más de sus potenciales
beneficios.
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