“El que no transa, no avanza…”

Las mordidas, para acceder o facilitar 35 trámites, alcanzaron los 35 mil millones de pesos en 2014. Es decir: se registraron 200 millones de actos de corrupción.

Francisco Garfias

Son datos duros, citados por la panista Marcela Torres Peimbert, que ilustran la cultura de la transa que tiene a México bien ubicado en el tablero mundial de la corrupción.

En 2014, ocupamos el lugar 77 de 99 países en materia de sobornos, según el Índice de Estado de derecho 2014, del World Justice Project, destacó la senadora en la tribuna de la Cámara alta.

Las mordidas, para acceder o facilitar 35 trámites, alcanzaron los 35 mil millones de pesos ese año. Es decir: se registraron 200 millones de actos de corrupción.

El CCE ha señalado que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos al año, cifra que constituye 10% del PIB.
Esta cantidad representa 45 veces el presupuesto de la UNAM; o 1.9 veces el presupuesto para salud, incluyendo al IMSS y al ISSSTE.

La calificación de México en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, varía, entre 3.3 y 3.7, en una escala de 10.

• Los datos de Marcela ilustran que la idea de “el que no transa, no avanza”, está tan arraigada en amplios sectores de la sociedad, como aquella que refleja el cinismo al que la impunidad nos tiene acostumbrados: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

Casos como el de la Casa Blanca, la Línea 12 del Metro o la Estela de Luz reflejan que la corrupción no tiene colores ni estatus social.

No son sólo los políticos o las policías. También los contratistas, los que prestan aviones o financian campañas a cambio de favores ulteriores, los que dan o reciben moches o mordidas, el que paga por acelerar un trámite, el que inflafacturas.

Ejemplos sobran. Podríamos llenar la columna.

• El Congreso aprobó ayer el cacareado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Incluye 14 cambios a la Constitución. Tiene que ser aprobado por la mayoría de los Congresos locales antes de publicarse en el Diario Oficial.

Hay gobernadores que ofrecen resistencias a nombre de la soberanía. Fuentes legislativas que participaron en las negociaciones nos dicen el pecado, pero no el pecador.

El SNA faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar en qué gastan los gobiernos estatales y municipales las participaciones federales.

Se crea una Fiscalía Anticorrupción con un prietito en el arroz. Su titular dependerá del fiscal general (hoy procurador general de la República). La ASF podrá hacer auditorías en tiempo real y revisar ejercicios fiscales anteriores.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa queda facultado para imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.

Se amplía la prescripción de las faltas administrativas graves a siete años.

Se establece la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonial por parte de los servidores públicos.

Suena bonito. Es un avance, pero no es la panacea. Falta la fórmula para cambiar la condición humana y ésa no la tienen los legisladores.

• El nombramiento de Blanca Lilia Ibarra como directora del Canal del Congreso ya apareció en la Gaceta Parlamentaria. Aún no la llaman para darle posesión del cargo. “El balón no está en mi cancha”, reconoció la otrora encargada de la transparencia en Puebla.

Blanca enfrenta un doble obstáculo. Uno es el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. No la quiere por el rigor que mostró cuando trabajó por la transparencia en la entidad.

Otro es Javier Corral. El senador del PAN le reconoce atributos, pero cuestiona su legitimidad. Fue elegida con el voto de calidad de la diputada del PRI,Martha Gutiérrez, en una elección que terminó con un triple empate a dos.

• El Infonavit tomó cartas en el asunto de las viviendas abandonadas. Más de 100 mil en el territorio nacional. No es tema menor. El fenómeno involucra a la delincuencia organizada, que las utiliza como casas de seguridad. Otras las ocupan paracaidistas.

En el mejor de los casos, las utilizan como basureros con todo lo que eso implica para los trabajadores que viven en la misma unidad habitacional.

Alejandro Murat, director de la institución, se ha reunido con legisladores para dotarse de instrumentos legales que faciliten su recuperación. “Lo estamos trabajando con esta Legislatura”, asevera.

La bronca es que sólo le quedan nueve días al último periodo ordinario en la presente Legislatura. Hay otros temas que acaparan la atención del Congreso. Si no hay milagro, Alejandro tendrá que trabajar con la siguiente Legislatura, cuya composición se perfila contraria al partido en el gobierno.

México en corrupción es el lugar 103 de 174

Obtiene el promedio para más de dos terceras partes de los países en el mundo; Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, los de mejor calificación

México.- México quedó ubicado en el sitio 103 entre 174 países calificados en la lista anual de percepciones de corrupción divulgada ayer por la organización Transparencia Internacional (TI).

