Para María de Lourdes Morales Canales, de la Red por la Rendición de Cuentas, actualmente la transparencia y la rendición de cuentas son armas políticas y no hay partido que diga que está en contra de ellas, por lo que es lógico que en las plataformas digan que existen mecanismos orientados a mejorar el acceso a la información y combatir la corrupción. Sin embargo, aunque en los últimos meses hubo avances significativos como la Ley General de Transparencia y la Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, aún quedan pendientes como la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos.
“En materia de combate a la corrupción la mayoría de los partidos coinciden en el diagnóstico: la corrupción daña profundamente a la sociedad, genera desigualdad y desafección política. ‘No podemos seguir tolerando prácticas de corrupción’ dicen todos, por ello es la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción es un gran avance, pero es sólo la construcción del cascarón de la que necesitamos, faltan los muros, las ventanas y las escaleras, todo al interior del entramado”, dijo.
La nueva Ley General de Transparencia retoma las mejores prácticas internacionales y nacionales y toma en consideración los diagnósticos de acceso a la información de centros especializados.
La ley introduce la prueba de daño y la prueba de interés para la reserva de información; crea 48 obligaciones comunes de transparencia y suma un total de 122 con las obligaciones específicas a todo ente que reciba recursos públicos incluidos los partidos, los grupos parlamentarios, los sindicatos, los fideicomisos públicos y las organizaciones de la sociedad civil; crea una plataforma nacional de transparencia que permite la gestión de solicitudes de información y se convierte en un medio de comunicación entre sujetos obligados y órganos garantes; regula la integración, organización y función del Sistema Nacional de Transparencia, lo cual permitirá que todos los ciudadanos de todas las entidades puedan acceder a la información.
Asimismo, Morales Canales urgió a los representantes de los partidos políticos a hacer compromisos para que la segunda parte de la reforma en materia de transparencia y las leyes faltantes sean discutidas de manera abierta en el Congreso de la Unión para evitar que “por la puerta de atrás” se autoricen mecanismos que vayan en contra de lo aprobado hasta ahora.
Además pidió a los partidos políticos un compromiso de que existirán procesos de selección apegados a los principios rectores para elegir a los comisionados; es decir, que sean personas con trayectoria y prestigio y que tengan conocimiento y sobre todo autonomía de los partidos políticos.
“Lo peor que podría pasar es crear Consejos sombras que le quiten o minen la autonomía de los órganos garantes de acceso a la información”, señaló.
Por último, afirmó que como el Sistema Nacional de Transparencia requerirá de recursos financieros, tecnológicos y humanos pidió la aprobación de un presupuesto acorde a estas nuevas exigencias.
Por su parte el Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez coincidió en que “tenemos como país un problema de corrupción” y que los partidos tienen un agenda común en relación con este tema y transparencia. Dijo que se reconocen al menos tres cosas en las exposiciones de los partidos en el tema de corrupción: “Es un reclamo de la sociedad en primer lugar, hay una percepción de la sociedad sobre los niveles de corrupción que imperan en México, que es muy difícil medir, muy difícil ponerle números [...] pero en todo caso hay un reconocimiento de que es una realidad”.
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