Se entiende el enojo de la gente. Y es también perfectamente comprensible, aparte de legítima, la protesta social cuando el Estado perpetra abusos: ahora mismo, en Estados Unidos, la gente se ha echado a las calles no sólo para denunciar las brutalidades policíacas contra los ciudadanos negros —que ya serían, en si mismas, un motivo para la indignación— sino la lenidad de un aparato de justicia que, casi con toda seguridad, no sancionará a un agente que le disparó a un niño de 12 años o a otro que le aplicó una mortífera llave a un manifestante indefenso.
En 1968, los estudiantes salimos a las calles para reclamar libertades y derechos. Fue una auténtica movilización social en la que demandábamos al antiguo régimen priista que concediera unos meros atisbos de democracia. Estábamos todos impregnados —lo recuerdo muy bien— de esa particular frescura que resulta de enfrentar, abierta y sorpresivamente, al poder político y de exigirle cuentas. Sentíamos, de pronto, el fervor de los revolucionarios y vivíamos la experiencia inigualable de encontrarnos ahí, en la calle, para hacer oír nuestras voces y, sobre todo, para dejar bien claro que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos sentíamos con la facultad de poder cambiar las cosas.
La respuesta de un sistema —ahí sí, autoritario— no se hizo esperar: ocurrió la masacre de Tlatelolco. De manera extraña, el suceso todavía no se ha aclarado plenamente a estas alturas ni tampoco los responsables han sido llevados ante la justicia. Pero sí podemos hablar, en ese caso, de que “fue el Estado”. Y podemos también decir que los hechos resultaron de una acción tan deliberada como, por lo que parece, muy torpemente planificada por unos gobernantes que, desde su visión represiva del poder, no podían conceder mayores espacios a la acción ciudadana.
Con todo, el 68 desencadenó una serie de cambios que, en un primer momento, se plasmaron en la reforma política promovida por Jesús Reyes Heroles, en 1997, y que a la postre culminarían ni más ni menos que en la trasmisión del mando presidencial a un partido opositor. Algo que no ocurre en lo absoluto en esos sistemas realmente totalitarios donde no se permite, así sea ejerciendo la fuerza bruta, la más mínima expresión de descontento o disidencia; para mayores señas, ahí tienen ustedes lo ocurrido hace algunos días, en La Habana, donde fueron detenidos varios opositores que se manifestaban pacíficamente para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hoy, los mexicanos salen a las calles a protestar todos los días. Y, miren ustedes, son casi siempre escoltados por coches policiales y por esos mismos agentes de las fuerzas del orden que representan a un régimen “represor”, como tan alegre y despreocupadamente denuncian algunos intelectuales de izquierda que jamás pisarán una cárcel como David Alfaro Siqueiros o José Revueltas, por no hablar de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, militantes comunistas.
Y, ¿qué se pide, qué se exige y qué se reclama en esas protestas callejeras que tienen lugar ahora en nuestro país? Pues, echemos un vistazo a las demandas: los estudiantes de Ayotzinapa y los de otras escuelas normales rurales han formulado algunas exigencias totalmente entendibles —mayores recursos para operar sus centros educativos o becas para los alumnos (provienen de un medio social tremendamente desfavorecido)— y otras que no parecen tan razonables como la obtención automática de plazas al concluir sus estudios. Sus protestas las llevan a cabo de forma bastante violenta —secuestran autobuses, incendian gasolineras y bloquean arbitrariamente las autopistas afectando a miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con sus problemas— pero no alcanzan los niveles de vandalismo y destrucción que acostumbran otras organizaciones magisteriales como la Ceteg, en Guerrero, o la CNTE de Oaxaca, de usos auténticamente mafiosos y de corte fascista. Demandan, estas dos últimas corporaciones, no cumplir con controles de calidad y manejar a su antojo los recursos que reciben de la Federación, entre otras exigencias como el consabido otorgamiento de sus plazas de maestro a un familiar directo.
Y, a tono con estas manifestaciones, la rabia ciudadana se expresa igualmente en muchos otros ámbitos pero con unas reclamaciones que parecen incumplibles desde su raíz: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Que renuncie Peña Nieto”. La primera demanda, por más que los normalistas desechen deliberadamente las evidencias de la masacre, sustentadas inclusive en confesiones de los sicarios de la banda Guerreros Unidos, y que acusen al Gobierno federal de mantener retenidos a los 42 estudiantes en “una mina o en campos militares”, es imposible de satisfacer. Y la segunda no propone una trasformación de fondo de este país —una mayor democratización o medidas contundentes para acabar, ahora sí, con la corrupción— sino que parece más bien una simple revancha.
Todo se está pudriendo aquí, hasta la protesta callejera.
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