La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene ubicadas a 2 mil 800 empresas dedicadas a lavar dinero a través de facturas falsas, cuyo desfalco el erario –en conjunto- alcanza los 290 mil millones de pesos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió el miércoles pasado con un grupo de diputados que integran la Comisión de Hacienda en San Lázaro, y del encuentro se concluyó que la autoridad fiscal ha incurrido en fallas de comunicación al no saber permear sus mensajes entre los ciudadanos.
Esa carencia, a la hora de transmitir el mensaje de la autoridad fiscal, entre los sectores sociales y económico del país, le ha acarreado a la administración federal reproches y críticas, en diversos temas, el último referente a la minuta del Senado con reformas al Código Penal Federal, en materia de facturas falsas, y por lo cual se equipará la defraudación fiscal con el delito de delincuencia organizada.
Así, del encuentro entre los representantes de los partidos y el funcionario hacendario, se desprende que la SHCP y la Procuraduría Fiscal han encontrado –a la fecha- las dos mil 800 empresas factureras dedicadas a defraudar al fisco, mediante la instrumentación de una ingeniería financiera que se sustenta en el uso de esos documentos, para beneficiar a terceros, constituyéndose el delito de delincuencia organizada.
El monto del desfalco hasta ahora detectado, por 290 mil millones de pesos, representa el 40 por ciento de lo que la autoridad hacendaria considera, podría sumar en total, cada año, los 800 mil millones de pesos.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, expuso que la minuta del Senado no perjudicará las transacciones, a través del uso de facturas, que se encuentren debajo del umbral de los 10 millones de impuestos. También, adelantó que el documento no será modificado porque es una herramienta indispensable para enfrentar la cultura del desfalco fiscal.
El michoacano adujo, que se han detectado fallas en la emisión del mensaje, tanto que los empresarios se han quejado con el mismo presidente de la República: “A la Secretaría de Hacienda le falla la comunicación porque se ha filtrado la idea de que hay terrorismo fiscal. Y tenemos dificultades porque del otro lado hay una falsa percepción que es alentada por el sector de factureros que obtienen ganancias multimillonarias, son 290 mil millones de ganancias, y de ahí que tengan una gran influencia entre algunos medios de comunicación”.
Por otra parte, al continuar el parlamento abierto entre la Comisión de Hacienda y representantes de cámaras empresariales y especialistas en materia fiscal, los diputados desairaron el encuentro. Solo tres se presentaron la presidenta del grupo de trabajo, Patricia Terrazas, Reginaldo Sandoval del PT y Antonio Ortega. El resto brilló por su ausencia, cuando el parlamento abierto se ha ofrecido como la respuesta democrática a la elaboración de leyes.
Fue el petista quien puso el dedo en la llaga, al considerar que “nuestro sistema jurídico está basado en la desconfianza y nuestras leyes siempre van en la ruta de tapar caminos de ilegalidad, pero lo que se busca es desarmar el engranaje de la corrupción en todos los ámbitos. Se tienen plenamente identificadas pérdidas por 290 mil millones de pesos por el tema de facturas falsas de empresas; hay que ir contra los delincuentes y a los contribuyentes no hay que tocarlos”.
A pesar del desdén de los diputados, en el parlamento abierto devino una oleada de críticas a la propuesta de castigar a las factureras, no obstante, se evidenció que, de la ubicación de éstas, la SHCP ha detectado un hoyo financiero de 290 mil millones de pesos, lo que equivale a un punto del Producto Interno Bruto.
Por American Chamber, Luis del Valle se dijo preocupado porque delitos del ámbito fiscal se puedan juzgar como los cometidos por el narcotráfico o el crimen organizado. “El narcotráfico es una empresa sui géneris no un negocio instituido, sino de células que aparecen y desaparecen, no como un pequeño o grande contribuyente que sí está totalmente establecido; por ello, no parece viable aplicar la misma norma”.
En representación de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Industria y Servicios, Octavio de la Torre, si bien respaldo el combate a la venta de facturas falsas y coincidió en que se considere como un acto de defraudación y que sea estime como delincuencia, pero será relevante, dijo, distinguir al que vende con el que compra dichas facturas. “Adquirir ese tipo de documentos sí constituye un delito fiscal, pero no se equipará a un hecho de delincuencia organizada”.
Y el presidente del Colegio de Contadores Públicos, Ubaldo Díaz, afirmó estar en contra de cualquier práctica indebida. “Es imperante fortalecer la integridad de las empresas para combatir el flagelo que es la corrupción”. No obstante, estimó que se platean sanciones desproporcionadas con cargas administrativas y altos costos que, incluso, complicará el proceso de análisis por parte de las autoridades”.
Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de Rodolfo Servín, la reforma propuesta en el Código Fiscal de la Federación lejos de traer una simplificación administrativa del sistema tributario lo hará complejo de cumplir, no sólo para el asesor fiscal, sino para el contribuyente, lo cual podría disminuir la tributación. Apuntó que es importante analizar el artículo 31-A, pues de lo contrario se pondrá en jaque a los pequeños y medianos industriales.
Y de plano, por la Asociación de Bancos de México ABM, Jorge Gaxiola indicó que la recomendación sería que las personas nunca sean directores generales de una empresa, porque es tan compleja la regulación fiscal que trata como “enemigo a los inversionistas”. El Estado debe dar certidumbre en el sistema fiscal que le aplican al 42 por ciento de la población activa, de lo contrario el resto no tendrá incentivos para entrar a la formalidad, dijo.
