Imputan en España a BBVA por corrupción y revelar secretos

Madrid. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la segunda institución bancaria más importante en España, fue imputado ayer por corrupción y otros delitos, en un caso de grabaciones ilegales a periodistas y personalidades del mundo económico y político, informó un tribunal.

El tribunal imputa al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, señaló un portavoz de la Audiencia Nacional, alta jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros.

El anuncio se produce cinco días después de que la fiscalía anticorrupción se dijera en favor de la imputación de BBVA.

A principios de este mes, nueve responsables actuales y pasados de BBVA fueron acusados de los mismos ilícitos en esa causa, surgida de la pesquisa judicial contra el controvertido y opaco ex policía ahora en prisión José Manuel Villarejo.

En enero pasado BBVA admitió haber contratado los servicios del grupo Cenyt, dirigido por Villarejo, implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluida la monarquía.

Durante años, Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017, grabó secretamente sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces y empresarios, y ahora se le acusa de utilizarlas para chantajearlos.

Según la prensa española, BBVA lo habría contratado en 2004 para acceder a miles de grabaciones telefónicas de periodistas y dirigentes políticos y económicos, con el propósito de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.

En enero, el banco, que abrió una investigación interna sobre el caso, aseguró: No se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas en sus primeras indagaciones.

El miércoles pasado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, garantizó que el banco seguirá colaborando activamente con la justicia. Aseguró que ha venido aportando información a la causa desde su comienzo.

Sin embargo, el escándalo obligó a Francisco González –su presidente entre 2000 y 2018– a dimitir, a principios de 2019, de todos sus cargos, incluidos los honoríficos.

485 mil mdp alista SHCP para reactivar la economía

Ciudad de México. El gobierno de México anunció ayer medidas contracíclicas de corto plazo para dar un empujoncito a la economía nacional, para las cuales destinará 485 mil millones de pesos.

Ello, ante un entorno económico global que va por una fase menos dinámica por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y por conflictos geopolíticos en diversas regiones del mundo, a lo cual la economía mexicana no es ajena.

Las acciones también se anuncian a dos días de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difunda los datos sobre el comportamiento del producto interno bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año. Expertos prevén una contracción de 0.1 por ciento en el periodo y de 0.9 anual.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, afirmó: Nada de esos recursos tiene impacto en el presupuesto. Ya los teníamos en el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), pero no estaban siendo utilizados o bien en desdoblamiento, lo que permite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), bajo los títulos de concesión actuales, aprobarlos. El que viene de la banca de desarrollo ya existe, pero no estaba siendo usado. Esas acciones incluyen inversiones en infraestructura, créditos al consumo e inversión para que tengan impacto inmediato.

Serán 18 proyectos de infraestructura, con inversión privada y estatal, precisó Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT.

Así, se acelerarán las licitaciones de 2020 para agosto, septiembre y octubre próximos.

Gabriel Yorio González, titular de la Unidad de Crédito Público, explicó que a los 18 proyectos se destinarán 50 mil millones de pesos. Ochenta por ciento es de participación privada, es decir, 40 mil millones de pesos serán puestos en un esquema de participación público-privada o uno en el que el sector privado podría participar. El resto sería del Fonadin y de gobierno estatales.

Las medidas se toman en un entorno de incertidumbre global para dar un “empujoncito “a la actividad económica, dijo Herrera.

Explicó que la economía mundial experimenta desaceleración, cuyos principales precursores son factores de incertidumbre relacionados con tensiones comerciales, principalmente entre Estados Unidos y China, y tensiones geopolíticas en algunas regiones del mundo, entre las que destacan la salida de Reino Unido de la Unión Europea y conflictos de diversa índole en Medio Oriente.

La banca de desarrollo otorgará 1.2 millones de créditos al consumo por conducto del Fonacot, para que los mexicanos puedan acceder a la compra de útiles y uniformes escolares con tasas de interés de entre el 16 y 22 por ciento.

