Los inculpados pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y a la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
En un comunicado, la dependencia informó que ocho inculpados se desempeñaban como policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal que resguardaban a las personas que fueron trasladadas de San Salvador Atenco y de Texcoco al penal estatal de Almoloya de Juárez los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Dichas personas están acusadas de permitir actos de tortura sobre 12 víctimas, detalló la PGJEM.
Otros 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres que en ese momento estaban detenidas y que presuntamente conocieron de los actos de los policías y no los denunciaron formalmente.
La procuraduría expuso que otro inculpado fungía como agente del Ministerio Público que cuando estuvo a cargo de la investigación no indagó sobre la posible tortura.
La procuraduría mexiquense ejercitó acción penal contra esas personas y hasta el momento el juzgador ha dictado formal prisión por el delito de tortura contra los ocho policías detenidos.
Precisó que este fin de semana el juzgador definirá la situación jurídica de los 11 médicos legistas y del agente del Ministerio Público restantes.
Estos casos se suman a los de dos policías que actualmente son procesados por tortura en el penal de Almoloya de Juárez.
BOLETÍN DE PRENSA
del Gobierno del Estado de México
17/10/2014, Toluca
Toluca, México, a 17 de octubre de 2014.-Con motivo de dos órdenes de aprehensión emitidas por el Juez Penal de Primera Instancia en Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, la primera por el delito de tortura por omisión y la segunda por los delitos de tortura equiparada y encubrimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo y puso a disposición del juez a 20 servidores públicos y ex servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y de la misma procuraduría, para que se siga el proceso penal respectivo.
Ocho inculpados eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal que resguardaron a las personas que fueron trasladadas de San Salvador Atenco y de Texcoco al penal estatal de Almoloya los días 3 y 4 de mayo de 2006, y sobre los cuales existe la imputación, sujeta a comprobación, de que permitieron actos constitutivos de tortura sobre doce víctimas.
Once inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres que en ese momento estaban detenidas y que presuntamente conocieron de los actos de los policías y no los denunciaron formalmente.
Un inculpado se desempeñaba como agente del ministerio público que cuando llevó a cabo la investigación no indagó sobre la posible tortura.
Después de una exhaustiva investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de estas personas y hasta el momento el juzgador ha dictado formal prisión por el delito de tortura en contra de los ocho policías detenidos.
Este fin de semana el juzgador definirá la situación jurídica de los once médicos legistas y del agente del ministerio público restantes.
Estos casos se suman a los de dos policías que actualmente son procesados por el delito de tortura en el penal de Almoloya de Juárez.
El Gobierno del Estado de México, a través de la Procuraduría General de Justicia, reitera su compromiso de hacer prevalecer el estado de derecho en todos los asuntos de su competencia.
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