Darío Celis
Es presentado por la 4T como el brazo protector de la libertad y democracia sindical y podrá ser la espada de Damocles del viejo sindicalismo, éste que por décadas utilizó el PRI.
En los hechos será el organismo que “dé y quite” tomas de nota, un órgano transexenal controlado por la familia Alcalde: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La instancia tiene tres padres: fue concebido en la Reforma Laboral de Felipe Calderón, se gestó en la administración de Enrique Peña Nieto y nació como tal en el régimen de Andrés Manuel López Obrador.
Esta dependencia surgió de una exigencia de Estados Unidos y Canadá, ya que las centrales sindicales presionaron a sus partidos para que se hicieran los cambios como requisito para aprobar el T-MEC.
De este modo se esperaba que las reglas del nuevo sindicalismo permitieran la democratización de estas agrupaciones y se terminara con el viejo control corporativista del Estado.
Hasta ahora los sindicatos con registro local tienen un avance en la modificación de sus estatutos de sólo 13.4 por ciento, poco más de mil 343 de los 14 mil; a su vez las organizaciones federales presentan ya 85 por ciento de adelanto, mil 738 organizaciones sindicales de 2 mil 25.
Sólo hay 211 contratos colectivos registrados en la plataforma de la Secretaría del Trabajo y se han realizado 340 consultas de legitimación, en las que participaron más de 71 mil 500 trabajadores.
Por si fuera poco, las huestes de Luisa María Alcalde dieron una prórroga a las directivas o dirigentes que hubiesen perdido vigencia con motivo de la emergencia por el Covid-19 hasta el 30 de septiembre de este año para ponerse en orden.
Supuestamente la libertad sindical y la representatividad serían las dos grandes transformaciones. Pero tras bambalinas, se muestra todo lo contrario: como quien dice, cambió todo para que todo siga igual… o peor.
Una de las variantes más importantes en las nuevas reglas es la creación de ese centro que ya dirige Alfredo Domínguez y que contará con autonomía y presupuesto propio.
Va a concentrar todo el poder de decidir qué sindicatos sí y cuáles no tienen registro y por lo tanto, la titularidad de los jugosos contratos colectivos de todas las industrias del país.
A quién le dará la toma de nota de las dirigencias y si en cuatro años se portan bien, podrá refrendar esta prerrogativa, pero si no, como en los viejos tiempos: a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas.
Por ello fue que a la cabeza de este nuevo organismo, que por lo pronto duplicará las funciones y el presupuesto de las juntas de conciliación y arbitraje, se puso a un incondicional de los Alcalde.
Domínguez, amigo de Arturo Alcalde, papá de la secretaria, aunque pueda presumir de pedigree sindicalista, está puesto ahí para ser el puente entre Morena, cuya secretaria de organización es la mamá y esposa de aquéllos, Bertha Luján, y los nuevos poderes fácticos corporativos.
Lo único que en verdad será diferente en el nuevo esquema es que ahora quienes demanden por una contratación colectiva o individual, deberán pasar 45 días en 'conciliación', después de lo cual, si no hay acuerdo, podrán recurrir a los juzgados que ya estarán bajo la autoridad del Poder Judicial.
Otra modificación importante es que en los estados hasta el día de hoy las juntas locales de conciliación y arbitraje dependían de los ejecutivos estatales y ahora responderán al centro y los jueces encargados de definir las controversias judiciales estarán adscritos al Poder Judicial.
Así se le quita poder a los gobernadores y se le traslada al presidente López Obrador, con lo cual regresaremos a los años 60, donde la cercanía de los líderes obreros con el poder en turno significaba todo.
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