Municipios mexiquenses no cumplen con Programa Anual de Evaluación

Recursos económicos no se gastan adecuadamente; mostraron lista de ayuntamientos desobligados

De los 125 municipios mexiquenses, el 87% no cumple con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, a pesar de que deben hacerlo por ley.
Asimismo, de las administraciones que sí cumplen 7.2% son poco claras, y 14.4% lo hacen de manera precisa.
De esta forma, entre los 10 mejores evaluados, se encuentran: Zinacantepec (con el 99%), Tlalnepantla (con 98%), Toluca (95.5%), Chapa de Mota (94.5%), Chalco (92%), Atenco (91%), Atlacomulco (85.5%), Metepec (85%) y Atizapán de Zaragoza (83.5%).
En conferencia de prensa, Ramón Cuevas Martínez, director asociado de Gobernova, destacó que entre los rubros analizados se encuentran: el programa presupuestario, fondo federal, cronograma de evaluación, mecanismos de seguimiento de los resultados de evaluación y los mecanismos de difusión.
Detalló que dicha revisión demoró seis meses y fue realizada por Gobernova (empresa enfocada a la evaluación de la gestión municipal desde hace 10 años), e indicó que de los 125 municipios a los que le solicitaron información para aplicar el PAE, sólo el 94% respondió, lo cual equivale al 75%.
Entre los municipios mal evaluados están:
-Acambay
-Acolman
-Aculco
-Almoloya de Alquisiras
-Almoloya de Juárez
-Amanalco
-Amatepec
-Apaxco
-Atizapan
-Atlautla
-Axapusco
-Ayapango
-Calimaya
-Capulhuac
-Chapultepec

Sustento legal
La Constitución Política en el artículo 134 establece que “los municipios administrarán los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Por lo que, dicha administración de los recursos deberá ser evaluada por instancias técnicas que establezcan las entidades federativas, con el objeto de propiciar que el dinero se gaste en cumplimiento de metas de los programas.

¿Qué es el PAE?
El PAE representa una herramienta que permite calificar y dar seguimiento al cumplimiento y logro de programas presupuestarios implementados por la administración pública, y determina los tipos de evaluación aplicados a:
-Programas en la Administración Pública Municipal.
-Políticas Públicas
-Fondos de Aportación Federal

Pasantes de medicina se van a paro nacional

Ciudad de México. Pasantes de medicina alistan un paro nacional y una marcha para el próximo 1 de agosto en protesta por la reducción del presupuesto en salud, la disminución de becas a esta población en diversos estados de la República así como “el trato indigno a los profesionales que se encargan de velar por la salud” de la población mexicana.

La Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes del Servicio Social (AMMPSS) difundió a través de redes sociales su pliego petitorio. Demanda una mesa de trabajo entre autoridades federales y estatales para que expliquen la asignación de plazas, categoría, pago, así como la afectación directa que tendrá el recorte de presupuesto.

De igual manera, pide que se asegure de forma “inmediata” el pago completo de becas a los médicos pasantes, así como los de enfermería, sicología, trabajo social, odontología y entrenamiento deportivo. Además, “realizar los incrementos necesarios para homologar el pago entre plazas del mismo tipo y garantizarle una calidad de vida digna dentro de sus estancias en la pasantía del servicio social”. También demanda “realizar la entrega oportuna de las plazas postergadas”.

Exige el establecimiento de un plan federal para la mejora de las condiciones de los centros de salud, en los cuales los médicos pasantes, de enfermería y estomatología laboran. Garantizar su seguridad durante todo un año con prestaciones laborales y horarios dignos.

La AMMPSS pide la creación de una comisión especializada en el Senado y la Cámara de Diputados en la que participen representantes de la Asamblea Mexicana de Facultades, escuelas de medicina, el Colegio Médico de México y un representante de las organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud “para el planteamiento, discusión y creación de un nuevo modelo de servicio social en medicina y áreas a fines a la salud a través de una ley general para la realización del servicio social en recursos humanos en salud”.

