CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 1998 a la fecha, ha presentado en total 708 denuncias penales por actos de corrupción, de las cuales sólo 33 han terminado en consignaciones.
Esta cifra representa el 4.66 por ciento, lo cual quiere decir que el resto –es decir el 95.33 por ciento de esas denuncias penales– quedan en la impunidad.
En los últimos años, el ejercicio de revisión del uso de los recursos públicos ha adquirido relevancia.
Prueba de ello es que, en las últimas siete cuentas públicas, el número de auditorías que ha realizado la ASF ha crecido 74 por ciento, al pasar de 945, en 2009, a mil 643, en 2015.
Pese a que la revisión es cada vez más exhaustiva y, en consecuencia, aumenta el número de irregularidades, las denuncias penales por la ASF no tienen sanciones.
La Auditoría reportó, en respuesta a una solicitud de información realizada por El Financiero, que de las 708 denuncias penales presentadas, 477 están en integración del ministerio público, 33 han sido consignadas, 44 han concluido en el no ejercicio de la acción penal, 124, en reserva, y 30, con amparo.
Ante estas cifras, el pasado 25 de abril, la ASF, a cargo del contador público Juan Manuel Portal, firmó un convenio con la PGR, mediante el cual se busca crear capacidades y fijar conjuntamente detalles técnicos para integrar expedientes.
Lo anterior, en el marco de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y bajo la concepción de que ambas instituciones comparten el mismo objetivo de salvaguardar los intereses del Estado mexicano.
Además, la institución encargada del control externo de la administración pública federal hizo una propuesta formal al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que se discutan, de manera abierta y propositiva, las necesidades de los ministerios públicos en nuestro país, ya que es esencial que éstas sean satisfechas en el corto y mediano plazo.
De acuerdo con el último informe presentado por el auditor, de la Cuenta Pública 2015, “en gran medida, la brecha entre la procuración de justicia y las expectativas ciudadanas se explica por la falta de recursos humanos, financieros y materiales que enfrentan las instituciones responsables”.
“Si bien, las sanciones, aunque indispensables, no constituyen la totalidad de la solución del problema de la corrupción, hemos hecho esfuerzos institucionales por coordinarnos efectivamente con la entidad federal encargada de la procuración de justicia”, ha argumentado la ASF.
Por ello, esta institución, dentro del entorno sistémico que se ha diseñado para abordar los temas de fiscalización y corrupción, ha planteado que es preciso crear una estructura de colaboración entre distintos entes.
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