El costo promedio por voto en las elecciones presidenciales de 2012 —37% de abstencionismo— fue de aproximadamente 118.40 pesos. En las actuales elecciones, se estima que el costo por voto oscile en 212 pesos. Sin embargo, la habitual menor participación ciudadana en comicios intermedios —55.39% de abstencionismo en 2009—, acentuada ahora por un franco desaliento, permite suponer un mayor costo por voto. Comparándonos con países de arraigada práctica electoral, donde el costo promedio por voto fluctúa entre uno y tres dólares, confirmamos que lo nuestro, lo nuestro, no es cuidar el dinero.
El exiguo avance democrático alcanzado en recientes jornadas electorales corre inminente riesgo, de prosperar las reiteradas amenazas de la CETEG y la CNTE, que amagan con impedir las elecciones en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Existen otros obstáculos que interfieren en el ambiente electoral en torno de un INE sin consolidar, con marcadas discrepancias entre sus propios consejeros. A los inconvenientes eventos de corrupción en las altas elites del poder se agregan otras frustraciones que contribuyen a ahuyentar al electorado de las urnas.
El desprestigio de los señores diputados —lamentablemente pagan unos por otros— va en aumento sin que parezca hacerles mella el repudio de sus representados. El ausentismo en la Cámara de Diputados es imperdonable; obtener el respaldo del voto popular, convertirse en diputado, percibir suculentas dietas —148 mil 468 pesos mensuales— ¡para luego no presentarse a las sesiones de la Cámara! El número de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados —con un presupuesto anual de casi 272 millones de pesos— se elevó de 44 a 56 en la presente legislatura; a la fecha sólo 11 de ellas cumplieron con su responsabilidad parlamentaria, 37 aprobaron menos de cinco iniciativas y ocho comisiones simplemente no cumplieron, dejando en cero su trabajo legislativo. El presidente de cada comisión tiene asignado automóvil, chofer, secretario técnico, asesores, celular y vales de despensa. En las oficinas de la Cámara de Diputados laboran cinco mil 433 empleados administrativos, además de mil 120 asesores, con un costo de tres mil 625 millones de pesos para el presente año.
Aun así, ciertos diputados, supuestos practicantes de la ideología del partido que los postuló, confirman que el hueso es primero. Zeferino Torreblanca, gris oscuro como gobernador de Guerrero, por el PRD, ahora pretende ser presidente municipal —de coronel a sargento, lo importante es figurar en el presupuesto— de Acapulco ¡por el PAN! Vergüenza, señor Madero. El exsecretario de Salud panista José Ángel Córdova se postula para la alcaldía de León, Guanajuato, ¡por el PRI! ¿Y los principios apá? Fernando Elizondo, exgobernador interino y exsenador por el PAN en Nuevo León, creyendo en los Santos Reyes, tira por la borda su prestigio político y contenderá para la gubernatura del estado por el partido de segunda división ¡Movimiento Ciudadano! Igualmente el hoy cuestionado Marcelo Ebrard, quien la tenía, era suya y la dejó ir, nuevamente cambia de camiseta para ser diputado plurinominal, también por Movimiento Ciudadano. Y no se diga del futbolista Cuauhtémoc Blanco, que ahora aspira a driblar como alcalde de Cuernavaca por el incipiente Partido Socialdemócrata: “Yo sé que me van a criticar por entrar a la política, yo no soy ni político”.
Y, así, podemos añadir a la lista a suspirantes dispuestos a dejar de ser, con tal de llegar a ser, es decir, sobre los principios ideológicos prevalece el acomodarse en alguna curul, representando al mejor postor, razón por la cual se acercan a cualquier partido político con vacantes, como si se tratara de agencias de colocaciones.
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