México, D. F.- Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República analizan una iniciativa que pretende establecer sanciones penales para las personas morales o empresas, establecimientos mercantiles, instituciones financieras o sociedades de exportación e importación cuando sean utilizadas para la comisión de un delito.
El objetivo es inhibir los actos criminales que se cometen al amparo de algunas empresas en México. Casos de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero, como los que se han presentado en Banamex-Citigroup y Oceanografía, han revelado que México no tiene el marco jurídico para hacer frente a este tipo de conflictos, ni una responsabilidad legal o penal por parte de la iniciativa privada que haga a los altos ejecutivos responder de manera efectiva en caso de que actúen de manera ilegal, así como la inexistencia de instituciones que los obliguen a responder o les impongan un castigo efectivo, reconocieron integrantes del mismo sector empresarial y organizaciones civiles.
Un reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estableció que cada año, las empresas mexicanas destinan cerca del 10 por ciento de sus ingresos al pago de sobornos y mordidas con el fin de obtener facilidades en trámites, servicios, uso de suelo, entre otros.
Esto significa que en el país se gasta entre 7 y 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en prácticas de corrupción entre empresas y gobierno.
Este último porcentaje (9 por ciento) representaría 1 billón 064 mil millones de pesos o bien 78 mil 819 millones de dólares. Actualmente, la mayoría de los delitos en los negocios económicos son cometidos con ayuda de una empresa.
Esto es porque a diferencia de otras naciones, México no cuenta con una ley que reconozca a la empresa como sujeto de derecho penal, por lo que el crimen organizado se ha enraizado en los ámbitos de la minería, casinos, robo de información, contaminación ambiental, entre otros delitos. Al menos así lo reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en su último informe sobre el costo del cohecho y la corrupción en el extranjero, en el que analizó 427 casos de corrupción en empresas que se registraron entre 1999 y 2014 y en el que concluye que la mayoría de los cohechos internacionales son pagados por grandes compañías, por lo general con el conocimiento de los altos directivos.
Según el organismo internacional, por lo general los cohechos se pagan para obtener contratos de empresas propiedad del Estado, o controladas por el Estado, en las economías avanzadas —más que en el mundo en desarrollo—, y la mayoría de quienes los pagan y quienes los cobran provienen de países ricos. México aparece como uno de los 86 países en los que empresas y funcionarios públicos incurren en actos de corrupción, ya sea para actuar en contra de un tercero o recibir beneficios.
Aunque el estudio no menciona nombres de empresas hace referencia al caso de corrupción en el que se vio envuelto Walmart, que ha identificado 19 sitios en los que el gigante del autoservicio incurrió en actos de corrupción, como el sonado caso de la zona arqueológica de Teotihuacán y en el de una sucursal cercana la Basílica de Guadalupe, en el Distrito Federal.
De acuerdo con el reporte de la OCDE, las compañías que más incurren en actos de corrupción son las relacionadas con la minería, la construcción, el transporte, la de información y servicios de salud.
En México, de acuerdo con la firma Ernst & Young, los escándalos de corrupción cuestan a las empresas al menos 2.5 veces menos que en Estados Unidos, ante la debilidad del marco regulatorio y legal en esta materia.
La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas vigente en el país establece una sanción de 10 millones de dólares a una persona moral en caso de modificación de libros y violaciones de contabilidad, mientras que en Estados Unidos la sanción mínima 25 millones de dólares.
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) plantean que durante 2013, la corrupción fue mencionada como uno de los cinco problemas sociales que más afectaba a la población al ser señalada por 48.5 por ciento de ésta.
LA PROPUESTA DESDE EL SENADO
La iniciativa, propuesta por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), establece en el Código Penal Federal la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos cometidos por cuenta o a nombre de las mismas.
“Las nuevas formas de criminalidad en México, obligan a una reforma que sancione severamente a las personas jurídicas o empresas que incurren en delitos contra el medio ambiente, lavado de dinero, trata de personas, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; delitos cometidos por servidores públicos, con la participación de empresas y en contra de las personas en su patrimonio”, detalló el Senador al explicar su iniciativa.
De forma simplificada, la iniciativa plantea imponer a las personas jurídicas una o varias penas, las cuales se definirán según la gravedad del delito, de la siguiente manera:
Suspensión de actividades de meses a 5 años.
Prohibición de participar en licitaciones públicas o realizar operaciones determinadas por el mismo periodo de tiempo.
Remoción del administrador de la empresa, la cual sería sustituida por mandato de un juez.
Decomiso.
Multa.
Publicación de sentencia.
Disolución de la persona jurídica.
“Los actos criminales que se cometen al amparo de algunas empresas en México deben inhibirse, sancionarse y erradicarse con penas que eviten que las personas jurídicas se constituyan en nuevas compañías que eluden la ley para continuar con sus actividades lesivas bajo otra razón social”, planteó el legislador priista.
Con esta iniciativa se pretende acabar con el pendiente de establecer en el Código Penal Federal, disposiciones que determinen expresamente el tipo del delito, el modelo hipotético, así como las sanciones aplicables a las empresas que colabores con la delincuencia, luego de que se incluyera en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un apartado en el que se dispone una serie de reglas para el ejercicio de la acción penal en contra de las personas jurídicas.
Esta iniciativa se presenta en el marco del decálogo presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 27 de noviembre, que en su noveno punto planteó el compromiso de Los Pinos para actuar contra actos de corrupción y lograr que sean sancionados.
Ese día el Presidente propuso que se establecerían sanciones ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que caigan en corrupción.
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