El Estado de México resultó el peor calificado del país en el subfactor de transparencia, encaminado a valorar si se garantizan elecciones libres, limpias y transparentes, de acuerdo con el reporte del World Justice Project (WJP) sobre el Índice de Estado de Derecho en México.
Sin embargo, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Mëxico (IEEM), Pedro Zamudio, consideró que el citado estudio es más de apreciaciones y aunque no lo descalificó, opinó que es muestra de una sociedad más exigente.
Las valoraciones del World Justice Project son resultado de una encuesta a 25 mil 600 personas y a más de 2 mil 600 expertos en todo el país y de datos de terceras fuentes, donde se analizan ocho factores, entre ellos: los límites al poder gubernamental y hay 42 subfactores. Uno es el tema de la transparencia en elecciones.
La medición, en ese rubro, contempla la integridad del proceso electoral, incluyendo el acceso al voto, la ausencia de intimidación y el escrutinio público de los resultados electorales, donde el Estado de México fue el peor calificado entre las 32 entidades.
El tema genera controversia: por un lado el exconsejero electoral, Juan Carlos Villarreal, cuestionó el método del estudio y consideró que la entidad no es la peor, pues no hay pruebas científicas de fraudes.
La consejera del INE en el Estado de México, Karina Vaquera, difirió de esa visión y aseguró que la entidad tiene consejeros que aún benefician al partido en el poder, pues hay una influencia importante del partido gobernante, como se ha observado en la toma de decisiones.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), opinó, históricamente ha estado subordinado al partido político gobernante en la entidad.
Para Villarreal la reforma político electoral de 2014, que le quitó al Congreso local la facultad de nombrar a los consejeros para dársela al INE, a través de exámenes y entrevistas, ha permitido evitar sesgos y cuotas.
No obstante, Vaquera consideró que todavía existen vínculos de los consejeros con el partido que gobierna la entidad, pues tienen apego a él.
En el Estado de México, las elecciones a gobernador de 2017 fueron criticadas. Morena consideró que el triunfo del actual gobernador Alfredo del Mazo fue producto de un fraude.
En 2018, durante la renovación de integrantes de municipios, de la Legislatura mexiquense, del Congreso de la Unión y de la presidencia de la República, también hubo señalamientos de dádivas y guerra sucia.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) refirió que la entidad mexiquense fue una de las tres donde se recibieron más denuncias por posibles delitos electorales en 2018 y estuvo a la cabeza en 2017, durante las elecciones a gobernador.
Para sacar los resultados del citado índice, en materia electoral, entre otros puntos se cuestionó a ciudadanos y a expertos si no hay intervención indebida del gobierno, o del crimen organizado; si las personas votan libremente sin presiones, regalos o servicios de parte de los partidos; si pueden votar libremente sin acoso, ni presión; y si el Instituto Electoral garantiza que los procesos sean libres, confiables y transparentes.
EDOMEX
En su segunda edición, que clasifica a las 32 entidades del país, dicho índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores.
El puntaje del Estado de México en general permaneció sin cambios, en relación con el año anterior y se ubicó en la posición 27, con un puntaje de .36.
En varios factores el Estado de México se ubicó en los últimos lugares; por ejemplo: en orden y seguridad se fue hasta el lugar 30, en ausencia de corrupción al 29, en justicia penal llegó al 28.
En el primer factor relativo a los límites al poder gubernamental se ubicó en el lugar 25, en derechos fundamentales ocupó el lugar 24, en cumplimiento regulatorio se ubicó en el 19, y en justicia civil en el 15.
En contraparte, en gobierno abierto logró su más alta puntuación y se colocó en el número 4.
OPINIONES
Ante el resultado en elecciones limpias y transparentes, el exconsejero electoral, Juan Carlos Villarreal, consideró que el método es discutible porque son datos especializados y el ciudadano responde de acuerdo con sus valoraciones, por lo cual hay un sesgo.
