Sin embargo, investigaciones periodísticas han detectado depósitos del llamado departamento de sobornos de Odebrecht con destinos ligados a intereses mexicanos por al menos 16.5 millones de dólares.
No hay, hasta hoy, confirmación sobre si los 10.5 millones de dólares reconocidos por Odebrecht en diciembre en la causa por la que fue condenado en Estados Unidos, son parte de los 16.5 detectados por las investigaciones periodísticas.
¿Quiénes fueron los beneficiarios de esos sobornos? No se sabe a ciencia cierta. ¿A cambio de qué habrían sido esas 'mordidas'? Tampoco se sabe de manera oficial. ¿Están ligados funcionarios de Petróleos Mexicanos, y de qué nivel? Indicios genéricos reportados por la Secretaría de la Función Pública sí apuntan a colaboradores de Pemex, pero salvo que estaría involucrada la refinería de Tula no se conoce mayor detalle. ¿Se beneficiaron de esos sobornos políticos de partidos políticos, gubernaturas, alcaldías o gobierno federal? Cero información oficial sobre ello.
El silencio oficial ante esas y otras interrogantes diez meses después de que estallara el caso Odebrecht a nivel internacional, le ha pasado factura al gobierno mexicano. Por su parquedad, por su lerdo actuar, la administración Peña Nieto se ha convertido en sospechosa por omisión.
La estela de corrupción dejada por Odebrecht manchó procesos electorales a lo largo de Latinoamérica. Untar la mano que luego, desde el poder, estaría en capacidad de apoyar los intereses de la empresa brasileña, fue parte de su proceder. Nada original, pero sí indiscriminado: repitieron esquema desde Argentina hasta Colombia, pasando por Venezuela.
¿Y en México? En un país que cada año tiene elecciones que de un modo u otro resultan relevantes, soltar por aquí y por allá 'mordidas' hasta sumar 10.5 millones de dólares (el monto más bajo de los reportados), ¿pudo tener mejor destino que no fueran algunos comicios? Qué si no, son las campañas electorales el momento de apostar por favores futuros, legítimos y non sanctos.
Ante las dudas del gobierno federal, que no se decide sobre cómo proceder con lo que el exprocurador declaró hace dos semanas como una pesquisa concluida, Odebrecht será un fardo para el PRI en el siguiente proceso electoral.
El caso tendría que dar un giro demasiado dramático para que la narrativa cambie de sentido.
Porque hasta hoy el silencio priista contrasta con la postura del expresidente Felipe Calderón, que ha contestado al menos un largo cuestionario de prensa sobre lo que sabía o no sabía de las aventuras de Odebrecht en México, incluido el proyecto Etileno XXI, dominado por Braskem, filial petroquímica, también acusada de corrupción, de la empresa brasileña.
Por ello, o en muy pocos días sale una presa mayor de la chistera de la PGR, o no habrá forma de desmontar en la ciudadanía la suspicacia de que este gobierno optó por encubrir a los verdaderos protagonistas del escándalo. Y con ese sambenito recorrerían los tricolores la ruta electoral.
Un presidente que se queja de que la ciudadanía ve, sin fundamento según eso, actos de corrupción por doquier, tiene diez meses sin poder controlar el relato de a dónde fueron a parar 10.5 millones de dólares utilizados por Odebrecht, oficialmente, para sobornar en México. Eso sin mencionar que en realidad serían 16.5 millones de verdes en sobornos.
A menos de que crean que eso, el no controlar el relato y cargar el sambenito, sale más barato que reconocer la verdad.
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