La calificación de México, de 35 puntos, es en términos reales el promedio para más de dos terceras partes de los países analizados. En la misma calificación de México se encuentran Bolivia y Moldavia, China, Argelia y Surinam tienen 36, en tanto que Argentina, Yibuti e Indonesia, acreditan 34 puntos.

Una calificación pobre es probablemente una señal de la prevalencia de cohecho, falta de castigo por corrupción e instituciones públicas que no responden a las necesidades ciudadanas”, indicó Transparencia Internacional.

El grupo expresó alarma porque “ningún país obtiene una calificación perfecta y más de dos terceras partes quedó por debajo de 50 en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio)”.

Para TI, “la corrupción es un problema para todas las economías” y llamó a los principales centros financieros de la Unión Europea y Estados Unidos para actuar de acuerdo con las economías de rápido crecimiento y evitar que los corruptos queden impunes.

Los países más limpios son Dinamarca, con una puntuación de 92, seguida por Nueva Zelanda con 91, Finlandia con 89, y Suecia con 87

La organización señaló que algunas de las consecuencias de la corrupción del sector público son “escuelas pobremente equipadas, medicinas falsificadas y elecciones decididas por el dinero”.

Cohechos y tratos oscuros “no sólo roban recursos de los más vulnerables, sino socavan justicia y desarrollo económico, y destruyen confianza pública en el gobierno y los líderes”, puntualizó.

Para José Ugaz, presidente de TI, el informe “muestra que el crecimiento económico se debilita y los esfuerzos para detener la corrupción se desvanecen cuando los líderes y funcionarios de alto nivel abusan del poder para apropiarse de fondos públicos para beneficio personal”.

La lista 2014 es la vigésima edición del trabajo sobre percepciones de corrupción que elabora Transparencia, un grupo fundado originalmente en 1993 por exempleados del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la meta de buscar más responsabilidad de los gobiernos y funcionarios en el manejo de recursos.

Los países latinoamericanos mejor posicionados fueron Chile y Uruguay

De acuerdo con el análisis, los países más limpios son Dinamarca, con una puntuación de 92, seguida por Nueva Zelanda con 91, Finlandia con 89, y Suecia con 87. Canadá tuvo 81 puntos, Alemania 79, Gran Bretaña 78, Japón 76 y Estados Unidos 74.

Los países latinoamericanos mejor posicionados fueron Chile y Uruguay, con 73 puntos, seguidos por Bahamas (71), San Vicente y Granadinas (67), España (60), Costa Rica (54) y Cuba (46).

Los países integrantes del grupo conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India y China) fueron singularizados en el reporte, toda vez que la puntuación de China cayó de 40 en 2013 a 36 en 2014, a pesar de que el gobierno chino puso en marcha una campaña contra funcionarios públicos corruptos.

En enero pasado, documentos filtrados revelaron que 22 mil prominentes personajes de China continental y Hong Kong, incluso de alto nivel gubernamental, tenían cuentas en el exterior.

La corrupción y el lavado de dinero también son un problema para los demás países BRIC”, apuntó el informe, al aludir a los escándalos político por cohecho registrados alrededor de Petrobras en Brasil (que anota 43); el uso de cuentas bancarias en las Islas Mauricio (54) por personajes de India (38) y rusos (27) que hacen lo mismo en Chipre (63).

Ante corrupción, sistema nacional y no solo fiscalía

Llaman a evitar errores del pasado y dotar a la nueva dependencia de herramientas para sancionar a empleados públicos y privados

Para combatir la corrupción no se requiere solo de una fiscalía anticorrupción, es necesario crear un sistema nacional que combata y coordine el trabajo de las instituciones responsables, de lo contrario no se verán las mejoras prometidas con las reformas, porque éstas se aplicarán con mecanismos corruptos, coincidieron ONG y especialistas en la materia.

Agregaron que en el pasado las medidas anticorrupción fracasaron porque solo han sido establecidas por “voluntad política” sin reformar el marco jurídico, para que exista una labor de coordinación entre las instancias responsables de atender los casos de corrupción de los funcionarios, afirmaron legisladores, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.

La organización Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.

La diputada panista Elizabeth Yáñez, quien fue subsecretaría de Responsabilidades Administrativas en la Secretaría de la Función Pública en el sexenio pasado, consideró que se requiere “armar un organismo muy poderoso que no solamente rescate todo lo que se dispersó y destruyó de la Función Pública, sino que se le den más facultades, más fortaleza y herramientas para que sea más efectiva.

