Para combatir la corrupción no se requiere solo de una fiscalía anticorrupción, es necesario crear un sistema nacional que combata y coordine el trabajo de las instituciones responsables, de lo contrario no se verán las mejoras prometidas con las reformas, porque éstas se aplicarán con mecanismos corruptos, coincidieron ONG y especialistas en la materia.
Agregaron que en el pasado las medidas anticorrupción fracasaron porque solo han sido establecidas por “voluntad política” sin reformar el marco jurídico, para que exista una labor de coordinación entre las instancias responsables de atender los casos de corrupción de los funcionarios, afirmaron legisladores, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
La organización Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.
La diputada panista Elizabeth Yáñez, quien fue subsecretaría de Responsabilidades Administrativas en la Secretaría de la Función Pública en el sexenio pasado, consideró que se requiere “armar un organismo muy poderoso que no solamente rescate todo lo que se dispersó y destruyó de la Función Pública, sino que se le den más facultades, más fortaleza y herramientas para que sea más efectiva.
Expresó su preocupación que con la propuesta de una fiscalía contra la corrupción “el mensaje que estoy oyendo es que el PRI está pensando que con esa fiscalía ya se soluciona el problema de combatir la corrupción y la sanción administrativa de los funcionarios públicos y eso no es cierto, porque se dejaría un gran hueco en el área administrativa”.
Marco Fernández, profesor del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, consideró que no se observa una verdadera articulación de un sistema de combate a la corrupción, más allá de cambiarle el nombre y de darle autonomía frente al Ejecutivo a la nueva fiscalía.
Para que funcione se requieren cambios al marco jurídico secundario, porque actualmente se tiene una fiscalía especializada de delitos de funcionarios públicos que está dentro de la PGR y de la cual se desconoce el trabajo realizado. Lo que se necesita, dijo, no solo es un cambio “cosmético” de nombre sino que la nueva fiscalía cuente con herramientas suficientes para sancionar con eficacia a los servidores y también a los privados.
Explicó que para evitar que suceda como en el pasado, donde se realizaron reformas y se concesionaron las carreteras; sin embargo, éste fue un fracaso y el Estado las rescató y a nadie se le investigó por corrupción, por eso “debemos aprender para no caer dos veces en el mismo hoyo”.
Recordó que desde hace dos años el gobierno anunció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y no se ha podido establecer el órgano anticorrupción, esto consideró porque no es un tema prioritario para la actual administración que lo ve solo como un problema cultural.
Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, aseguró que la lucha anticorrupción se da en distintos ámbitos, en el control de la gestión gubernamental, la fiscalización y las sanciones administrativas.
Sostuvo que los problemas se centran en que el marco jurídico es muy deficiente, por eso requiere de una revisión a fondo a efecto de articular y hacer eficiente las instancias de evaluación, control, sanción, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
“Mientras no se considere el problema con la complejidad que amerita, estaremos en un limbo jurídico, escenario favorable para quienes se enriquecen del dinero público”, advirtió.
Si la fiscalía anticorrupción solo atendiera procesos penales, para ello se requieren insumos de los Órganos Internos de Control, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación también requieren fortalecerse, pero “hasta el momento no hay procesos legislativos sólidos que corrijan las principales deficiencias que existen en materia de rendición de cuentas y sanciones”.
Actualmente, todas estas instancias, consideró, están fragmentadas y no realizan una labor sistemática, porque no hay fundamento legal que sustente la coordinación de acciones entre instancias de fiscalización, o que permitan la entrega de informes y resultados oportunos para que puedan hacerse investigaciones en tiempo real.
Recordó que las evaluaciones no impactan sólidamente en la elaboración del presupuesto de egresos y los hallazgos de la Auditoría Superior: “Por escandalosos que puedan ser no garantizan que serán sancionados administrativa o penalmente los responsables.
“Los informes que emite la Auditoría por disposición Constitucional se entregan a los dos años del ejercicio fiscal que se audita y muchas veces estos informes son los insumos para poder sancionar administrativa o penalmente y su tardanza dificulta mucho la aplicación efectiva de la ley”, detalló.
Eduardo Bohórquez, de la organización Transparencia Mexicana, destacó que la fiscalía contra la corrupción tiene que ser una de las varias piezas que requiere un sistema nacional anticorrupción, porque en la actualidad uno de los eslabones más débiles es la Procuraduría General de la República.
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