Ecatepec, México.- Propietarios de deshuesaderos y vecinos de la colonia La Capilla, ubicada en la zona conocida como la “Curva del Diablo”, en el municipio de Ecatepec, denunciaron ser víctimas de despojo de sus predios por parte de la Conagua y el gobierno local, terrenos que se extienden sobre una franja de 20 mil metros cuadrados y cuyo valor es de aproximadamente 140 millones de pesos, aun cuando tienen documentos que los avalan como propietarios.
Salvador Estrada, representante de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Reciclados A.C., así como vecinos del citado lugar, entre ellos Guadalupe Hernández, Norma Flores y Mercedes Arellano, aseguraron que sin ningún procedimiento expropiatorio de por medio ni alguna otra acción legal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) celebró un convenio el pasado 20 de enero con las autoridades municipales para entregarle la posesión física, jurídica y material de la referida extensión territorial, afectando con ellos a unas 500 familias.
Recordaron que las autoridades realizaron un operativo el 27 de noviembre del año pasado con el fin de encontrar piezas y autos robados en sus negocios, capturando a varios trabajadores por presuntos ilícitos “pero no hubo ningún delito que perseguir, todos quedaron libres y, de hecho, no han estado devolviendo nuestras mercancías, previa convocatoria vía Gaceta del Gobierno del 14 de mayo para comprobar la propiedad de las mismas, lo que hemos hecho”.
Sin embargo, “meses después dijeron que había encontrado marihuana y ahora nos están confiscando todas las propiedades, pidiendo que saquemos todas nuestras cosas y productos porque estamos en terrenos federales”, dijo Estrada.
El dirigente aseguró que incluso se les está negando la oportunidad de demostrar que son legítimos dueños de los predios, asentados en ellos durante 30 años o más y obtenidos mediante juicios de usucapión, resueltos en los años 2005 y 2007 y cuyas escrituras fueron otorgadas durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador.
“No hemos sido escuchados por nadie y ya se repartieron nuestra propiedad, despojando a 500 familias”, remarcó Estrada, quien refirió que ya se han colocado mallas alrededor del terreno y algunas viviendas han sido ya demolidas.
Dijo desconocer qué es lo que está motivando la actuación de las autoridades, pero comentó que “de entrada es obvio que algunos funcionarios buscan beneficiarse, sacar provecho a nuestra costa pues el precio por metro cuadrado es de 7 mil pesos en esa zona y en total, el terreno tiene un precio de cerca de 140 millones de pesos”.
“No sabemos si tiene un proyecto de beneficio social, nada, pero si es así, para eso está la figura de la expropiación, pero se están pisoteando todos nuestros derechos”, remarcó.
Expuso que varios propietarios de deshuesaderos y vecinos se están amparando y en algunos casos ya se obtuvo la suspensión de lo que, reiteró, “es un despojo arbitrario, nos quieren sacar a como dé lugar”.
Comentó que si alguien ha cometido algún delito al amparo de estos negocios, “la autoridad debe sancionar y cada cual debe asumir la responsabilidad que le toca”, pero no incurrir en abusos.
Por su parte, los vecinos aseguraron que han sido visitados por funcionarios de gobernación municipal para que, sin una orden de por medio, desalojen sus viviendas, advirtiéndoles que “de un momento a otro la autoridad va a hacer uso de la fuerza pública para sacarnos”.
“Ahora todo está cercado con malla; no podemos ir al centro comercial ni al mercado”, dijeron.
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