México.- Sus palabras y acciones como sacerdotes incomodan cada vez más a muchos, sobre todo al crimen organizado. A ello le atribuyen las más de 500 amenazas que han recibido en los últimos dos años, los 31 asesinatos de la última década —la mayoría “muy violentos”—, las violaciones, los secuestros y las extorsiones.
“¡Que le baje con sus denuncias!”, es la amenaza más frecuente y en aumento que reciben los sacerdotes católicos en México, de cualquier estado, cualquier comunidad, pues los casos se han presentado en toda la nación, sostuvo en entrevista el obispo Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
Estudios nacionales e internacionales también lo demuestran. Este mes la agencia Fides, de la Santa Sede, posicionó en su lista 2014 a México como el país más peligroso del mundo para ejercer el sacerdocio, cinco religiosos asesinados en el último año, uno más que en 2013; mientras que en Siria —región en la que se vive persecución contra los cristianos— sólo un clérigo fue ultimado.
Incluso en México, la cifra de ministros de culto católico que han sido víctimas del crimen supera el total de continentes como Asia, en donde dos fueron ejecutados; Oceanía, región en la que un par de sacerdotes fueron muertos o Europa, donde uno fue asesinado.
En América se cuentan 14 agentes pastorales muertos: cinco en México, tres en Venezuela, dos en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en Colombia, uno en Nicaragua y uno en Perú.
“En México, Rolando Martínez Lara fue asesinado durante un robo en su parroquia; el seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta, secuestrado y asesinado durante Semana Santa; José Acuña Ascención Osorio, cuyo cadáver fue encontrado en las aguas del río Balsas; padre John Ssenyondo, hallado en una fosa común junto a otros cadáveres; don Gregorio López Gorostieta, secuestrado y asesinado”, indica el documento.
El reporte de Fides da a conocer que en el año 2014 han sido asesinados en el orbe 26 agentes pastorales, tres más que en el año 2013. Por sexto año consecutivo, el número más alto de homicidios contra clérigos se registró en América.
De acuerdo con el reporte realizado por la dependencia de la Santa Sede en diciembre del año pasado, durante los últimos diez años han sido ejecutados un total de 230 ministros de culto a nivel internacional, de los cuales tres eran obispos.
Al igual que el creciente número de asesinatos, las amenazas también están a la orden del día, explicó a este medio el padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM).
—¿520 amenazas de muerte?
—Sí, de 2012 a la fecha se tiene el referente de 520 amenazas contra sacerdotes. Las entidades más golpeadas por esas amenazas son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, obviamente Guerrero, Veracruz, el DF, la zona conurbada del Estado de México, San Luis Potosí y Chihuahua.
Las cifras de Fides en relación con nuestro país coinciden con la información dada a conocer por el CCM hace unas semanas, en las que el estudio titulado El riesgo de ser sacerdote en México indica que la violencia en contra de clérigos ha ido al alza, pues en los últimos 24 años se han perpetrado 47 atentados contra miembros de la Iglesia católica, de los cuales 45 son crímenes arteros; y dos corresponden a sacerdotes que siguen en calidad de desaparecidos.
El documento señala la alta peligrosidad en que viven los ministros de la Iglesia católica en zonas como el sureste del país, y particularmente en el estado de Guerrero, considerado como la entidad federativa más peligrosa para la labor de los religiosos.
“El índice de amenazas, de muertes contra sacerdotes, de asesinatos dejan ver claramente que no hay un control ni se ha dedicado tiempo ni espacio para la seguridad de los ministros de culto en nuestro país, y eso refleja los altos índices de violencia e inseguridad en México”, expuso Omar Sotelo.
Prevén más riesgos.
Respecto del tema de las amenazas de muerte y extorsiones contra religiosos católicos, entrevistado por Excélsior, Sotelo explicó que en los últimos años se han incrementado y es altamente probable que próximamente se hable de un aumento de agresiones.
“Tenemos que hacer algo al respecto porque de continuar las cosas como están, si de 2012 a la fecha ya se tiene referencia de 520 amenazas contra sacerdotes, significa que en los próximos años que esto se puede recrudecer y pueden aumentar las cifras. Ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos”, puntualizó el sacerdote.
Para el cura y activista Alejandro Solalinde, las intimidaciones y homicidios recientes “de hermanos sacerdotes” son una profunda muestra de que hay integrantes de la Iglesia católica que han alzado la voz contra la delincuencia y están trabajando para rescatar a nuestro país.
Solalinde recordó los asesinatos en Guerrero del padre Gregorio López y del misionero ugandés John Ssenyondo, quien fue secuestrado por hombres armados poco después de haberse negado a bautizar a un niño, presuntamente hijo de un delincuente.
“Es necesario decir que los asesinatos recientes de hermanos sacerdotes es muestra de que parte de la Iglesia está trabajando para poder así rescatar a un México herido de muerte por la violencia”, consideró el clérigo.
