Acompañado de Manuel Mondragón y Kalb, comisionado Nacional contra las Adicciones, y la embajadora Alicia Buenrostro, Elías Beltrán planteó que se garantice el acceso a medicamentos contra el dolor y se priorice el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas que presentan uso, abuso y dependencia de estupefacientes.
Al reflexionar sobre la implementación de las recomendaciones obtenidas en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para el Problema Mundial de las Drogas en 2016, advirtió que debe ser una prioridad dotar a la política de drogas con un enfoque de salud pública.
Lo anterior, dijo, de respeto a los derechos humanos, así como de prevención social de la violencia y delincuencia.
Elias Beltrán dijo que se ha incluido el concepto de prevención de la violencia como un factor para enfrentar las causas del problema y transitar hacia la recomposición del tejido social, mediante la promoción de alternativas al encarcelamiento y un enfoque de rehabilitación, para las personas dependientes de drogas.
De igual forma, comentó que se ha promovido la adopción de nuevos esquemas de alternativas al desarrollo, a fin de potenciar la incorporación de las comunidades vulnerables en proyectos socialmente equitativos, económicamente rentables y ecológicamente equilibrados con el fin de reducir su participación en actividades ilícitas.
También llamó a fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas de drogas que permitirán analizar los resultados obtenidos, tomar decisiones oportunas y corregir procesos.
En tanto, Mondragón y Kalb dijo que el consumo de sustancias psicoactivas es un grave problema de salud pública, que representa un reto para las instancias de salud, pero también para las de procuración e impartición de justicia por su gran impacto social, por lo que es indispensable considerar políticas públicas tanto para reducir la demanda como para el control de la oferta.
Consideró que los países enfrentan severos problemas y situaciones derivadas de las limitaciones financieras por el desequilibrio de los recursos que se destinan a la reducción de la demanda frente a los que se destinan al control de la oferta, aún cuando México se ha pronunciado en este sentido en diversos foros internacionales y persiste una inequitativa asignación.
Aseguró que la situación limita la capacidad de los Gobiernos para contrarrestar el fenómeno de consumo, por lo que México promueve una mejor proporcionalidad en la asignación de recursos destinados a la reducción de la demanda de drogas desde un enfoque integral, multidisciplinario y sostenible.
Mencionó que la prevención y el tratamiento suponen altos costos; por ejemplo, dijo, la elaboración de materiales, encuestas y el uso de medios electrónicos, así como los servicios de atención integral y rehabilitación que requieren mecanismos de ida y vuelta.
Finalmente, consideró que otro aspecto que obstaculiza la reducción de la demanda es la toma de decisiones unilaterales de algunos países, como en el caso de la legalización del consumo de la mariguana, por lo que México propicia la discusión, así como el diálogo abierto y plural para conocer las diversas posiciones y evidencias planteadas en los distintos enfoques, siempre que se apeguen a las convenciones e instrumentos internacionales
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