Una investigación de la Policía del Principado de Andorra descubrió nuevos indicios de sobornos en la construcción de una presa en Michoacán, que fue asignada a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y cuyo costo se duplicó en la gestión de su sucesor, Leonel Godoy Rangel, cuando ambos eran miembros del PRD.
Cárdenas Batel se perfila como jefe de asesores del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras que Godoy fue nombrado el pasado 8 de octubre delegado del partido Morena para las elecciones de Baja California de 2019, en las que serán renovados ayuntamientos, Congreso y gubernatura.
De acuerdo con la pesquisa, Odebrecht utilizó la Banca Privada de Andorra (BPA) para transferir sobornos a políticos de América Latina, y en la relación de pagos la Policía de aquella nación europea descubrió una cuenta a nombre de Víctor Guerra Reyes, quien durante los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy fue el funcionario responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente, que tuvo un costo cercano a los 3 mil millones de pesos.
La cuenta del funcionario michoacano recibió dinero de Klienfeld Services, una de las empresas offshore que utilizaba el departamento de sobornos de Odebrecht para ocultar pagos ilegales a políticos y funcionarios de Latinoamérica, según consta en los expedientes de la Policía de Andorra obtenidos por la red internacional de periodistas ‘Investiga Lava Jato’, de la que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En el contrato de apertura de la cuenta en el banco de Andorra, realizada el 28 de abril de 2008 -cuando estaba en construcción la presa en Michoacán-, el entonces funcionario estatal declaró que estaba previsto que recibiera transferencias de Estados Unidos y/o Brasil de dos a tres veces al año, por un importe de 100 mil a 150 mil dólares, de acuerdo con el documento del que MCCI tiene copia. El saldo previsto inicial anotado por el propio Guerra Reyes era de 150 mil dólares.
Uno de los depósitos que esperaba lo recibió de parte de Odebrecht a través de Klienfeld Services el 2 de junio de 2008, por 50 mil dólares, según detalla un estado de movimientos bancarios obtenido por el grupo antilavado de dinero de la Policía de Andorra. Luego, él transfirió el dinero a otra cuenta en el Caixabank de Barcelona, que está a nombre de un pariente de Guerra Reyes.
Esa no fue la única transferencia ligada con la presa de Michoacán. En febrero de 2010, el departamento de sobornos de Odebrecht reportó otros dos pagos por 383 mil dólares vinculados con la misma obra, aunque en este caso no se precisó el nombre del beneficiario.
Se desconoce la suma de dinero que el departamento de sobornos de Odebrecht pagó en esta obra, pues la información documental obtenida hasta el momento es parcial.
Las transferencias hasta ahora documentadas con la presa de Michoacán suman 433 mil dólares entre 2008 y 2010, periodo en el que Leonel Godoy era gobernador de ese estado.
Las menciones de Michoacán aparecen en la llamada “Operación Pernambuco”, enfocada a descubrir las transacciones irregulares de Odebrecht en Andorra.
En los documentos no aparece ningún pago realizado ni a Cárdenas Batel ni a Godoy, sólo a uno de sus funcionarios.
Ligan transferencias con sobornos
La Policía de Andorra (nación ubicada entre Francia y España) vincula el dinero transferido al exfuncionario michoacano con sobornos de Odebrecht.
“En nuestra opinión, la operación realizada (en el Banco de Andorra) desde Klienfeld a favor de la cuenta en estudio, tiene relación con el pago de alguna ‘comisión’ sobre algún proyecto de obra civil realizado en el estado de Michoacán por la constructora Odebrecht o una filial, en la que Víctor Guerra ha podido participar”, menciona el informe policial.
“Recordemos que Klienfeld se alimentaba de fondos procedentes de la llamada ‘Caja 2’, dinero proveniente de la facturación con sobrecosto de obras licitadas a favor de la constructora Odebrecht, caudales que servían para pagar las comisiones ilegales y los sobornos”, añade el reporte.
