La desaparición de los 109 fideicomisos
acarreará implicaciones directas en la vida de miles de víctimas, personas
defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, personas de carne y
hueso que ya han visto sus derechos fundamentales afectados y quienes por
defender y promover derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo
Este martes 6 de octubre, la Cámara de
Diputados evaluará y decidirá sobre el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados –aprobado el pasado 29 de septiembre– en el que se
contempla desaparecer un paquete de 109 fideicomisos.
La decisión no es menor. De acuerdo con el
propio dictamen, se trata de una medida tomada para responder a los impactos
económicos que ha traído la pandemia del COVID-19 a nuestro país. Las implicaciones
de esta decisión afectarán a diversos sectores, incluyendo al de la defensa de
los derechos humanos, ya que el dictamen incluye la desaparición del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y
Periodistas -establecido en la Ley para la Protección de Personas
Defensoras y Periodistas- y del Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral de la Ley General de Víctimas.
La desaparición de estos fondos acarreará
implicaciones directas en la vida de miles de víctimas, personas defensoras de
derechos humanos y periodistas en riesgo, personas de carne y hueso que ya han
visto sus derechos fundamentales afectados y quienes por defender y promover
derechos humanos – incluyendo el derecho a la libertad de expresión – se
encuentran en una situación de riesgo.
De acuerdo con el propio Dictamen de la
Comisión Parlamentaria, hasta mayo de 2020, 1 206 personas eran beneficiarias
de medidas otorgadas por el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras y Periodistas. México es uno de los
países más peligrosos para ejercer el periodismo y para defender derechos, por
lo que el Estado ha recibido un sinnúmero de recomendaciones para fortalecer y
dotar de más recursos al Mecanismo de Protección1;
la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, en un diagnóstico sobre el mecanismo, reiteró que el presupuesto
asignado pareciera continuar siendo insuficiente2.
Hablamos de 1,206 personas cuya seguridad
está en riesgo por su labor de defensa y promoción de derechos humanos. Se
trata de personas concretas, reales, personas con rostro, como los integrantes
de una familia con cuatro personas desaparecidas que, en su búsqueda, ha
emprendido una labor de acompañamiento a otras personas que también han visto
impactada su vida por la desaparición y así se ha convertido en defensora de
derechos humanos. Esta familia, acompañada por el Centro Prodh, ha enfrentado
diversos riesgos por sus acciones de búsqueda y ha tenido que recurrir a
medidas del Mecanismo para poder resguardar su seguridad.
De igual forma, de acuerdo con los datos
oficiales, en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) hay más de 37
mil víctimas registradas. Los datos oficiales destacan que tan sólo de enero a
junio de este año se ejercieron recursos del Fideicomiso del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral por 233.0 millones de pesos. Y en el periodo
2019-2020 se emitieron 285 resoluciones en materia de recursos de ayuda,
incluidas 109 resoluciones colectivas por conceptos de alimentación, atención
médica, alojamiento, becas escolares, gastos médicos, gastos funerarios, gastos
de publicación y edictos, medidas de seguridad, rehabilitación psicológica,
peritajes, trasporte y traslados, mediante los cuales se beneficiaron 8 643
víctimas3.
Estas cifras tienen detrás las historias de
personas que ya han visto dañados sus derechos más fundamentales y que
necesitan acceder a medidas concretas para poder aspirar a reconstruir sus
proyectos de vida. Un ejemplo de ello son las medidas otorgadas para la
rehabilitación y atención médica permanente de estudiantes heridos severamente
en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
No hay duda en que ambos fideicomisos
podrían ser evaluados en su funcionamiento y mejorarse los procedimientos para
acceder a estos recursos; sin embargo, su desaparición de ninguna forma
garantiza que los recursos serán entregados de manera más transparente ni con
la celeridad que ameritan las situaciones de riesgo. Por el contrario: nos
arriesgamos a que se incremente la discrecionalidad en el uso de los recursos y
en los trámites burocráticos justamente en procesos en los que las decisiones
urgentes y el acceso inmediato a los recursos tienen consecuencias directas en
la vida e integridad de las personas.
De aceptar las reformas a estas leyes y la
disolución de estos fondos, el Estado mexicano estará violando un principio básico del marco normativo de derechos
humanos, el principio de no regresividad. Expertos y expertas de Naciones
Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertaron
desde el inicio de la pandemia que los Estados no debían imponer medidas
regresivas por dar respuesta a la pandemia.
La respuesta del Estado ante los impactos
que tiene la pandemia del Covid-19 en la economía del país no deben poner en
riesgo la integridad de más personas, en particular de aquellas que ya han
visto violentados sus derechos; esperamos que el Poder Legislativo pueda mirar
y dejarse interpelar en su discusión del día de hoy por los rostros y las
historias de las personas que se verán gravemente afectadas al desaparecer
estos instrumentos.
1 De las 264 recomendaciones realizadas a México en el marco del
EPU, 17 abordaban directamente la necesidad de asignar recursos suficientes al
Mecanismo. Véase Consejo de Derechos Humanos, «Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal: México» Fuente: OACNUDH. Diagnóstico sobre
el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas. 26 de agosto 2019. Disponible aquí.
2 OACNUDH. Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 26 de
agosto 2019. Disponible aquí.
3 Presidencia de la República. 2 Informe de Gobierno. 2019 –
2020. 1 de septiembre de 2020. Pág. 73-74
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