Al reprobar los asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa, donde aún continúan desaparecidos 42 de ellos, Murilo Karam afirmó que la dependencia a su cargo sigue con la investigación, pues “son hechos que nos producen indignación, pero también preocupación, por eso la Procuraduría ha actuado con toda la fuerza que tiene y con toda la fuerza del Estado, con el apoyo absoluto del presidente Enrique Peña Nieto en el propósito muy evidente de que quede claro que todos los que participaron en esto tienen que ser castigados, para que nadie se anime a repetir una cosa de esta naturaleza”.
Rechazó que este caso vaya a quedar impune, y recordó que por los crímenes del 26 de septiembre y los días posteriores ya hay 80 detenidos, todos ellos relacionados de distintas maneras, y recalcó que “vamos a ir por todos”.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, explicó que a pesar de que los peritos argentinos lograron identificar al normalista Alexander Mora Venancio entre los restos hallados en el basurero de Cocula, no se puede precisar si todos fueron asesinados ahí.
“De todos no puedo decirte, yo te puedo asegurar que ahí mataron a un grupo de estudiantes, numeroso, por las confesiones de los propios asesinos, pero ninguno de ellos nos da una cifra exacta, uno hablaba de 40, otro de más de 30, entonces ninguno tiene un dato preciso.”
Aclaró que de acuerdo con las pesquisas, los normalistas no tenían clara su presencia en Iguala.
“A la mayor parte de ellos les dijeron que iban a Chilpancingo abotear para el mitin del 2 de octubre; no llegaron nunca a Chilpancingo. En el camino les dijeron que no iban a Chilpancingo, que iban a Iguala y que iban a evitar el destape de esta señora (María de los Ángeles Pineda) como candidata a la presidencia municipal. Eso les dijeron a los muchachos, eso aseguré en alguna declaración, que yo tenía evidencias de que ellos no sabían realmente cuál era el propósito de esta cuestión.”
El funcionario federal subrayó que la mayoría de estos muchachos no sabían siquiera a qué iban, y que la mayoría eran de primer año y, por lo mismo, a través de las comunicaciones por radio se les identificaba como pelones.
El procurador mencionó que a más de dos meses de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, las huellas del incendio ocasionado en el basurero de Cocula aún son visibles, y que el lugar fue estratégico para los delincuentes.
“No hay una sola vivienda por lo menos en ocho kilómetros alrededor del lugar y la barranca está encañonada, no la ves hasta que llegas.”
Necesario que el control de confianza sea permanente
Murillo Karam consideró que el caso Iguala muestra la necesidad de un cambio de fondo en las estructuras del país.
“Es la muestra clara de una necesidad de cambio en varias estructuras del país, en muchas estructuras del país; el mismo hecho de la clara confesión, del tipo de prácticas que había, de las amenazas a la población, de la vulnerabilidad de los ayuntamientos. Como lo señaló el Presidente, de que pueden ser tan fácilmente tomadas por la delincuencia las policías municipales, nos muestra que hay que hacer cambios de fondo, estructurales, que es lo que está planteando el Presidente en sus diez puntos.”
Lamentó que sea gente muy joven la involucrada en estos hechos, tanto de lado de las víctimas como de los agresores, lo cual, sostuvo, le afecta de manera importante.
“Para mí lo más lamentable, lo más doloroso de este asunto es ver a jóvenes, tanto entre los muertos como los asesinos, que pueden hacer esto y después platicarlo con ese desparpajo tan terrible; eso me afecta muchísimo, me muestra un daño mucho más profundo que el simple crimen.”
El procurador detalló las funciones que ejercería el Mando Único Policial, propuesto por el Presidente:
“el planteamiento de policía única es que haya policías municipales en todos lados, nada más que tengan un mando único, y eso no quiere decir que dejen de atender los municipios sino que el mando de estas policías es único y no sólo en razón del mando sino en razón de las condiciones que deben tener estas policías, las mismas características, incluso en cuanto a salarios, en cuanto a capacidad, preparación, desarrollo profesional, pues hoy los municipios están incapacitados para hacerlo”.
