El juez decide que el exdirector de Pemex permanezca internado en el hospital, pero con un brazalete y sin documentos para evitar un intento de fuga.
Un juez de control vinculó a proceso a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en su calidad de “autor material, de naturaleza dolosa” de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht.
Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que el exfuncionario recibió sobornos de la firma brasileña, la cual incluso presuntamente apoyó a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
Una vez más, y en franca acción deliberada, completamente favorable a Lozoya, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero omitió pedir la prisión preventiva justificada para el exdirector de Petróleos Mexicanos, así como una fianza.
Por ello, en punto de las 22:10 horas y luego de casi 13 horas de audiencia, el juez determinó que Lozoya Austin seguirá su proceso en libertad condicionada, una vez que sea dado de alta médica, con medidas cautelares básicas, como uso de brazalete, entrega de su pasaporte y otros documentos, restricción de salir de la Ciudad de México y firma periódica en el juzgado.
Con ello, según se estableció, se evitará que Lozoya –quien tiene el antecedente de estar en fuga durante ocho meses, entre el 25 de mayo de 2019 y el 12 de febrero de 2020–, evada la acción de la justicia.
El exdirector de Pemex y su abogado defensor, Miguel Ontiveros, tuvieron una mínima intervención en la audiencia de ayer, la cual siguieron desde una habitación del Hospital Ángeles del Pedregal, mediante una videoconferencia.
Sólo intervinieron para agradecer al Ministerio Público, representante de la Fiscalía General de la República, y aceptar cada una de las peticiones, incluidas las medidas cautelares.
Lozoya reiteró, como lo hicieron en la audiencia del martes por el caso Agronitrogenados, que es inocente. “Quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan”, dijo ante el juez.
Con relación a los hechos que se le imputan dijo que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” por un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar del poder que legítimamente se les concedió.
Reiteró que está en pláticas con la FGR para lograr un criterio de oportunidad y que por ello denunciará y señalará a los responsables y los posibles beneficiarios de quienes lo instrumentalizaron.
Su abogado justificó el no haber ofrecido pruebas ni haber impugnado las peticiones de la FGR, pues dejó entrever que es parte de la estrategia para “no violentar la edificación del criterio de oportunidad” que busca Lozoya.
En esta que es la segunda imputación contra Lozoya, la FGR lo señaló como parte de una estructura criminal que utilizó sus puestos de poder para obtener recursos ilícitos y “lavarlos” a través de empresas fachada, ubicadas en paraísos fiscales, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.
Ante el juez, la FGR aseguró que Lozoya recibió sobornos por 10.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de facilidades para obtener contratos de obra pública del gobierno federal.
Dijo que 4 millones de dólares le fueron entregados a Lozoya cuando era coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones de dólares le fueron entregados cuando éste ya era director de Pemex y advirtió que parte de ese dinero fue en beneficio del propio Lozoya, quien adquirió con ese dinero ilícito una propiedad en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.
Según la FGR, el exdirector de Pemex utilizó a su madre Gilda Margarita Austin, a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y a su esposa Marielle Helene Eckes, para tratar de ocultar o “lavar” el dinero.
El juez, con base en la imputación, estableció que todos esos actos pusieron en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional, por lo que vinculó a proceso a Lozoya y dio seis meses para la investigación complementaria.
La trama que la empresa brasileña Odebrecht fraguó en México, y que implica a Emilio Lozoya, inició durante la campaña de Enrique Peña Nieto, la cual se habría visto beneficiada con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya recibió sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares, de los cuales 4 millones de dólares se los dieron en 2012 cuando era parte de la campaña presidencial del PRI.
La FGR aclaró que, “de las pruebas más importantes” que tiene contra Lozoya, está la declaración de Luis Alberto de Meneses Weyll, director de Odebrecht en México.
Incluso, dijo la FGR, el directivo de Odebrecht reveló que cuando Lozoya era el coordinador de campaña del PRI le ofreció un puesto cuando Peña Nieto llegara a la Presidencia, lo que que le permitiría proporcionar contratos de obra pública. “Y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”, señaló la FGR.
Además, recordó que en varias ocasiones Lozoya agradeció a De Meneses Weyll “el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña”.
Puntualizó que una vez que Lozoya asumió como director de Pemex benefició a Odebrecht con contratos directos de obra pública que, según los propios directivos de la empresa brasileña, les dejaron ganancias por 39 millones de dólares.
La FGR señaló que Lozoya utilizó a su madre, Gilda Margarita, a su hermana Gilda Susana y a su esposa Marielle Helene Eckes, (las tres imputadas en este caso) para ocultar el origen ilícito del dinero.
Explicó que esa acción se hizo mediante empresas creadas en “paraísos fiscales”, y con cuentas bancarias en Suiza, México, Brasil, Canadá y Alemania.
Como ejemplo, señaló que en una cuenta abierta en México, a nombre de Gilda Margarita Austin, se reflejó un depósito de 185 mil dólares y otro de un millón 200 mil dólares, dinero usado para adquirir un inmueble en Ixtapa Zihuatanejo.
Dijo que a la madre de Lozoya se le descubrieron también depósitos sospechosos en esa cuenta, por 5 y por 2 millones de pesos.
Mientras que Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, apuntó la FGR, “se alió” con un representante legal y quien fuera empleado de Altos Hornos de México, para la compra del inmueble de Ixtapa. Su hermana Gilda Susana, tuvo irregularidades financieras por 3 millones de pesos.
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