El expediente incluye anexos con análisis de movimientos financieros, extractos bancarios, documentación de la apertura de la cuenta e información rastreada por la Policía de Andorra sobre la presa construida por Odebrecht en Michoacán, de la que Víctor Guerra fue el funcionario responsable.
En los anexos aparecen extractos de dos investigaciones publicadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en mayo y junio de 2017, en las que se hace mención a que Odebrecht firmó el contrato para la construcción de la presa Francisco J. Mújica en 2006 y que la obra se finalizó en 2013 a casi el doble de su costo original.
“La obra hidráulica se ha vista envuelta en polémicas por las múltiples irregularidades que se detectaron tanto por su sobrecosto en la construcción como en los documentos para la aprobación de la obra”, menciona el reporte de la Policía de Andorra. “Durante la investigación Lava Jato se localizaron documentos que confirmaban que por esta obra se habían pagado sobornos”.
Socio de Odebrecht
Víctor Guerra Reyes, el funcionario michoacano involucrado directamente con los depósitos en Andorra, es actualmente socio de Fernando Antonio Costa Martins, quien fue director de proyectos de Odebrecht desde 1993 en Brasil, Perú, Venezuela y México.
Ambos crearon la empresa Edpisa (Estructuración y Desarrollo de Proyectos de Infraestructura), en la que también participa Carlos Roberto Terra, quien entre 2006 y 2013 fue gerente de ingeniería en la construcción de la presa de Michoacán y en el proyecto Etileno XXI.
Costa Martins fue quien firmó, en noviembre de 2006, el contrato para construir la presa; además, en 2009 y 2010 fue quien negoció las ampliaciones presupuestales para la obra, a favor de Odebrecht.
El domicilio de la empresa que crearon está en Varsovia 36, en la colonia Juárez, que en realidad corresponde a un edificio de oficinas virtuales.
En un apartado del expediente elaborado por la Unidad de Investigación Especializada en blanqueo de capitales de Andorra se menciona que Guerra Reyes, identificado como el cliente 441997, se presentó como socio mayoritario de la unión de productores de frutas La Selecta, en la comunidad de Jeráhuaro, correspondiente al municipio michoacano de Zinapécuaro, además de haber sido director de la empresa de ingeniería Tecuen Proyectos y Supervisión, enfocada a elaborar proyectos de infraestructura hidráulica.
En el expediente se anexaron copias de su credencial de elector y de su pasaporte, que fueron los documentos que presentó al abrir la cuenta en Andorra.
Guerra Reyes también laboró en la Comisión Nacional del Agua como superintendente de Obras y Gerente del área técnica, además de haber sido Director de Infraestructura Hidroagrícola y de la Comisión para el Desarrollo de Tierra caliente, en Michoacán.
Una obra cara y malhecha
MCCI reveló el 30 de mayo de 2017 que Odebrecht había construido en Michoacán una presa casi al doble de su costo original, además de haberla entregado incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso.
La investigación mencionó que originalmente la presa ‘Francisco J. Múgica’ -ubicada en Tierra Caliente- se debió haber concluido en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos.
El contrato original con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que significa que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría.
En entrevista con MCCI, Cárdenas Batel aseguró que la obra se asignó mediante una licitación a la que se inscribieron 15 empresas, aunque finalmente presentaron propuesta Grupo Mexicano de Desarrollo y Odebrecht.
El exgobernador descartó cualquier favoritismo, y argumentó que se designó a Odebrecht porque presentó la mejor propuesta para dotar de infraestructura hidráulica a una de las regiones más pobres de Michoacán. En ese entonces –recordó- la empresa brasileña no estaba involucrada en ningún acto de corrupción, por lo que no había objeciones para otorgarle el contrato.
Al asumir Leonel Godoy la gubernatura de Michoacán, le otorgó a Odebrecht una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más. Godoy explicó a MCCI que el monto de las asignaciones a Odebrecht se incrementó en su gobierno, porque la obra hidráulica, como se planeó inicialmente, no incluía riego para el ejido en el que se construía la presa, y además porque se requería una planta hidroeléctrica para bombear el agua.