Asimismo, en el documento firmado por 15 integrantes de la asamblea, demanda aumentar el presupuesto de las universidades para la inversión en formación de recursos humanos para la salud, la creación de un subsistema para la atención específica de quejas, necesidades, riesgos y zonas ideales para la realización del servicio social, y garantizar el abastecimiento total de medicamentos para enfermedades no transmisibles.

Coneval, clave para medir impacto de políticas públicas

Ciudad de México. La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, señaló a los consejeros académicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que es importante que el organismo continúe con la evaluación del impacto de las políticas diseñadas para erradicar la pobreza, bajo los principios de austeridad, transparencia y honradez.

Durante una reunión con el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo y los consejeros la funcionaria dijo que es fundamental medir los resultados de la política de Bienestar en la vida de la población beneficiaria.

Aseguró que “sí creemos” en la evaluación para saber cómo mejorar y se requiere la información del Coneval. En un comunicado la dependencia informó que escuchó las inquietudes de los integrantes del Comité Directivo del Coneval respecto al futuro de la institución y les dijo que la evaluación de los programas será vital para la mejora continua de la política social.

Pide Narro no descalificar avances en materia de salud

Ciudad de México. José Narró Robles, ex secretario de Salud, pidió no descalificar la historia y los avances alcanzados en salud como el aumento de la esperanza de vida que actualmente supera los 75 años o la disminución de la mortalidad infantil pues en 1948 de mil niños que nacían, 132 morían ante de cumplir el año de edad y hoy fallecen 12.

“Negar que ha habido un avance es ignorar, desconocer o no saber lo que se dice”, señaló en el conversatorio “Problemas y Retos del Sector Salud”, organizado por la plataforma Futuro 21.


El también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México destacó que la salud siempre ha sido un elemento de unidad y no uno de división. “Jamás hemos pensado en términos de esas condiciones políticas e ideológicas”, por lo que resaltó que ésta no tiene colores de partidos.

Indicó que los riesgos de brindar un mal servicio de salud a la población se incrementan cuando en lugar de conservar lo que funciona se debilita, o si no se corrigen los programas, acciones y políticas que no funcionan y por el contrario se deja que se profundicen más.


Narro Robles señaló que uno de los problemas que enfrenta el sector es que el sistema está fragmentado. “Hay más de 16 millones de mexicanos que tienen un aseguramiento múltiple, dos o más fuentes, y decía el Coneval el año pasado que había cerca de 16 millones de mexicanos que tienen carencia en el acceso a los servicios de salud, y en parte se debe a eso”. De igual manera, hay “insuficiencia presupuestal”.


En el conversatorio organizado por la plataforma Futuro 21, manifestó su respaldo a los internos y pasantes de medicina que se han visto afectados por los recortes presupuestales. Un interno de pregrado, dijo, tiene una jornada de trabajo de entre 60 horas a la semana y por su servicio recibe una beca de 2 mil 500 pesos, que se quiere reducir a la mitad.

Indicó que la situación laboral de los pasantes es semejante. “Ya salieron a la calle los residentes que ya son médicos que están en formación pero se les había olvidado pagarles todo lo que debían. No hagan que salgan los internos ni los pasantes, no despierten al puma”.


En entrevista aparte, Narro Robles dijo que tras su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha explorado la posibilidad de sumarse a otro grupo político aunque aceptó que tiene relación con todas las fuerzas políticas.

“Yo hablo, lo he dicho muchas veces, hasta con el diablo, con todos. Este país lo que necesita es garantizar su pluralidad”, indicó.

Acuerdos firmados entre AMLO y empresarios ya existían: Concamin

Ciudad de México. El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sobre la inversión privada en el sector energético no contiene nada nuevo que no esté establecido en las leyes vigentes o que ya exista en la realidad, dijo Sergio Ampudia Mello, vicepresidente de derecho energético de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Las empresas privadas ya participan en la producción petroquímica y también en más de 40 por ciento en la generación eléctrica, así que consideró que la reunión del 24 de julio sólo fue “un guiño” del gobierno, con connotación política, hacia los dirigentes de las cúpulas empresariales para brindarles certidumbre de que las cosas van a continuar.

