“El que no transa, no avanza…”

Las mordidas, para acceder o facilitar 35 trámites, alcanzaron los 35 mil millones de pesos en 2014. Es decir: se registraron 200 millones de actos de corrupción.

Francisco Garfias

Son datos duros, citados por la panista Marcela Torres Peimbert, que ilustran la cultura de la transa que tiene a México bien ubicado en el tablero mundial de la corrupción.

En 2014, ocupamos el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el Índice de Estado de derecho 2014, del World Justice Project, destacó la senadora en la tribuna de la Cámara alta.

Las mordidas, para acceder o facilitar 35 trámites, alcanzaron los 35 mil millones de pesos ese año. Es decir: se registraron 200 millones de actos de corrupción.

El CCE ha señalado que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos al año, cifra que constituye 10% del PIB.
Esta cantidad representa 45 veces el presupuesto de la UNAM; o 1.9 veces el presupuesto para salud, incluyendo al IMSS y al ISSSTE.

La calificación de México en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, varía, entre 3.3 y 3.7, en una escala de 10.

• Los datos de Marcela ilustran que la idea de “el que no transa, no avanza”, está tan arraigada en amplios sectores de la sociedad, como aquella que refleja el cinismo al que la impunidad nos tiene acostumbrados: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

Casos como el de la Casa Blanca, la Línea 12 del Metro o la Estela de Luz reflejan que la corrupción no tiene colores ni estatus social.

No son sólo los políticos o las policías. También los contratistas, los que prestan aviones o financian campañas a cambio de favores ulteriores, los que dan o reciben moches o mordidas, el que paga por acelerar un trámite, el que inflafacturas.

Ejemplos sobran. Podríamos llenar la columna.

• El Congreso aprobó ayer el cacareado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Incluye 14 cambios a la Constitución. Tiene que ser aprobado por la mayoría de los Congresos locales antes de publicarse en el Diario Oficial.

Hay gobernadores que ofrecen resistencias a nombre de la soberanía. Fuentes legislativas que participaron en las negociaciones nos dicen el pecado, pero no el pecador.

El SNA faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar en qué gastan los gobiernos estatales y municipales las participaciones federales.

Se crea una Fiscalía Anticorrupción con un prietito en el arroz. Su titular dependerá del fiscal general (hoy procurador general de la República). La ASF podrá hacer auditorías en tiempo real y revisar ejercicios fiscales anteriores.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa queda facultado para imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.

Se amplía la prescripción de las faltas administrativas graves a siete años.

Se establece la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonial por parte de los servidores públicos.

Suena bonito. Es un avance, pero no es la panacea. Falta la fórmula para cambiar la condición humana y ésa no la tienen los legisladores.

• El nombramiento de Blanca Lilia Ibarra como directora del Canal del Congreso ya apareció en la Gaceta Parlamentaria. Aún no la llaman para darle posesión del cargo. “El balón no está en mi cancha”, reconoció la otrora encargada de la transparencia en Puebla.

Blanca enfrenta un doble obstáculo. Uno es el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. No la quiere por el rigor que mostró cuando trabajó por la transparencia en la entidad.

Otro es Javier Corral. El senador del PAN le reconoce atributos, pero cuestiona su legitimidad. Fue elegida con el voto de calidad de la diputada del PRI,Martha Gutiérrez, en una elección que terminó con un triple empate a dos.

• El Infonavit tomó cartas en el asunto de las viviendas abandonadas. Más de 100 mil en el territorio nacional. No es tema menor. El fenómeno involucra a la delincuencia organizada, que las utiliza como casas de seguridad. Otras las ocupan paracaidistas.

En el mejor de los casos, las utilizan como basureros con todo lo que eso implica para los trabajadores que viven en la misma unidad habitacional.

Alejandro Murat, director de la institución, se ha reunido con legisladores para dotarse de instrumentos legales que faciliten su recuperación. “Lo estamos trabajando con esta Legislatura”, asevera.

La bronca es que sólo le quedan nueve días al último periodo ordinario en la presente Legislatura. Hay otros temas que acaparan la atención del Congreso. Si no hay milagro, Alejandro tendrá que trabajar con la siguiente Legislatura, cuya composición se perfila contraria al partido en el gobierno.