Dos auditorías revelaron que Odebrecht entregó la obra con deficiencias e incompleta. El proyecto original garantizaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, pero sólo se construyó infraestructura para conducir 500 litros por segundo, es decir, la mitad.
La mala planeación de la obra provocó que la presa se construyera sobre tierras en litigio, lo que obligará al Gobierno de Michoacán a restituir a campesinos las tierras que ocupa la presa y deberá pagar 9 millones 315 mil pesos por daños, según establece una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tziritzícuaro.
Los primeros indicios de sobornos
El 5 de junio de 2017, MCCI publicó los primeros indicios de sobornos en la obra ejecutada por Odebrecht en Michoacán.
La referencia de dos presuntos pagos ilegales aparece en un correo electrónico interceptado por las autoridades brasileñas.
El correo interceptado tiene fecha del 19 de febrero de 2010 y está dirigido a ‘Waterloo’, que era el pseudónimo que utilizaba Fernando Migliaccio Da Silva, uno de los operadores de las empresas offshore de Odebrecht utilizadas para ocultar sobornos.
El remitente del correo firma como ‘Tumaine’ desde el correo tumaine@drousys.com, que es la identidad secreta de Angela Ferreira Palmeira, identificada por los investigadores brasileños como la contadora del departamento de sobornos de Odebrecht.
En el mensaje, ‘Tumaine’ le envió a ‘Waterloo’ un documento anexo con dos transferencias realizadas para una obra de Odebrecht en México identificada como ‘PH Michoacán’, que es la clave con la que se identificaba a la presa Francisco J. Mújica.
Según el documento, un primer pago se efectuó entre el 1 y el 5 de febrero, por 223 mil dólares. Posteriormente, entre el 8 y el 12 del mismo mes, se programó otro pago por 160 mil dólares. En los papeles consultados por MCCI no se precisa a favor de quién se hicieron las transferencias. Los pagos se efectuaron 7 meses después de que se amplió el monto contratado a Odebrecht para la obra hidráulica en Tierra Caliente.
Un antiguo vínculo con Odebrecht
La relación del gobierno de Cárdenas Batel con Odebrecht inició mucho antes de que se asignara la construcción de la presa en Tierra Caliente.
En marzo de 2006, el entonces gobernador michoacano comisionó a un grupo de funcionarios a visitar las instalaciones que el grupo empresarial tiene en Bahía, estado del noreste de Brasil colindante con el Atlántico.
La comitiva que viajó la integraban Graciela Carmina Andrade García, secretaria de Desarrollo Social; Raúl Silva, subsecretario de la misma dependencia, y Catalina Rosas Monge, directora de la Comisión de Pesca de Michoacán.
El 9 de marzo de aquel año visitaron el edificio central de la constructora, en la ciudad de Salvador, lugar donde despachaban Marcelo y su padre Emilio Odebrecht. En los dos siguientes días, viajaron al Bajo Sur de Bahía, en donde la Fundación Odebrecht ha realizado una labor de ayuda comunitaria y de rescate ecológico, con proyectos de cultivo de yuca, de acuicultura y de educación rural de calidad.
Los acompañó el entonces director de contratos de la constructora, Fernando Costa Martins, el mismo que ocho meses después viajaría a Michoacán para formalizar con Cárdenas Batel la obra de la presa en Tierra Caliente, la cual supervisó él mismo.
El directivo que atendió a la comitiva michoacana no era cualquier personaje. Odebrecht le había encomendado la ejecución de obras clave en Brasil y otros países, como el Aeropuerto internacional de Río de Janeiro, la hidroeléctrica en Rondonia –una de las mayores del mundo-, la presa Cuchoquesera Ayacucho en Perú y el proyecto El Diluvio en Venezuela, éstas tres últimas señaladas por irregularidades.
