Enfrentan mayores obstáculos para conseguir trabajo y pedir derechos de atención de servicios de salud, consulares u otros
México es el segundo país que más población migratoria femenina expulsa a nivel mundial y es Estados Unidos el principal destino al que arriban, informó la directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres, Enna Paloma Ayala Sierra.
La funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) agregó que además, dicho sector de la población es el que más desigualdad y violencia enfrenta en los procesos de migración.
En el conversatorio "Género, migración y familia: su problemática", organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, explicó que en 20 años, la migración femenina tuvo un importante incremento hasta llegar a 47.3 por ciento en 2016.
Esta transformación en el perfil de la población migrante se intensificó a partir de la crisis de 2008, que fue determinante para que cada vez más mujeres se motivaran a migrar, incluso niñas y adolescentes.
Las mujeres están más expuestas a diversas formas de violencia, como el delito de trata, por lo que recurren a otros procesos, como la falsificación de documentos o a rutas no muy concurridas e incluso evitando los albergues.
Por otra parte, cuando las mujeres logran ingresar a Estados Unidos, enfrentan mayores obstáculos para conseguir trabajo y pedir derechos de atención de servicios de salud, consulares u otros.
Mientras que 80 por ciento de los hombres logran una fuente de trabajo al lugar que migraron, solo el 50 por ciento de las mujeres consiguen ser contratadas, esto es el resultado de un mercado que se soporta en la desigualdad y que permite el abaratamiento de la mano de obra femenina.
El 46 por ciento de las mujeres que logran conseguir trabajo en Estados Unidos son solteras, viudas o separadas y respecto a las mujeres embarazadas agregó que muchos empleadores determinan que las mujeres no pueden laborar cuando están embarazadas, por lo que optan por deportarlas.
Es necesario establecer una normatividad con enfoque de interseccionalidad y contextual que consideren todos los elementos a los que se enfrentan estos sectores y que prevenga, atienda y sancione la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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