Darío Celis
Aplicación de pruebas de laboratorio con recursos propios, contratación de personal médico o capacitación a colaboradores en la materia y cierre total de actividades durante 14 días si se registra un solo caso de Covid-19, son algunos de los requisitos que deberán cubrir las empresas en la CDMX para reanudar labores.
A las mencionadas medidas se debe sumar una inversión obligatoria en equipo de protección personal, como cubrebocas, caretas o lentes de seguridad, así como la modificación de espacios de trabajo o hasta la sustitución de mobiliario para asegurar la distancia mínima de 1.5 metros que establece la sana distancia.
La iniciativa privada había calculado estos costos en alrededor de 10 por ciento de las inversiones totales de cada empresa para todo 2020. Pero ante nuevos requisitos que contemplan la aplicación semanal de pruebas de coronavirus a por lo menos 5 por ciento del personal, los organismos estiman que el porcentaje de la inversión dará un brinco de hasta 25 por ciento.
El golpe es brutal, en medio de una crisis sanitaria que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene fuera de control por haber creído y depositado toda la estrategia fallida en un charlatán como lo es Hugo López-Gatell, el todavía subsecretario de Salud, y su jefe, el igualmente inepto secretario Jorge Alcocer.
La aplicación de pruebas es obligatoria para las empresas con más de 30 empleados, algo así como 16 mil unidades económicas en la CDMX, las que se encontrarán con un mercado de servicios de laboratorio que cotiza en un mínimo de 3 mil pesos el procedimiento más efectivo de detección de la enfermedad, el ya famoso RT-QP.
A esto se agrega la inversión ya realizada en tecnologías digitales, en específico en la adquisición de redes privadas de trabajo, mejor conocidas como VPN, indispensables éstas para mantener sesiones de trabajo virtuales con estándares suficientes de seguridad y de protección de información.
Se estima que antes de iniciado el periodo de emergencia sólo 20 por ciento de las empresas en la CDMX estaban preparadas para enfrentar el reto de la digitalización, y que a cuatro meses de haberse detectado el primer caso de coronavirus, la cantidad de firmas capaces de operar en home office asciende a 35 por ciento del total, como resultado de una inversión que en el caso más extremo fue de 3 por ciento de los ingresos totales anuales.
El escenario apunta entonces a la extensión de las modalidades de trabajo en casa y, ante la detección de oportunidades de reducción de costos, a la permanencia del modelo en un escenario de plena normalidad. En números, según los datos recabados por Coparmex, el trabajo remoto ofrece a los empresarios oportunidades de ahorro de hasta 30 por ciento de sus gastos totales, específicamente en el pago de servicios, espacios de oficina y bienes de capital.
Por otro lado, la modalidad a distancia ha llegado a registrar en diversas partes del mundo, en escenarios diferentes a una emergencia sanitaria, un incremento en productividad laboral de 28 por ciento, nada despreciable para una economía en la que se pronostica una contracción anualizada de dos dígitos.
Parece entonces que los empleadores de la capital del país decidirán mantener a sus empleados trabajando desde casa, aún cuando el semáforo se coloque en color verde, hasta que el desarrollo de una vacuna les permita eliminar el riesgo de cerrar intermitentemente sus instalaciones ante los riesgos de rebrote.
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