Ese mismo directivo de Odebrecht es quien ahora está asociado con Víctor Guerra Reyes, el exfuncionario michoacano que aparece en los expedientes de Andorra.
Godoy y Cárdenas Batel se deslindan; ambos piden que se investigue
Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy se deslindaron de los supuestos sobornos de Odebrecht a un funcionario que colaboró con ellos en el Gobierno de Michoacán.
“Me sorprende la noticia”, dijo Cárdenas en entrevista con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuando se le informó de la investigación que había realizado la Policía de Andorra a Víctor Guerra Reyes, quien fue el director del proyecto de una presa en Tierra Caliente, que fue ejecutada por Odebrecht.
“Me deslindo absolutamente”, añadió tajante quien fue Gobernador de Michoacán entre febrero de 2002 y febrero de 2008.
“No recibí un solo centavo de nadie de esa presa”, coincidió Godoy, quien sucedió a Cárdenas Batel en la gubernatura.
Ambos coincidieron en que se deben investigar a profundidad los supuestos pagos ilegales de Odebrecht, y en caso de comprobarse que se castigue a los responsables.
“Qué bueno que ustedes (MCCI) avancen en su investigación y aporten un nombre, ahora que la autoridad haga lo propio”, dijo Godoy.
Aclaró que el funcionario involucrado no fue contratado por su gobierno, sino que él sólo lo ratificó como el encargado del proyecto de ejecución de la presa Francisco J. Mújica, en la región de Tierra Caliente. “Era un funcionario que ya venía del anterior gobierno”, precisó.
Mientras que Cárdenas Batel ni siquiera recordó el nombre del funcionario acusado de estar involucrado en los sobornos. “Creo que era un técnico contratado para el proyecto de la presa, pero no tenía ningún poder de decisión sobre los recursos que se invertían”.
Enfatizó que Víctor Guerra Reyes no pertenecía a su círculo cercano, por lo que se deslindó totalmente de los pagos ilegales de Odebrecht.
El pasado 9 de julio, la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Gobernación, informó que contemplaba integrar a su equipo de trabajo a Leonel Godoy, aunque no precisó en qué cargo.
Mientras que Lázaro Cárdenas Batel fue presentado el pasado 21 de agosto como el próximo jefe de asesores de López Obrador.
Godoy informó a MCCI que ya había declinado la invitación de Olga Sánchez.
“Me comuniqué para agradecerle, pero yo me voy a enfocar a tareas del partido (Morena), como delegado en la elección de Baja California“.
Víctor Guerra Reyes, el ex funcionario michoacano mencionado en la investigación de la Policía de Andorra, canceló una entrevista para hablar del caso.
En los documentos que presentó para abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra, Guerra Reyes aportó como su domicilio una casa ubicada en la calle Jesús Romero, de la colonia Bosques Camelinas, entre el parque ecológico “Lázaro Cárdenas” y las oficinas administrativas de la Policía Auxiliar, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), en la zona sur de Morelia.
La reportera acudió el miércoles 10 de octubre por la mañana al domicilio, en donde la esposa del exfuncionario dijo que no estaba en casa, que llegaría por la noche debido a que tenía frecuentes viajes de trabajo.
Confirmó que eran amigos de la familia Cárdenas y que su esposo había participado en la construcción de la presa en Tierra Caliente.
Tras regresar en dos ocasiones más al domicilio, no se logró localizar al exfuncionario.
Fue hasta el 12 de octubre cuando Víctor Guerra se comunicó con la reportera para preguntar por el tema de la entrevista y quedó de dar una cita en los días posteriores.
En forma cordial, pidió que se le llamara el lunes 15 de octubre, para ponerse de acuerdo del lugar donde se realizaría la entrevista el martes. Pero el día de la entrevista llegó y con otro tono de voz, menos cordial, descartó cualquier posibilidad de responder preguntas personalmente o vía telefónica aduciendo que saldría fuera de la ciudad de Morelia.
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