Afirmó que la entidad no es la que tiene las elecciones menos transparentes del país, pues existen juicios mal intencionados e incluso hay un libro donde se hablaba de ocho distritos del fraude en 2017, pero no logró demostrar desvíos.
Aún cuando hay errores en el IEEM, comentó, no se puede descalificar su trabajo por preferencias políticas de sus críticos.
Villarreal reiteró que algo distinto es la práctica política de los partidos, donde siempre hay la doble intención de usar recursos públicos con fines electorales, pero es inevitable y sucede en todo el mundo.
Sostuvo que en el país, la cultura política no es democrática, sino autoritaria y propensa al "agandalle", pero además la entidad mexiquense es compleja y está muy dividida. Los estados con mayor desarrollo, dijo, son los mejor calificados.
Por su lado, la consejera del INE, Karina Vaquera, señaló que el índice del Estado de Derecho es muy completo y el subfactor de transparencias elecciones limpias y transparentes, que ubicó a la entidad en el último lugar del país, tiene sustento, pues hay todavía hay vínculos de los consejeros con el partido en el poder y en los comicios pasados no tomaron acciones claras para evitar la coacción del voto.
“Existen una serie de elementos que nos llevan a tener como conclusión que sigue permeando una influencia por parte del partido gobernante en la conformación de los órganos electorales.
“Y esto lo podemos ver de manera clara en la actuación y toma de decisiones que se dieron en las elecciones del 2017 y 2018 en el Instituto Electoral del Estado de México, órgano electoral que históricamente ha estado subordinado al partido político que ha gobernado la entidad”.
Esto, afirmó, se constata con datos reales como el que los consejeros electorales muestran un claro apego al partido en el poder, algunos en su momento formaron parte del Tribunal Electoral del Estado de México y la mayoría son egresados de la UAEM.
Si se revisa su actuación en las últimas elecciones, advirtió, sus participaciones dejaron mucho que desear al momento de atender denuncias ciudadanas.
“Existe presión e injerencia directa de quien gobierna la entidad tanto para el IEEM, como para algunos servidores electorales del INE, con quien se comparte la organización de las elecciones; se puede decir que tal injerencia llega al grado de premiar o castigar a quienes se alinean, como es el caso de consejeros, que una vez concluido su encargo tuvieron un lugar específico en otra institución del estado”, comentó.
Tras los resultados del citado índice, puntualizó, hay una oportunidad de generar cambios en el Estado de Derecho y que los órganos electorales tomen decisiones distintas.
DEFIENDE
El presidente del Consejo General del IEEM, Pedro Zamudio, consideró que el reporte del World Justice Proyect (WJP) no es una calificación al Instituto Electoral del Estado de México.
El reporte del índice del Estado de Derecho del WJP, dijo, tiene mucho que ver mucho con percepciones, particularmente con el proceso electoral de 2017, pues fue una elección muy competida.
“El reporte también rescata datos que tienen que ver con el crimen organizado y la percepción de la gente, a mí me parece un buen dato este reporte, por supuesto que no lo descalifico, pero tiene que ver más con la exigencia que tiene la gente en el Estado de México y se correlaciona más con la exigencia de calidad de la ciudadanía del Estado de México”, sostuvo.
Zamudio citó el estudio coordinado por el IEEM con instituciones académicas, donde se concluye que la ciudadanía en el Estado de México es desconfiada y exigente.
Sin embargo, acotó, para tener mejores instituciones y lograr un mejor desempeño de las autoridades es necesaria una mayor participación de la ciudadanía.
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Ejemplificó que en el caso de la pandemia de Covid-19, los países que están teniendo mejores resultados son aquellos donde la ciudadanía se involucra, se informa más y tiene una participación más documentada y oportuna.
Resaltó el estudio realizado por la doctora Irma Méndez de Hoyos, de FLACSO, sobre el índice de interés electoral, el cual refiere que la percepción social ha mejorado, lo cual atribuyó a la exigencia de la ciudadanía.
El Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 está compuesto por ocho factores y 42 sub-factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
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