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miércoles, 27 de diciembre de 2017

Advierte el Zeferino de mayor represión si la SCJN avala la Ley de Seguridad Interior

En los últimos meses se ha incrementado el número de comunidades y pueblos originarios desplazados por disputas de tierra y agua.

Diversos municipios atacados por líderes de Antorcha Campesina que han intentado, por medio de la violencia, de los suministros del vital líquido.

Varias comunidades que han sido despojadas de sus predios como consecuencia de intereses inmobiliarios y de infraestructura carretera y de negocios.


El coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), José Antonio Lara Duque, advirtió sobre el incremento de desplazamientos, encarcelamiento de líderes sociales y persecución contra defensores de derechos humanos si aprueban la Ley de Seguridad Interior que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista, el ombudsman mexiquense aseguró que en los últimos meses se ha incrementado el número de comunidades y pueblos originarios por disputas de tierra y agua, avaladas desde el gobierno mexiquense e impulsadas por un fuerte interés económico, entre los que se encuentran los extractores de minas, desarrollos inmobiliarios y grupos paramilitares vinculados con el priismo.

Ejemplificó el caso del Frente Mazahua en Defensa del Agua que desde aproximadamente diez años mantienen una lucha para obtener el valioso recurso que es transportado a través del Sistema del Río Cutzamala, el cual ha sido hostigado y perseguido. De igual manera, se encuentran diversos municipios atacados por líderes de Antorcha Campesina que han intentado, por medio de la violencia, de los suministros de agua.

Igual situación, comentó el abogado Lara Duque, se encuentran varias comunidades que han sido despojadas de sus predios como consecuencia de intereses inmobiliarios y de infraestructura carretera –promovidas por el gobernó mexiquense y grupos empresariales extranjeros (españoles) que han devastado zonas boscosas y zonas de cultivo. Muchas de estas acciones, acusó, son impulsadas desde las más altas esferas del gobierno federal y estatal.

Es por ello que –advirtió—en caso de entrar en vigencia la Ley de Seguridad Interior tememos que se va a recrudecer no solo la persecución contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como contra periodistas, sino también aumentará el número de desplazados, fenómeno que ya se vive en diversos estados del país, como es el caso de Chiapas.

En este último caso, lamentó que ninguna autoridad federal o estatal haya hecho algún pronunciamiento para investigar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos agraviados de esas comunidades que, ante la violencia que sufren, han tenido que internarse en la selva esperando la muerte como ya ha sucedido.

Lara Duque dijo que trabaja con otras organizaciones de derechos humanos para llevar una defensa de la soberanía y la democracia, así como el pleno respeto a las garantías individuales en organismos y tribunales internacionales, con el propósito de revertir este marco que regresará al poder de la élite militar que ya sabemos cómo ha gobernado otras naciones de Centro y Sur América, con el resultado de miles de desaparecidos.

“Resulta inconcebible que ahora los legisladores, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, han intentado promover dar plenos derechos y facultades al Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea para autorregularse y garantizar su desplazamiento y operación en todo el territorio sin rendir cuentas a nadie”.

No hemos aprendido la historia de ejecuciones extrajudiciales, abusos, tortura y desapariciones forzadas que se han vivido en el interior del país, incluido el Estado de México, y ahora pretender reforzar esta estrategia que también ha quedado comprobado que no funciona. Los índices de homicidios, ejecuciones, desapariciones, extorsiones y ataques a la paz pública no han descendido luego de que el Ejército salió de sus cuarteles.

Desde la sociedad civil, hago un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional esta ley y regrese a la normalidad jurídica y democrática a Estado mexicano, regresando a sus cuarteles a los soldados y, buscar otros mecanismos para enfrentar la grave crisis de inseguridad y falta del Estado de Derecho que México padece.

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