La Auditoría Superior afirma que durante su cargo en la SEP prevaleció “la falta de políticas integrales”. (Archivo/Cuarto Oscuro)
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) salió reprobada en la aplicación del presupuesto para sus programas sociales, reportó ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2014, son siete las auditorías financieras por las cuales se determinaron recuperaciones posibles por dos mil 189 millones 369 mil pesos, entre las cuales se incluyen los programas de becas y las tabletas electrónicas.
En ese año –con Emilio Chuayffet al frente– en la SEP prevaleció “la falta de políticas integrales diseñadas a partir de los resultados de las evaluaciones de la calidad, pues las autoridades educativas no contaron con información suficiente, pertinente y confiable que apoye la toma de decisiones, lo cual incide en la calidad de la educación”.
Sobre las nuevas tecnologías, se señala que las tabletas electrónicas, programa que actualmente se encuentra en revisión, resultaron “deficientes e inoperables”, lo cual aumenta un costo para el usuario de hasta el 80 por ciento.
Además se encontraron pagos injustificados por la compra de los equipos. En total, se determinaron recuperaciones probables por 576 millones 873 mil pesos.
El órgano fiscalizador agrega que “los certificados instalados en las tabletas tienen una vigencia de dos años. No se cuenta con una estrategia definida para las acciones que se tomarán una vez que expiren, ya que cuando esto ocurra las tabletas podrían ser inoperables”.
Las mayores recuperaciones para la Tesorería se detectaron en el programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, por un total de mil 170 millones de pesos.
Estos apoyos tienen como objetivo “contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica por medio de estrategias centradas en la escuela, con el fin de apoyar al personal docente en la generación de condiciones de aprendizaje, con énfasis en lectura, escritura y matemáticas”.
Tampoco existe evidencias en los estados de las cuentas bancarias abiertas por las Secretarías de Educación locales para la transferencia de recursos del Programa, algunas de ella son “ilegibles y sin evidencia de que sean de tipo productivas”.
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