En la presentación del Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, se detectó que esa entidad se han dado 13 asesinatos de personas que se dedican al activismo.
Los estados que también tiene un mayor índice de muertes por esta causa con Guerrero, son seis homicidios, y Oaxaca, con cinco.
Por esta razón, la CNDH urgió a las autoridades intensificar esfuerzos para proteger a los activistas ante la violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.
En el evento, el quinto visitador general de este organismo autónomo, Édgar Corzo Sosa, destacó que 17 entidades federativas reportaron cumplimiento satisfactorio de la Recomendación General 25; 12 presentaron cumplimiento básico; Yucatán reportó cumplimiento insuficiente, mientras que Chihuahua y Coahuila no registraron respuesta alguna a la misma.
La CNDH dio a conocer que 22 entidades carecen de leyes para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, en tanto que las 10 restantes ya cuentan con ella para proteger a quienes desempeñan esa actividad.
Los estados que no cuentan con este tipo de legislación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
El visitador explicó que para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos es fundamental que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad.
El mencionado Estudio, realizado conjuntamente por la CNDH y la UNAM, analiza la respuesta de las autoridades al Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida por este Organismo Nacional en febrero de 2016.
Corzo Sosa dio a conocer que el Estudio contiene propuestas en materia de políticas públicas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales en la materia.
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