Las propuestas específicas y estructuradas que realicen los candidatos para combatir la corrupción ayudaría a la confianza para invertir en México, de la cual depende el rumbo de las expectativas de la economía, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Se deben fortalecer las reformas aprobadas, así como incrementar los esfuerzos para establecer un sano estado de derecho que contribuya a establecer un ambiente seguro para un mejor desempeño de la actividad económica del país”, señaló el centro en su comentario semanal en el que advierte que la evolución de las expectativas depende en buena medida de la confianza en que haya suficientes incentivos para invertir.
“Ello implica políticas económicas que aseguren un ritmo de crecimiento suficiente para crear empleos de calidad que permitan la mejora del bienestar de los hogares en un ambiente de seguridad y libertad de emprender. Sería útil que, durante el proceso de campañas hacia la presidencia del país, se consideraran propuestas de acciones específicas, planeadas y estructuradas para sanear el entorno de corrupción, impunidad e ilegalidad que vive el país”, expone.
Aunque reconoció los esfuerzos hechos, indicó que éstos no tienen la fuerza necesaria ya que con las reformas aprobadas las autoridades apuntaron hacia un crecimiento de la economía superior al 5 por ciento y ahora con todo y éstas, la tasa promedio de crecimiento ha sido de 2.5 por ciento en los últimos años.
Los pronósticos de crecimiento apuntan a un avance cercano a 2.5 por ciento para el 2018 y 3 por ciento para el 2019, aunque al parecer son escenarios que no consideran los efectos de una posible salida de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los resultados de las elecciones presidenciales.
“Un escenario con resultados desfavorables en estos temas podría llevarnos incluso a la posibilidad de una tasa de crecimiento negativa en los próximos años”, advierte el CEESP.
De ahí que destaca que las autoridades deben asegurar un proceso electoral transparente y sobretodo, justificar la eficiencia de las elecciones con un costo históricamente alto. De acuerdo con cifras del presupuesto de egresos para 2018, al Instituto Nacional Electoral (INE) se le aprobaron recursos cercanos a 25 mil millones de pesos, 10 mil más de los que recibió durante el periodo electoral anterior (2012) y monto que representa casi 40 veces más el presupuesto destinado a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECCE), seis veces más que los recursos aprobados para la Secretaría del Trabajo y 20 veces más que el presupuesto asignado a la Función Pública.
De acuerdo con Transparencia Internacional, “sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad”.
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