¿Por qué no le creemos al gobierno?

En un país con instituciones sólidas, este tipo de declaraciones serían suficientes para disipar dudas. Y es que las autoridades judiciales no se expondrían a mentir...

Por Leo Zuckermann
El problema de mentir y que se descubra es que luego es muy difícil recuperar la credibilidad. Es el costo de un gobierno dispuesto a encubrir la verdad. Es lo que está pasando con el caso de Tanhuato, Michoacán, que dejó un saldo de 43 muertos. Somos escépticos de la versión oficial porque nos mintieron en el caso de Tlatlaya.
El viernes pasado ocurrió algo muy grave cerca de Tanhuato. Eso es indudable por la cantidad de fallecidos. De acuerdo con Monte Alejandro Rubido, las fuerzas federales (policías, soldados y agentes de la PGR) arribaron a un rancho para realizar un operativo. Un comando de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, armado hasta los dientes, los habría recibido a balazos. Durante tres horas se habría dado un enfrentamiento con un saldo de 42 presuntos delincuentes y un policía muerto. La desproporcionalidad y la falta de heridos es sospechosa. ¿Tan eficaces son las fuerzas federales? ¿Todos los criminales muertos (salvo tres que fueron detenidos) y ningún herido?

Aunque el comisionado Nacional de Seguridad asegura que los “agresores” tenían una alta capacidad de fuego, la diferencia en muertos se explicaría “por la capacitación de las fuerzas de seguridad que tienen para enfrentar a grupos delincuenciales”. Y, según Rubido, existen pruebas periciales que comprobarían que sí hubo un enfrentamiento. A los cadáveres se les habría practicado la prueba de rodizonato de sodio saliendo positiva: todos habrían disparado dejando residuos de pólvora en sus cuerpos. Además se habrían efectuado “73 pruebas de Walker, que son las pruebas para medir la distancia desde donde se efectuaron los disparos, y si éstos fueron realizados a una distancia considerable de donde se encontraron los cuerpos”. Esto comprobaría que las fuerzas federales no habrían ejecutado a los presuntos delincuentes, como sí sucedió hace unos meses en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
En un país con instituciones sólidas, este tipo de declaraciones serían suficientes para disipar dudas. Y es que las autoridades judiciales no se expondrían a mentir poniendo en riesgo su credibilidad futura. Desgraciadamente no es el caso de México. Lo vimos en Tlatlaya. El 30 de junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que una patrulla del Ejército había tenido un enfrentamiento con presuntos delincuentes en ese municipio con un saldo de 22 muertos y un soldado herido. En Es la Hora de Opinar de FOROtv dudamos de la versión oficial. Un día después, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) nos envió un boletín, que leímos al aire, donde aseguraba que se habían practicado “entre otras diligencias, dictámenes periciales en materia de medicina legal, rodizonato de sodio, mecánica de hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres personas femeninas rescatadas en el lugar de los hechos”.

A partir de estas investigaciones concluían que hubo un fuego cruzado con un intercambio de disparos proporcional. “De acuerdo con el trayecto de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, la PGJEM no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución. Por lo anterior, la investigación arroja que los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”.
Hoy, gracias a las investigaciones de medios internacionales, organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sabemos que 15 de los 22 muertos fueron ejecutados por los soldados. Se habían rendido y los asesinaron. La Sedena se vio obligada a corregir su versión y consignó a los soldados “por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes”. La CNDH también informó que la PGJEM obstaculizó sus investigaciones. No entregaron, por ejemplo, las fotografías detalladas de los cadáveres que fueron ejecutados. Más aún, 20 funcionarios de esta institución habrían cometido “actos de tortura contra tres mujeres que estuvieron presentes el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya”.
Los gobiernos federales y mexiquense nos mintieron y los cacharon. Uno cosecha lo que siembra. Si hoy existen dudas por lo ocurrido en Tanhuato se debe a la siembra de mentiras en Tlatlaya.