Fue en 2012 cuando el exgobernador planteó los riesgos económicos y sociales de este fenómeno, además de señalar a la transparencia gubernamental como principal antídoto.
Javier Duarte de Ochoa no pregonó con el ejemplo. En su tesis para obtener el grado de doctor en Economía, elaborada en 2012, cuando aún era gobernador de Veracruz, planteó los riesgos económicos y sociales de la corrupción.
Durante su administración, el veracruzano no atendió sus planteamientos y hoy está detenido por uno de los mayores actos de corrupción documentados en México, que derivaron en delitos de lavado y delincuencia organizada.
“La corrupción puede causar que falle la integridad del sistema, por lo que las regulaciones que el sector público imponga deben ser eficientes, ya que hay suficiente evidencia estadística de que la ineficiente regulación solamente promueve la corrupción”, señala Duarte en una de las citas al estudio Índice de Libertad Económica 2010, que incluyó en su tesis “La gestión de la política económica en un estado descentralizado: el caso de México”.
La tesis fue presentada ante la Facultad de Derecho (Departamento de Economía Aplicada), de la Universidad Complutense de Madrid, con asesoría del doctor Francisco Cabrillo Rodríguez. El texto, cuya copia tiene El Financiero, está compuesto de cuatro capítulos y tiene 384 páginas, en las que el exgobernador, detenido en Guatemala el 15 de abril pasado, menciona al menos 29 veces la palabra corrupción y describe su impacto.
“La corrupción puede hacer que en un país la ley no se aplique de manera igual a toda la población, esta situación mina la libertad económica porque introduce incertidumbre en las instituciones económicas, ya que éstas ofrecerán resultados no de conformidad con las reglas del mercado, sino debido a situaciones discrecionales de los involucrados en los actos de corrupción, que pueden ser tanto ciudadanos como gobiernos”, agrega.
Puso un “ejemplo sencillo” sobre la corrupción, en el que habla de la colusión entre un funcionario y un proveedor de insumos del gobierno, como pudiera ser la papelería o el equipo de cómputo.
“En este caso, un acto de corrupción creó un monopolio de manera artificial, y el resultado es que el agente privado vendería a precios más altos los suministros debido a que tiene que obtener el remanente monetario necesario para pagar el favor al funcionario, creando un claro perjuicio patrimonial para el sector público”, dice Duarte en este ejemplo, que es muy similar a la corrupción que él mismo cometió durante su gobierno (2010-2016).
Destaca que la corrupción disminuye la libertad económica de la sociedad, ya que este acto excluye de la posibilidad de suministrar bienes o servicios al gobierno a todos aquellos que no participen en estas componendas, por lo que disminuyen sus posibles clientes.
Asimismo, señala que uno de los antídotos a los actos de corrupción es la transparencia gubernamental, la cual debe establecer procedimientos de licitación de cualquier compra o concesión gubernamental, por ello plantea la necesidad de incluir un índice de transparencia gubernamental para un país subdesarrollado, como el caso de México.
En el apartado 4.5, Indicador de transparencia (página 135), Duarte señala que el derecho a la información tiene que verse como un aspecto fundamental de la globalización económica y la prevalencia de las economías de mercado, y uno de los derechos humanos más importantes a nivel mundial.
“La transparencia gubernamental es un pilar de cualquier democracia liberal. En cuanto a la libertad económica, tiene importantes efectos… Es una medida efectiva contra la corrupción”.
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