El Juez de Distrito, Fernando Silva, concedió un amparo impulsado por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE) –área jurídica de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad– en contra de omisiones de BANOBRAS, el Comité Técnico del FONDIN –Fondo Nacional de Infraestructura- y el Órgano Interno de Control en CAPUFE, relacionadas con el indebido manejo de recursos públicos por más de mil millones de pesos.
En agosto de 2016, DILE presentó el juicio de amparo. La cuestión era sencilla: BANOBRAS concesionó a CAPUFE la administración de tramos carreteros. Es decir, CAPUFE debía cobrar el peaje y telepeaje de las carreteras y depositarlo mensualmente al FONDIN. Sin embargo, CAPUFE incumplió su obligación por más de un año al no depositar los recursos obtenidos del peaje al FONDIN que ascienden a más de mil millones de pesos. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Por qué este incumplimiento no le parecía a BANOBRAS lo suficientemente relevante como para iniciar acciones legales?
Mexicanos Contra la Corrupción tuvo acceso a documentos que acreditan un atraso en los depósitos del peaje al FONDIN por más de mil millones de pesos, y que incluso acreditan un daño patrimonial a las arcas públicas estatales. ¿Por qué no se había rescindido la concesión? ¿Por qué no se había sancionado a los servidores públicos responsables? Esto es lo que DILE demandó: que la autoridad tomara acciones sobre el indebido uso de recursos públicos, que se rescindiera la concesión a CAPUFE al estar acreditado que no es capaz de administrar correctamente el dinero público.
Lo resuelto por el Juez Fernando Silva representa una doble victoria para Mexicanos Contra la Corrupción:
1. Se reconoce, una vez más, que DILE tiene interés legítimo para promover este tipo de juicios para reclamar el indebido manejo de recursos públicos. Es decir, se reconoce el derecho a una participación activa de la sociedad civil en la defensa del derecho a un ambiente libre de corrupción.
2. Se ordena a BANOBRAS, al Comité Técnico del FONDIN y al Órgano Interno de Control de CAPUFE que inicien las acciones legales y mecanismos que corresponden ante el incumplimiento de CAPUFE y contra los servidores públicos responsables. Que le expliquen a la sociedad civil qué están haciendo para corregir el manejo irregular de recursos denunciado.
Esta sentencia puede ser combatida por las autoridades en una segunda instancia. Veremos en los próximos días si las autoridades acatarán la orden del Juez y corregirán las irregularidades u optarán por combatir la sentencia para pretender evadir sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos y omisiones.
Lo anterior constituye un gran paso en beneficio de la transparencia y el buen uso de recursos públicos, y así seguiremos: combatiendo la corrupción y la impunidad.
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