Consideró que “si el control de confianza no es permanente, no funciona”, porque fue precisamente lo que ocurrió en Iguala, pues los controles de confianza de esa policía municipal sólo “eran de inicio”, cuando tiene que haber un registro permanente de actividad de cada policía.
El funcionario federal mencionó que la dependencia a su cargo ya tenía conocimiento de que en Iguala estaban ocurriendo delitos, como fue el asesinato de un dirigente campesino del cual la PGR estuvo enterada, y en las investigaciones también apoyó la Policía Federal, a petición de la Procuraduría de Guerrero.
No obstante aclaró que la Federación atrae el caso cuando hay claras evidencias de que la delincuencia organizada está involucrada, lo cual en muchos casos es complicado de determinar.
“Hay un catálogo de delitos que son del fuero común y un catálogo de delitos que son del fuero federal; hasta antes de que se declinara por parte de la Procuraduría del estado, los delitos que se estaban investigando eran del fuero común.
“Yo tuve visitas que me decían que tenían elementos para pensar que había delincuencia organizada, eso sí le corresponde a la Federación, pero jamás me dieron un dato preciso.
“No me quedé con la duda, después que me informaron que había esa posibilidad, yo hablé a la Procuraduría de Guerrero. Me dijeron que había una consignación por los hechos que se estaban tratando y, en consecuencia, yo ya no tenía opción, y en los otros casos de acusaciones de esas hay miles. La Procuraduría (estatal) averigua todas y evidentemente no es fácil, no es sencillo; la Procuraduría (PGR) a diferencia de lo que es la opinión pública, por fortuna, tiene que actuar en función de bases y sustentos.”
Subrayó que las fuerzas federales no tienen la capacidad de evitar hechos como los de Iguala, aunque en todo momento se actuó con inteligencia sobre las bandas delictivas, con el propósito de desmantelarlas desde la raíz, y de manera específica se investigaba a los Guerreros Unidos cuando sucedieron los hechos de septiembre.
“De que iba a suceder una cosa de estas era impensable. Es decir, la brutalidad y la estupidez que esto implica no es siquiera para pensarse; elementos de inteligencia sobre las bandas, sí, estábamos investigándolas; lo que pasa es que cuando tratamos de desaparecer un cártel no sólo es descabezarlo, porque eso produce un efecto de pulverización que nos genera un problema mayor, sino de desenraizarlo.
“La investigación iba en el ánimo de encontrar completa a la banda, a ésta y a otras, que es evidente que operan en Guerrero, y estábamos en eso cuando sucedieron estos hechos.”
En cuanto a las críticas recibidas tras sus recientes conferencias, Murillo Karam aseveró que ser procurador de la República “no es un trabajo fácil”, pero “lo que verdaderamente impacta es cuando ves cosas que la sensibilidad no aguanta y yo las veo diario, en donde la muerte, la tortura, el engaño, el secuestro se convierten en los asuntos que ves todos los días y aunque me vuelvan a poner en los tuiters, sí produce un cansancio”.
A pregunta expresa sobre cómo se gobierna en un ambiente de crisis de confianza, como el que actualmente vivimos, el procurador consideró que “primero hay que utilizar muchísimo la inteligencia, segundo hay que utilizar los instrumentos del Estado para propiciar un desarrollo que dé oportunidades, que no permita que los jóvenes y los adultos puedan ser atraídos tan fácilmente a un ambiente delincuencial”.
La delincuencia organizada, dijo, se ha expandido en diferentes estados a lo largo del tiempo, en algunos se ha logrado bajar los índices de delincuencia.
Mencionó que actualmente “tenemos un problema mucho más grave en el sur, en tres estados —Chiapas, Guerrero y Oaxaca— que tiene que ver no solo con esto sino con condiciones de desarrollo, de oportunidades, de calidad de la educación y muchas otras cosas, que son las que tenemos que corregir de fondo”.
El procurador reafirmó, en otro asunto, que los peritos continuarán realizando las pruebas necesarias, aunque tardarán algún tiempo.
“Los restos que se clasificaron tanto por peritos argentinos como mexicanos son muy pocos: son 17, de los cuales uno pasó un examen nuclear, pero los demás van a tener que ir a un examen que se llama mitocondrial y es mucho más complejo”, advirtió el procurador.
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