“Vamos a privilegiar el uso de inteligencia en contra del crimen organizado”. Por lo menos en los discursos y en papel parecería ser. Esto lo aseguraron los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en diferentes momentos, como parte integral de la estrategia para enfrentar organizaciones criminales.
En el caso del siguiente presidente de México y su equipo hay confusión en su posición ante la importancia de la inteligencia para el Estado.
El presidente electo declaró que desaparecería el Cisen, responsable de la inteligencia civil en el ámbito de la seguridad nacional. Pero al igual que sus predecesores, parecería que busca privilegiar la inteligencia. En el Proyecto de Nación 2018-2024 subrayan el “fortalecimiento de la Inteligencia para garantizar la justicia”. En este documento se establece que “la Inteligencia, como estrategia contra el crimen, implica el fortalecimiento de los medios para obtener la información, su procesamiento y su interpretación a partir del uso intensivo de los avances tecnológicos, con el fin de hacer más efectiva y eficiente la atención policial y la procuración de justicia. Es indispensable el desarrollo de actividades de inteligencia que diferencien entre la actuación de los grupos criminales y su organización; que detecten la infiltración de las instituciones, y que sean capaces de diseñar políticas para su atención”. El documento subraya que habrá una prioridad en el uso de la inteligencia financiera para cerrarle el paso al lavado de dinero y a operaciones con fondos producto del delito, así como el fortalecimiento de los sistemas informáticos para garantizar al Estado retomar el control de la seguridad”.
Excelente la propuesta. Pero, ¿qué sucede entonces con la inteligencia para el ámbito de seguridad nacional?
La intimidación, corrupción, falta de una estrategia permanente, y sobre todo un sistema de justicia penal incapaz de investigar y enjuiciar a estas organizaciones para que no se conviertan en amenazas a la seguridad nacional, por la capacidad bélica, por el uso de tácticas casi terroristas, por la violencia que ejercen en la población y en las autoridades, y sobre todo por el control territorial. Por más programas de amnistía, desarrollo, prevención y reducción de desempleo no cambiará esta dinámica. Y de hecho fue uno de los grandes errores de la administración Peña, que inicialmente apostó a los programas de prevención.
Otros han argumentado que la estrategia actual del gobierno y del presidente Felipe Calderón ha sido 'alborotar el avispero'. Para los proponentes de este argumento yo les pregunto: ¿por qué esperamos a que la casa se llenara de avispas para destruir el panal? Para prevenir, ya sea amenazas a la seguridad nacional y amenazas a la seguridad pública, se necesita inteligencia.
En el caso de México, este debate no debe enfocarse sólo alrededor de las debilidades y necesidades del Cisen; debe ser un debate sistémico, en el que se incluya el papel que juegan y las capacidades de inteligencia de la SSP, la PGR (futura Fiscalía), la Sedena y la Semar, para poder tener una solución integral. Este debate también requiere que se tenga absoluta claridad acerca de cuáles son las funciones de los organismos de inteligencia para establecer claros límites y responsabilidades, especialmente para determinar cuáles son sus prioridades. Y, sobre todo, hay que asegurar que estas corporaciones tengan los recursos mínimos para cumplir con los objetivos que se les asignan. Pero desaparecer estas capacidades es literalmente incapacitar al gobierno para enfrentar y enjuiciar criminales, detener posibles asesinatos, sabotajes, actos terroristas en contra de infraestructuras estratégicas como oleoductos, la red eléctrica, aeropuertos y la misma red cibernética. La inteligencia es una parte fundamental. Y sobre todo la contrainteligencia.
Y hay una diferencia entre la inteligencia dentro del ámbito de seguridad nacional y el de seguridad pública.
Y la misma legislación exige que exista esta diferenciación. Porque en el ámbito de seguridad nacional la inteligencia permite prevenir, frecuentemente dentro del sigilo, pero respetando los derechos de los ciudadanos, amenazas que podrían tener un impacto catastrófico en la población o la gobernabilidad del país. La inteligencia en el ámbito de seguridad pública se usa para eventualmente enjuiciar públicamente criminales, respetando sus derechos humanos y el Estado de derecho.
Y sí, ha habido abusos, ha habido ineficiencias, ha habido corrupción y violación a los derechos de privacidad. Pero fue bajo las órdenes de los gobernantes.
Y si no se entiende esta diferencia, el nuevo gobierno estará ciego. No sólo podría incrementarse la violencia y criminalidad en país, sino también la ingobernabilidad.
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