Expresó su preocupación que con la propuesta de una fiscalía contra la corrupción “el mensaje que estoy oyendo es que el PRI está pensando que con esa fiscalía ya se soluciona el problema de combatir la corrupción y la sanción administrativa de los funcionarios públicos y eso no es cierto, porque se dejaría un gran hueco en el área administrativa”.

Marco Fernández, profesor del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, consideró que no se observa una verdadera articulación de un sistema de combate a la corrupción, más allá de cambiarle el nombre y de darle autonomía frente al Ejecutivo a la nueva fiscalía.

Para que funcione se requieren cambios al marco jurídico secundario, porque actualmente se tiene una fiscalía especializada de delitos de funcionarios públicos que está dentro de la PGR y de la cual se desconoce el trabajo realizado. Lo que se necesita, dijo, no solo es un cambio “cosmético” de nombre sino que la nueva fiscalía cuente con herramientas suficientes para sancionar con eficacia a los servidores y también a los privados.

Explicó que para evitar que suceda como en el pasado, donde se realizaron reformas y se concesionaron las carreteras; sin embargo, éste fue un fracaso y el Estado las rescató y a nadie se le investigó por corrupción, por eso “debemos aprender para no caer dos veces en el mismo hoyo”.

Recordó que desde hace dos años el gobierno anunció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y no se ha podido establecer el órgano anticorrupción, esto consideró porque no es un tema prioritario para la actual administración que lo ve solo como un problema cultural.

Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, aseguró que la lucha anticorrupción se da en distintos ámbitos, en el control de la gestión gubernamental, la fiscalización y las sanciones administrativas.

Sostuvo que los problemas se centran en que el marco jurídico es muy deficiente, por eso requiere de una revisión a fondo a efecto de articular y hacer eficiente las instancias de evaluación, control, sanción, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

“Mientras no se considere el problema con la complejidad que amerita, estaremos en un limbo jurídico, escenario favorable para quienes se enriquecen del dinero público”, advirtió.

Si la fiscalía anticorrupción solo atendiera procesos penales, para ello se requieren insumos de los Órganos Internos de Control, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación también requieren fortalecerse, pero “hasta el momento no hay procesos legislativos sólidos que corrijan las principales deficiencias que existen en materia de rendición de cuentas y sanciones”.
Actualmente, todas estas instancias, consideró, están fragmentadas y no realizan una labor sistemática, porque no hay fundamento legal que sustente la coordinación de acciones entre instancias de fiscalización, o que permitan la entrega de informes y resultados oportunos para que puedan hacerse investigaciones en tiempo real.

Recordó que las evaluaciones no impactan sólidamente en la elaboración del presupuesto de egresos y los hallazgos de la Auditoría Superior: “Por escandalosos que puedan ser no garantizan que serán sancionados administrativa o penalmente los responsables.

“Los informes que emite la Auditoría por disposición Constitucional se entregan a los dos años del ejercicio fiscal que se audita y muchas veces estos informes son los insumos para poder sancionar administrativa o penalmente y su tardanza dificulta mucho la aplicación efectiva de la ley”, detalló.

Eduardo Bohórquez, de la organización Transparencia Mexicana, destacó que la fiscalía contra la corrupción tiene que ser una de las varias piezas que requiere un sistema nacional anticorrupción, porque en la actualidad uno de los eslabones más débiles es la Procuraduría General de la República.

País de corruptos… y corruptores

90% de la población ve a la policía como lo más podrida

México, DF.- Los golpes y los gritos despertaron a Carmela, de 50 años. Venían del piso de arriba de su casa, en donde vivía su hijo. Al subir, encontró al joven de 27 años de edad golpeado por agentes de la policía, quienes lo sacaron de su casa y se lo llevaron a un cuartel. Después exigieron pago por su liberación.

El caso, relatado en el informe Barómetro Global de la Corrupción 2013 de la organización Transparencia Internacional, sucedió en Venezuela. Pero de acuerdo con la Organización No Gubernamental (ONG) bien pudo haber pasado en México, un país en el que el 90% de los habitantes considera que la policía es extremadamente corrupta.

Y un país en el que, por el otro lado, el 61% aceptó haber sobornado a un policía. Con tan mala fama, arriba de la que tiene la policía mexicana, sólo se ubican los partidos políticos. Esa es la institución más corrupta en el país. En el tercer puesto se ubican los funcionarios públicos.

El estudio revela que el Ejército mexicano no figura entre los entes con mayores índices de corrupción. Pero suficiente con los anteriores: los partidos, los poderes ejecutivos y las fuerzas del orden público son los que detentan, en los hechos, el poder.

