-El legislador Máx Correa Hernández presentó el punto de acuerdo.
ESTADO DE MÉXICO. La Legislatura mexiquense aprobó por
unanimidad un Punto de Acuerdo donde exhorta al titular de la Fiscalía del
Estado de México para que por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de
Delitos Electorales (FEMDE), investigue y persiga los posibles delitos
electorales de funcionarios de la Secretaría del Campo y del Instituto de
investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de
México (ICAMEX).
El Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución,
presentado por el diputado Max Correa Hernández, también incluye otro exhorto
al titular de la Secretaria del Campo del Gobierno estatal, para que impulse el
desarrollo integral de las actividades agropecuarias sin discriminación por
razón de ideologías políticas o de partido entre operadores y técnicos, debido
a las denuncias ciudadanas relacionadas
con el programa “Más maiz mexiquense”.
En tribuna parlamentaria, Correa Hernández recordó que para
el fortalecimiento del campo mexiquense la Cámara de Diputados local apoyó la
creación de la Secretaría del Campo, cuya misión principal es planear e
impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias
con visión empresarial y responsabilidad social, a fin de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agrícolas y la
seguridad alimentaria.
“Al inicio de su creación la Secretaría del Campo se dio a
la tarea de impulsar la implementación de proyectos productivos integrales para
la producción de alimentos mediante apoyos de capacitación y asesoría técnica,
así como de infraestructura y equipo, lamentablemente esto ha sido opacado por
un grupo de personas que queremos pensar actúan de manera aislada, al margen de la legalidad y no bajo instrucciones de la titular de la Secretaría”.
El diputado de Morena explicó que hasta el pasado 3 de
diciembre, fecha en que el ICAEM emitió la convocatoria para reclutar
profesionistas especializados en las áreas de agronomía, quienes fueron
seleccionados tras aprobar el proceso de registro que incluía examen,
entrevista y capacitación para concluir con su contratación, todo transcurría
con normalidad.
“Sin embargo días después todo cambió, al trabajar en campo
las instrucciones fueron variando, ya que a cada agrónomo contratado le decían
que debían considerar las listas de beneficiarios porque serían revisadas, pues
no se le iba a dar apoyo a cualquier persona, que debían ponerse a las órdenes
de presidentes municipales priistas porque ellos finalmente encabezarían el
programa, así que tocaba que se pusieran la camiseta del Gobierno del Estado de
México.
“Como era de esperarse, hubo agrónomos que cuestionaron ese
tipo de prácticas presumiblemente con fines electorales, diciendo a los
coordinadores regionales que eso no se les había dicho en las capacitaciones, a
lo que les respondían que debían hacerlo o que dijeran de una vez si deseaban
continuar; obviamente quienes se opusieron han sido suspendidos de manera
arbitraria de su actividad, lo que podemos llamar despido injustificado, pues
recientemente habían sido contratados”.
Max Correa, quien también es dirigente nacional de la
Central Campesina Cardenista (CCC), argumentó que estas prácticas contraviene
no solo las reglas de operación de dicho programa, sino que se atenta contra la
economía social de las familias mexiquenses más marginadas, quienes ven en este
tipo de programas la oportunidad de librar las contingencias provocadas por la
caída de la producción del maíz.
“El presente exhorto tiene alcances a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales pues las personas suspendidas de su fuente
de trabajo como agrónomos han acudido a dicha institución por tratarse de
hechos que pueden ser constitutivos de tipos penales electorales, pues sin duda
están utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con
programas sociales para ejercer presión sobre el electorado, pero además se
trata de servidores públicos estatales que coaccionan y amenazan a sus subordinados
con fines proselitistas”.
Finalmente señaló que en el Grupo Parlamentario de Morena
están ciertos que estos hechos son más que suficiente para exhortar a ambas
titulares de las dependencias estatales para que detengan y sancionar estas
prácticas, que en nada ayudan en la imagen institucional de gobierno, y además
perjudican enormemente a personas que pueden ser beneficiadas con estos
programas sociales.
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