La pena capital: ¿por qué no?

Intento contribuir con este artículo a la discusión sobre la pertinencia, necesidad o, incluso, obligación de retirarle el registro al Partido Verde. Un partido que gusta de estirar la liga, apostar a la impunidad y saberse protegido por ser parte de la coalición gobernante. Un partido proclive a provocar polémica porque sabe que dar la nota, aunque sea por actos de corrupción, es obtener propaganda gratuita.

María Amparo Casar

La discusión ha tomado direcciones que nos alejan del eje central del problema: el contenido de la ley, el deber de cumplirla y la obligación de la autoridad de no dejar impune su violación.

El grueso de la discusión ha girado en torno a dos asuntos. Uno, si corresponde al elector o a la autoridad electoral la decisión última de quién permanece como partido con derecho a representación en los órganos de elección popular. Dos, si las multas al Verde son o no efectivas porque los beneficios de violar la ley superan los costos.

Centrar el debate en el hecho de que al Verde le conviene seguir violando la ley en función de que el monto de las multas es menor al beneficio derivado del aumento en la preferencia electoral gracias a la propaganda ilegal, es perder el foco de lo que constituye el sentido de las leyes, el Estado de derecho y la cultura de la legalidad.

¿Se vale violar la ley de manera sistemática y no pagar las consecuencias, siempre y cuando los beneficios sean
demostrablemente menores a lo esperado? ¿Consejeros y magistrados van a seguir apelando a que sí se violó la ley, pero que el delito no fue determinante y, por tanto, debemos dejarlo pasar o cuando menos castigarlo por debajo de lo que marca la norma? La pedagogía es peligrosa. Las leyes existen para algo: para normar la conducta y poder vivir más o menos en paz; para evitar el abuso y sustraerse a la ley de la selva.

El otro argumento sobre el cual ha girado el debate es que la legislación señala una vía de entrada y una de salida de la arena político-electoral: la de entrada es haber cumplido los requisitos que exige la legislación electoral. La de salida es la no obtención del porcentaje de votos que exige la legislación electoral para mantener el registro. Ninguna de las dos es automática. Los requisitos están en la Constitución y en la ley, pero en ambos es facultad y obligación del INE tomar la decisión sobre si se está cumpliendo o no la norma antes de otorgar el registro o antes de extender la constancia de ganador.

Ahora se argumenta que el INE no debe quitar el registro al Verde porque esa facultad corresponde al elector y no a una decisión administrativa. La pregunta es por qué recurrir a la ley de manera selectiva. ¿Por qué sí utilizar la facultad y la norma para impedir el derecho a competir —por ejemplo, cuando se le negó el registro al Partido Social Demócrata o Fuerza Ciudadana en 2002— y para verificar el porcentaje de votos obtenidos, pero no para deliberar y decidir si un partido —el Verde— ha violado de manera sistemática la ley electoral? La sobrevivencia de un partido depende de la combinación del apego a las leyes y el voto ciudadano. No puede ser de otra manera.

Fueron los legisladores los que hicieron una ley llena de absurdos y con castigos que nadie se atreve a imponer, pero toca a consejeros y magistrados debatir sobre su significado. La ley debe interpretarse, pero las autoridades están obligadas a deliberar y explicar cuándo sí o cuándo no se configura un delito y la sanción que corresponde.

Toca a ellos fundamentar una resolución, hacer una deliberación pública y explicarnos por qué consideran que el Verde no ha violado la norma electoral ni de manera grave ni sistemática y que, por tanto, no merece la pena capital. Y, si no fuera mucho pedir, podrían debatir también qué significa “incumplir de manera grave y sistemática” porque existen todos los indicios de que, además del Verde, Morena también ha violado de manera grave y sistemática la norma electoral con actos anticipados de campaña por aire y tierra.

No coincido que 200 mil firmas o un millón de ellas deban llevar a la decisión de retirar el registro al Verde. La medida se asemejaría a la figura de revocación de mandato que, por fortuna, no tenemos. Sería una especie de democracia plebiscitaria que a muchos resultados autoritarios ha llevado.

El valor de las firmas reside en la llamada de atención a una conducta que los propios consejeros y magistrados han calificado de ilegal, desafiante y recurrente. Llama la atención sobre un problema mayor al que las autoridades electorales —las que con razón nos recuerdan a toda hora el valor de la democracia deliberativa y la importancia de estar informados— no han respondido con una explicación sobre su proceder.

Al no hacerlo permiten que el tribunal de los medios haga su juicio y la tribuna de las redes sociales demande lo que a su leal saber y entender es el castigo merecido. Si no pueden o no deben imponer la pena capital, que nos digan por qué.