La lista de los más corruptos del país realmente asusta:

Partidos políticos 91%
Policía 90%
Funcionarios públicos 87%
Poder judicial 80%
Poder legislativo 83%
Medios de comunicación 55%
Sector privado y empresas 51%
Organizaciones religiosas 43%
Sistema educativo 43%
Organizaciones No Gubernamentales 43%
Sector salud 42%
Ejército 42%

Partidos Políticos

El informe muestra que existe una crisis de confianza en la política y serias dudas respecto de la capacidad de las instituciones responsables de llevar a quienes delinquen ante la justicia.

En 51 países de todo el mundo, se considera a los partidos políticos como la institución más corrupta. El 55 por ciento de los encuestados creen que el gobierno responde a intereses particulares. A nivel mundial, el Barómetro Global de la Corrupción destaca entre los 51 países que consideran a los partidos políticos como la institución más corrupta, se encuentra México, junto con Nigeria, Grecia y Nepal.

Una de las razones, según explica Transparencia Internacional, es que los partidos políticos requieren dinero para ejecutar sus campañas y uno de los grandes campos de cultivo para la corrupción es la manera en la que se financian.

Los políticos pueden actuar de manera ejemplar difundiendo sus declaraciones patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Por su parte, los partidos políticos y los candidatos individuales deben dar a conocer dónde obtienen sus fondos para que no haya dudas respecto de quiénes los financian y se puedan identificar posibles conflictos de interés, afirma Huguette Labelle, Presidenta de la organización internacional.

Sobornos

El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114 mil personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial. El 27% de los entrevistados dijo haber pagado un soborno al acceder a servicios públicos e instituciones durante los últimos 12 meses, y esto revela que no hubo una mejora respecto de encuestas anteriores.

Sin embargo, casi 9 de cada 10 personas encuestadas señalaron que estarían dispuestas a actuar contra la corrupción, y dos tercios de aquellos a quienes se les pidió el pago de un soborno se habían negado a hacerlo, lo que sugiere que los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial deben intensificar sus esfuerzos para conseguir que las personas contribuyan a revertir la corrupción.

“Los índices de pago de sobornos a nivel mundial continúan siendo sumamente altos, pero las personas creen que tienen la capacidad de detener la corrupción y una proporción significativa está dispuesta a combatir el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno”, explicó Labelle.

Según el Índice Nacional de buen Gobierno y corrupción–realizado en 2010 por Transparencia Mexicana– en México, el gasto por ingreso en sobornos o “mordidas” en familias pobres tiene un efecto directo. De acuerdo con este estudio, el soborno es la experiencia más directa sobre la corrupción para una persona.

En México 33% de la población encuestada aceptó haber ofrecido dinero a cambio de algún servicio. El costo de este tipo de compra tiene un efecto regresivo en la sociedad mexicana, pues afecta principalmente a las familias pobres.

En promedio, se gasta 14% del gasto familiar en este tipo de corrupción y, para los núcleos más vulnerables financieramente, la proporción se eleva a 33 por ciento. Si bien el pago de sobornos en México y el mundo es muy alto, TI asegura que los ciudadanos están dispuestos ha efectuar acciones contra ello. Ocho de cada 10 mexicanos piensan que cualquier ciudadano puede hacer un cambio en la lucha contra la corrupción y sólo uno de cada 10 mexicanos afirmó que no reportaría un incidente de este tipo.

Dispuestos a cambiar en México, siete de cada diez ciudadanos consideran que la corrupción de autoridades y policías ha aumentado significativamente en los últimos dos años. Según los resultados, México junto con Argentina son los dos países del continente en los que más del 70% de sus ciudadanos consideran que los niveles de corrupción han aumentado considerablemente.

Huguette Labelle destaca que aunque el Barómetro Global de la Corrupción 2013 pone de manifiesto que en demasiados países las personas no tienen confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y otros delitos, casi 9 de cada 10 personas encuestadas señalaron que estarían dispuestas a actuar contra la corrupción, y dos tercios de aquellos a quienes se les pidió el pago de un soborno se habían negado a hacerlo, lo que sugiere que los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial deben intensificar sus esfuerzos para conseguir que las personas contribuyan a revertir la corrupción.

“Los gobiernos deben considerar seriamente este repudio a la corrupción por parte de la ciudadanía y responder con medidas concretas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas”, indicó Labelle. “Se necesita un liderazgo contundente especialmente por parte de los gobiernos del G20. En los 17 países del G20 incluidos en la encuesta, el 59 por ciento de los encuestados opinaron que su gobierno no está actuando adecuadamente para combatir la corrupción”, dijo.