La tragedia de Iguala fue como un bofetón que sacudió la conciencia nacional y cayó como un balde de agua fría a la clase política que depreda año con año los recursos públicos y que ya se preparaba para competir por las 500 diputaciones y siete gubernaturas que son el pastel que se repartirán en las elecciones intermedias de 2015.
El impacto de las desapariciones forzadas que por órdenes de Guerreros Unidos perpetraron los policías de Iguala y Cocula provocó que hasta Enrique Peña Nieto y su gobierno cambiaran totalmente su discurso ante esos terribles hechos; de haber dejado el asunto en un primer momento como responsabilidad única del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en tres semanas el Presidente pasó a reconocer la “debilidad institucional” en varios estados y a plantear que las búsqueda de los 43 estudiantes “pone a prueba” al Estado y la sociedad mexicanos.
Los medios internacionales pasaron de comentar las reformas estructurales a poner la lupa en Guerrero, donde las constantes son el aislamiento producto de un territorio agreste, la pobreza, la marginación y la discriminación, caldo de cultivo para el crimen y los movimientos ultrarradicales.
Hoy conocemos por ello la historia de José Luis Abarca, un comerciante de géneros que de la noche a la mañana pasó del anonimato a la riqueza propia de un mercader de oro y a la presidencia municipal de Iguala gracias al padrinazgo político de Lázaro Manzón, hombre fuerte de Andrés Manuel López Obrador y hoy ex secretario de Salud del estado.
Sabemos ahora que la complicidad de Abarca con los narcos de Guerreros Unidos y su confrontación con grupos sociales como el Frente de Unidad Popular fue la causa del ataque contra los estudiantes; lo que no se puede entender es que si eran conocidas las relaciones del alcalde con el crimen organizado, ni en el nivel local ni en el federal hayan actuado, en especial porque había acusaciones de homicidio en su contra.
Esa es la razón por la cual Abarca no tuvo empacho en poner a su policía bajo las órdenes del narco para enfrentar al FUP y a los normalistas de Ayotzinapa, porque hasta entonces había actuado impunemente sin que los gobiernos estatal y federal hicieran nada. Tuvieron que morir seis personas y desparecer 43 muchachos para que voltearan a ver el infierno que se vive en Iguala.
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