-La SRE, Segob y PGR sostienen que no hay datos nuevos, pues el GIEI ya habían señalado la comisión de tortura.
Naciones Unidas dijo este jueves tener sólidos motivos para creer que un grupo de personas investigadas en el conocido caso de 43 estudiantes desaparecidos en México hace tres años, fue detenido arbitrariamente, torturado para obtener confesiones y que esas "graves violaciones" fueron encubiertas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) divulgó un informe en el que llamó a las autoridades a excluir o declarar nula y sin efecto cualquier prueba sobre la que haya fundamentos para pensar que fue obtenida bajo tortura, como es definida por la legislación mexicana vigente y normas del derecho internacional.
Los hallazgos muestran, según ONU-DH, la necesidad de que las autoridades actúen para evitar la práctica institucional de la tortura "así como de su tolerancia y encubrimiento". Y recomendó una pesquisa para hallar a los responsables de violaciones dentro del "caso Ayotzinapa", que cimbró al país.
El organismo dijo que "cuenta con fuertes elementos de convicción" para concluir que al menos 34 personas habrían sido torturadas, de un total de 129 imputadas en la primera fase de la pesquisa por la desaparición en septiembre de 2014 de los estudiantes, que habían tomado autobuses para participar de una protesta en la capital cuando fueron atacados por policías.
ONU-DH cree que las formas de tortura identificadas son consistentes con las reportadas durante años en México por otros organismos internacionales como golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica.
En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto inculpatorias "libres y espontáneas" hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones que constan en los partes médicos y que en muchos casos fueron justificadas de manera poco creíble como "autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas".
Los casos documentados ocurrieron desde octubre de 2014, cuando la PGR, la fiscalía federal, tomó la investigación hasta entonces llevada por la Fiscalía del estado Guerrero, donde los jóvenes desaparecieron.
Los arrestos fueron hechos por miembros de PGR, de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina, según el informe. La representación de México en Ginebra dijo que el embajador no estaba inmediatamente disponible para comentar el reporte.
Caso de tortura se están investigando, dice el Gobierno mexicano
El Gobierno de la República reaccionó al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre supuesta tortura a detenidos por el caso Ayotzinapa.
“Preocupa de manera especial que el Informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”, dijo el gobierno a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación y la Procuraduría General de la República.
Las dependencias señalaron que el informe se limita a abordar cuestiones que anteriormente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya habían resaltado, por lo que no hay “elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”.
Recordaron que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión.
“Como se informó a la CIDH, en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas”, sostuvo.
Resaltaron que en diversas reuniones de alto nivel con el representante en México de la OACNUDH, el Gobierno compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del Informe, “en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.
Destacaron que el informe omitió información relevante que consta en expedientes, como pruebas periciales. Además, refieren que en los casos analizados no se han acreditado la comisión de tortura, “salvo en algunos casos excepcionales”.
El Gobierno reiteró que mantendrá el trabajo con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento del caso.
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