“Es darle un piso a la inversión privada luego de las señales encontradas que se dieron”, comentó sobre el anuncio del presidente de que por el aumento de la demanda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) producirá 55 por ciento de la electricidad y el resto el sector privado, además de que se requiere inversión privada para la industria petroquímica porque el gobierno carece de recursos para reactivarla.

Actualmente CFE produce 57 por ciento de la electricidad que se consume en el país y tiene una capacidad instalada de 76 mil megawatts, pero no se usa completa ni todo el tiempo, detalló el especialista.

En el sector eléctrico no se consideraron otras partes de la cadena de valor y el gran tema por resolver es la producción y consumo de electricidad in situ, la llamada generación distribuida, que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años pero difícil de calcular porque no utiliza redes de transmisión, detalló.

Ampudia Mello, quien también es coordinador de la especialidad de derecho energético en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que si bien la política energética ha cambiado con el nuevo gobierno siguen vigentes los cambios constitucionales, leyes secundarias y reglamentos aprobados durante el sexenio pasado con la reforma energética.

Recurrir a tratados y APPRIS

Las implicaciones de que la CFE haya solicitado la revisión de los contratos son diversas, no solamente en el suministro de gas sino también en la protección de inversiones en compromisos internacionales contraídos por México, advirtió.

El arbitraje internacional que solicitó la compañía sobre los contratos de siete gasoductos “puede poner el riesgo” la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y no es casual que la embajada de este último país y también autoridades estadunidenses hayan expresado su preocupación al respecto, consideró.


Las empresas extranjeras que se sientan afectadas por las decisiones del gobierno pueden recurrir a los 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) o a los tratados internacionales, explicó.

Si bien dijo que formalmente en el todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se incluyó un capítulo de energía por las restricciones que hasta antes del anterior sexenio tenía México para que el sector privado invirtiera en el sector energético, Ampudia recordó que existe el capítulo 11 “que es generosísimo con la protección de inversiones”, así como un anexo “que protege cualquier tipo de inversión, lo cual incluye, por supuesto, energía, entonces no es categórica la exclusión”.

Al amparo del capítulo 11 del TLCAN, recordó, la empresa estadunidense Metalclad logró que el gobierno de México le pagara una indemnización por 16.7 millones de dólares a finales de los noventa por la clausura de un basurero tóxico en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, monto 17 veces superior a la inversión realizada por la empresa.

Juez cita a Rosario Robles el 8 de agosto, a pedido de FGR

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal citar a Rosario Robles Berlanga para vincularla a proceso penal por su presunta responsabilidad en el desvío multimillonario de recursos públicos durante sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu).

Por la noche, el juez de control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México fijó como fecha de la audiencia respectiva el 8 de agosto a las 11 de la mañana.

La agente del Ministerio Público Federal envió un oficio a un juez de control en el que pidió que se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación a proceso contra Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En el documento, que es firmado por Teresa Maldonado Rodríguez, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la FGR, incluso se informa al juez la dirección en la que se puede encontrar a la ex funcionaria.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado el desvío de millonarios recursos públicos durante las administraciones de Robles Berlanga en la Sedesol y en la Sedatu, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La FGR mantiene abiertas más de 20 investigaciones en contra de servidores públicos de ambas dependencias que habrían participado en el desvío de al menos 800 millones de pesos, entre ellos la ex titular de esas secretarías.

Los señalamientos contra varias dependencias de la administración de Peña Nieto, entre ellas la Sedesol bajo la gestión de Robles Berlanga, se dan a través de la revisión de diversas cuentas públicas de la ASF.

Por citar un ejemplo, en los ejercicios 2013 y 2014 la Auditoría detectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos que se entregaron a más de 180 empresas, pero a la mayoría de ellas se les dio a través de una triangulación con universidades públicas.

