Los diputados locales aprobaron elevar las penas en varios delitos como la extorsión, a fin de que se castigue de 40 a 70 años de cárcel o prisión vitalicia a quienes se aprovechen de la relación de parentesco o laboral, para cometer ese delito, amenacen de muerte a la víctima, o extorsionen a un servidor público en funciones, electo o a un candidato a algún puesto de elección popular.
También agravaron las penas en delitos como el robo con violencia hasta a 12 años de prisión, el de casa habitación hasta a 16 años de prisión, pero si participan dos o más personas la pena aumentará de 2 a 5 años más; hasta 10 años a quienes invadan inmuebles, y 12 años a quienes dirijan esas acciones o instiguen a hacerlo.
Además, se señalan penas de hasta tres años de prisión a quienes asalten a cuenta habientes, o a quienes custodien el dinero, y si el robo es con violencia, se castigará hasta con 12 años de prisión, pero si el empleado de una institución financiera participa en la comisión de ese delito, además de la pena por robo, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y de 100 a 300 días multa.
Los diputados locales buscan inhibir la conducta de exigir pagos por "derecho de piso", amenazas o engaños telefónicos en el artículo 266 del Código Penal para aplicar la pena máxima a quienes incurran en esa acción ilícita aprovechando su relación de confianza o laboral, de parentesco o de negocios con la víctima; o cuando exijan dinero, contratos, empleos, cargos o comisiones, con la amenaza de que si no lo hacen le causarán daño a la víctima, a su familia o bienes.
A propuesta del Ejecutivo estatal ahora se castigará la extorsión a un servidor público en funciones, electo o a los candidatos a puestos de elección popular con penas de 40 a 70 años, y si el beneficio a obtener u obtenido proviene del erario público, la pena aumentará desde un tercio hasta una mitad más.
Otra innovación es que se señala como un sustitutivo penal el uso de brazaletes dentro del sistema de localización y rastreo cuando la pena no exceda de seis años de prisión, el sentenciado tenga un empleo, apoyo familiar o de la sociedad y no tenga procesos pendientes.
Además, hubo ajustes en los delitos contra el desarrollo urbano al señalar penas de hasta 10 años a fraccionadores ilegales y hasta 20 años a los servidores públicos que expidan licencias de uso de suelo sin que cumplir con los requisitos, emita o cambie permisos.
Las invasiones de predios, inmuebles, casas y comercios también serán castigadas con mayor rigor, pues las penas irán hasta los 10 años de prisión, pero para los autores intelectuales, hasta 12 años; además se incluye que las órdenes judiciales y solicitudes de audiencia sean digitales o en línea.
Además, se señala que la custodia de imputados detenidos puestos a disposición del juez en espera para que no sean ingresados a los penales para que no se mezclen con la población penitenciaria y se les destine a un área específica.(L)
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