El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés, del PAN, acusó que los anuncios del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no representan ahorros reales o significativos en el gasto público federal, son sólo mediáticos.
Lo que en realidad significan es “el debilitamiento del sano equilibrio de poderes y de la autonomía de las instituciones”, subrayó.
“La gente está contenta porque, entre otras medidas de austeridad anunciadas, proponen quitar la pensión a los expresidentes, bajar los sueldos a los legisladores y altos funcionarios, cancelar el contrato de arrendamiento del avión presidencial y disminuir el financiamiento a los partidos políticos”, explicó.
“Pero en el fondo, todos sabemos que dichas medidas no significan un ahorro sustantivo respecto del gasto del gobierno federal ni resuelven el problema de la falta de oportunidades de trabajo mejor pagado ni incrementarán la calidad de vida de los mexicanos, si dichos ahorros no van destinados al incremento de inversión en infraestructura, seguridad, salud o desarrollo humano”, señaló el legislador panista.
El legislador panista indicó que “las políticas de austeridad que han anunciado los funcionarios públicos de la próxima administración se oyen bien en los medios, pero en el fondo lo que pueden estar pretendiendo es debilitar a los otros poderes e instituciones, diciendo en los hechos: ‘pórtate bien y te doy’”.
Es decir, “el Poder Judicial, Tribunales Electorales y Administrativos, la ASF, el INE, el INAI, INEGI y demás organismos autónomos, así como presidentes municipales y gobernadores, sobre todo los de filiación diferente a Morena, van a tener que tocar la puerta del nuevo Ejecutivo Federal, porque saben que, en el Congreso de la Unión, el partido en el gobierno tiene la mayoría suficiente para definir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Cortés Mendoza adelantó que cuando “se habla de descentralizar las secretarías y dependencias del gobierno, la pregunta es: ¿qué impacto presupuestal tendría? No se sabe. Se podría suponer que se trata de una ‘limpia voluntaria’ de todo el personal que no pueda cambiar de residencia a las nuevas sedes”.
Por otro lado, “los supercoordinadores en los estados estarán para operar a favor de su partido y con la libertad de erigirse como contrincantes de los gobiernos locales, además del costo presupuestal adicional que tendrán. Inclusive ya se planea en el mediano plazo la revisión la Ley de Coordinación Fiscal, lo que significaría tener maniatados a los alcaldes y gobernadores.
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