También el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, defendió el proyecto del mandatario, al argumentar que tras las averiguaciones del caso Iguala fueron intervenidos 13 municipios en Guerrero, porque ahí el crimen organizado no solo designaba a los encargados de las corporaciones policiacas, sino que decidía los operativos.
En el segundo día de los foros donde el Senado analiza la iniciativa presidencial en materia de mando único y desaparición de municipios, el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob, David Arellano Cuan, citó "algunos estudios" que indican la vulnerabilidad ante la delincuencia organizada de alrededor de mil 800 municipios de los 2 mil 457 que hay en el país.
Ante los senadores de las comisiones dictaminadoras, dijo que "la infiltración del crimen organizado en los municipios afecta su actividad económica, social, cultural y política.
"Incluso, algunos estudios sugieren que casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían tener vulnerabilidad en relación con la infiltración del crimen organizado".
Explicó que la iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad y justicia, que plantea la intervención del gobierno federal en los municipios donde sus autoridades estén vinculadas con el crimen organizado, no tiene el objetivo de desaparecer este nivel de gobierno, sino asumir sus funciones temporalmente.
"No se trata de disolver el municipio. Se trata de asumir funciones del municipio durante un tiempo determinado con un fin determinado, que gira en torno a la entrega y devolución del municipio a otras autoridades que la población misma haya elegido, conforme a la Constitución y las leyes locales, y que su propio estado haya apoyado en ese procedimiento de elección de los funcionarios".
Arellano Cuan precisó que dicha medida sería de carácter extraordinaria y no de uso sistemático, que se utilizaría cuando se tengan elementos claros de infiltración de la delincuencia en una alcaldía.
Zerón aseveró que el problema de las policías es muy delicado, pues su descomposición no se limita a la facilidad que dan al crimen, sino que forman parte de éste.
Sostuvo que será necesario concentrar las funciones policiales de determinados órdenes de gobierno para tener el control de las corporaciones, y que los gobernadores tengan acciones de mando fácilmente sustituibles.
Puso de ejemplo el caso del Distrito Federal, que con un gobierno central, sus 16 delegaciones operan con una sola policía que no ha evitado que haya delincuencia, pero sí una contención real.
Al referirse al caso de Guerrero, expuso que se tuvo que tomar control en 13 municipios porque la situación era tan alarmante que el crimen organizado "ponía al jefe" de las policías y decidía operativos.
El gobierno federal tuvo que tomar el control de los municipios de la Tierra Caliente por la desconfianza que había en las autoridades municipales de seguridad.
Puntualizó que no se puede vivir en un estado en donde los policías están cooptados.
"Era tan alarmante la situación que prevalecía, primero, por los salarios (de los policías); segundo, porque estaban cooptados por el crimen organizado de una manera tal que el crimen decidía qué operativos se iban a realizar", insistió.
Refirió que con el modelo de mando único los gobernadores serán corresponsales del éxito o el fracaso de sus policías o de la situación que prevalezca en sus entidades respecto a los índices delictivos y a la presencia del crimen organizado.
El funcionario aseveró que México tiene que dar el paso y entrar de lleno al nuevo tiempo tecnológico con bases de ADN, de genética, de compras de equipo, pero también de este nuevo modelo.
Los representantes del gobierno federal fueron cuestionados por la oposición. El perredista Armando Ríos Piter preguntó si se trata de una mala broma proponer que desaparezcan municipios "para nombrarlos y poner por dedazo (a las autoridades)".
Opinó que la del Presidente es una mala iniciativa que no atiende el problema de fondo.
El panista Roberto Gil aseguró que ya se perfila un acuerdo "y que es de rechazo, porque ni los priistas las apoyan", al argumentar que la propuesta de Peña Nieto tiene figuras contradictorias, porque al quitar a un alcalde no se respeta el principio constitucional de presunción de inocencia.
En la sesión de ayer participaron además especialistas, como el fiscal italiano Giovanni Tartaglia, quien expuso el modelo de su país y subrayó que una de las modalidades de la infiltración del crimen organizado son las recurrentes asignaciones de contratos a una misma empresa, tanto en obras como en servicios.
Constitucional, negar preliberación a lavadores
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que no se otorgue el beneficio de la libertad anticipada a los sentenciados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los ministros avalaron que el Poder Legislativo Federal, atendiendo a una política criminal, no contemple el beneficio de tratamiento preliberacional para estas personas, pues con ello se busca inhibir este tipo de delitos.
El fallo derivó de un amparo que fue negado a la mexicana Hereyko Hayashi Orozco, quien formaba parte de una red de lavado dinero que dirigía el capo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
La mujer fue detenida en mayo de 2010 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en poder de una maleta que contenía más de 100 mil dólares en efectivo cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Guatemala. Fue sentenciada a cinco años de prisión.
Por su parte, la Segunda Sala de la Corte determinó que son válidos los requisitos que exige la ley antilavado, la cual prohíbe la compra en efectivo de bienes inmuebles y automotores con un valor de más de 520 mil pesos y 202 mil pesos, respectivamente.