En la cuenta pública de 2016 se detectó el quebranto de 3 mil 855 millones de pesos durante la titularidad de Robles en la Sedatu, recursos que se desviaron del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar.

En el oficio enviado por la PGR al juez de control, no se hace referencia a la imputación directa que pesa sobre la ex funcionaria federal.

Asesinados, catorce ambientalistas en México en 2018

Ciudad de México. La lucha para proteger el entorno se ha vuelto cada vez más peligrosa en México. En 2018 fueron asesinados al menos 14 ambientalistas en el país, señaló la organización internacional Global Witness en su más reciente informe sobre ataques mortales contra estos activistas.

El reporte da cuenta de los riesgos que enfrentan estos activistas a escala global. Documenta que el año pasado fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo, más de la mitad de los homicidios se cometieron en América Latina.

Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales, asienta el documento.

De acuerdo con el informe, en 2018 los países más peligrosos para los activistas ambientales fueron Filipinas, con 30 asesinatos; Colombia, con 24; 23 en India; 20 en Brasil; Guatemala, con 16, y México, con 14. En tanto, el único país de Europa donde se presentaron homicidios de estos defensores fue en Ucrania, con tres; y en todo África se reportaron 14.

La minería fue el sector más letal, con 43 defensores asesinados por oponerse a los efectos destructivos de la extracción de minerales sobre la tierra, las formas de vida y el medio ambiente. Los proyectos ligados a la agroindustria dejaron 21 homicidios y los de explotación forestal 13. Además, hubo una escalada de asesinatos de activistas que luchan por la protección de las fuentes de agua, que aumentaron de cuatro en 2017 a 17 el año pasado.

La impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos. Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado.

Por primera ocasión desde 2012, en que ha documentado la violencia contra ambientalistas, Global Witness incluye en el reporte el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a estos activistas, a sus familias y a las comunidades que representan.

Efecto disuasorio

Esta táctica puede utilizarse para mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras.

La criminalización y las demandas civiles se están usando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido, subraya el informe.

La violencia no letal y la intimidación abundan y, al igual que los asesinatos, no suele documentarse. Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales.

Agrega que los inversionistas en los proyectos que afectan al medio ambiente, incluidos los bancos de desarrollo, alimentan la violencia financiando proyectos y sectores abusivos, abandonando a los activistas amenazados.

Coacalco a la baja en incidencia delictiva

El robo de vehículos se reduce en relación al 2018

Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XVIII, se resaltó el trabajo coordinado que en materia de seguridad se realiza en esta localidad, donde los comparativos del 1 de enero al 15 de julio del 2019 con respecto al mismo periodo del 2018, arrojan una disminución.
De acuerdo a la Fiscalía de Ecatepec, se registró una disminución del 12% en los delitos cometidos en el municipio de Coacalco, en comparación con el 2018.
El robo con violencia y de vehículos, son los rubros que van a la baja en comunidades.

Los delitos considerados de alto impacto han disminuido, como el robo con violencia que registra una disminución del 10 por ciento, y en robo de vehículo la baja es del 9%.
Se explicó que en el rubro de robo con violencia, se contemplan los delitos de robo a casa habitación, con una baja de 18 por ciento; a negocio y transporte de carga de menos 16 por ciento; a transporte de pasajeros de menos 8; a transeúnte de menos 11; y a comercio de menos 14.

El Presidente Municipal, Darwin Eslava, afirmó que en Coacalco se trabaja de manera conjunta con todos los órdenes de gobierno, con el objetivo de llevar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.
Recalcó la necesidad de transitar de un modelo reactivo de seguridad pública a un modelo proactivo de seguridad ciudadana que ponga en el centro de atención a las personas
“Un Estado de Derecho que se afirma eficaz debe cumplir con su labor, no eludir su responsabilidad y hacer lo necesario para cumplir y hacer cumplir la ley, condición indispensable para lograr una auténtica seguridad ciudadana”, refirió.