Se lavan las manos
Omar Sotelo expuso que desgraciadamente las autoridades ministeriales de cada uno de los estados del país dan poco seguimiento a los casos de sacerdotes asesinados, amenazados o extorsionados y “tratan de lavarse las manos” por lo que muchas de las indagatorias iniciadas hace años sobre estos asuntos no han sido resueltos.
“Muchos de estos casos no se han llegado todavía a resolver, lástima que a veces estos casos los dejan como una especia de situación en común. Yo escuchaba a las autoridades judiciales de Ciudad Altamirano, referente a la muerte del padre Gregorio, y decían: bueno, fue una cuestión personal y por eso lo mataron… ahí, como que tratan de lavarse las manos y decir, bueno, así pasó”, reprochó.
Pero desde la propia Iglesia católica tampoco hay seguimiento puntual a los casos. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), alto organismo que congrega a los obispos del país, no posee una relación de los religiosos asesinados, amenazados o que han sido víctimas de extorsiones por parte de algún grupo criminal, tan sólo se basan en recuentos de otros organismos.
De manera específica, el obispo Eugenio Lira reconoció que la atención a curas victimizados no es competencia del conjunto de jerarcas católicos pues, dijo, eso es un asunto exclusivo de cada una de las 85 diócesis y arquidiócesis existentes en territorio nacional.
“Eso es competencia realmente de cada diócesis, la Conferencia del Episcopado, en este sentido, es un órgano de comunión de los obispos de la República Mexicana y, diríamos, no rompe la autoridad que tiene cada obispo en su propia diócesis; y claro, los obispos de cada diócesis están atentos de estos casos y va teniendo un seguimiento del proceso de investigación”.
—¿Desde su perspectiva, la violencia contra sacerdotes ha aumentado?
—Bueno sí, el hecho de hablar de cuatro sacerdotes asesinados, un chofer de uno de los sacerdotes de la zona de Guerrero, dos seminaristas más, pues nos preocupa, el hecho de lo que están padeciendo tantas familias. Precisamente queremos invitar a la sociedad a sumar esfuerzos para trabajar por un México reconciliado y en paz y es por eso que estamos impulsando tanto esta campaña en la que estamos insistiendo… se trata de presentar esto de tal manera que no sólo nos preocupemos sino nos ocupemos.
Esta semana el obispo de Chilpancingo, Guerrero, Alejo Zavala, dijo a Grupo Imagen Multimedia que en su diócesis los sacerdotes viven con temor pues, en numerosas ocasiones, han sido víctimas de extorsiones e incluso un religioso cedió a pagar el derecho de piso que le exigían pues, dijo, eran muy fuertes las amenazas.
Reveló que el lunes 5 de enero los cuatro obispos de Guerrero (Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Tlapa y Altamirano) sostuvieron una reunión con el fiscal del estado, Miguel Ángel Godínez en la que se puso sobre la mesa la preocupación de la Iglesia local ante el clima de violencia que se vive.
A su vez, el obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez confirmó que la comunidad católica tiene, hasta el momento, en calidad de
desaparecido al padre Carlos Ornelas Puga, pero no ha recibido información sobre las investigaciones por parte de la Procuraduría estatal.
“En algunos municipios, los más afectados (por la violencia) viven un poco temerosos, pero no ha habido para ninguno de ellos ninguna amenaza, ninguna cosa, tienen el miedo que tenemos todos, pero que haya habido una cosa muy concreta para alguno de ellos, no”, reconoció en entrevista.
Para el sacerdote Juan Carlos Casas, especialista en historia de la Iglesia y académico de la Universidad Pontificia de México (UPM), es imperativo que los jerarcas católicos mexicanos alcen la voz, se unan contra la violencia y sean “menos timoratos” pues, dijo, en los últimos años la Iglesia ha tomado una actitud de autocensura.
“La Iglesia como institución ha tomado una actitud un tanto tímida respecto a la denuncia social, al carácter profético que el Evangelio mismo encierra, de denuncia ante lo que significa injusticias o ante lo que significa ofensa a la dignidad y los derechos de las personas”, postuló el religioso.
Consultado por este diario, Casas García aseveró que la Iglesia católica no puede ser mera espectadora de la violencia que sufre la población pues se convertiría en cómplice de la estructura de injusticia y muerte que prevalece.
“Clérigos y laicos tenemos algo que hacer desde nuestras propias trincheras por la reconstrucción del tejido social y del país que a veces tenemos la impresión que se nos está desmoronando en las manos”, consideró el académico y religioso católico.
Investigaciones truncas
Especialistas como Omar Sotelo del CCM y obispos como Alejo Zavala o Antonio González, de Ciudad Victoria, coinciden en que las investigaciones judiciales de numerosos asesinatos de sacerdotes hasta hoy no tienen respuesta clara.
El seguimiento de Excélsior sobre algunos casos también sustenta lo dicho. Un ejemplo fue el homicidio en 2010 del presbítero Salvador Carlos Wotto, de 82 años de edad; este caso, comentó el religioso Wilfrido Mayrén Carrasco, apoderado legal de la Arquidiócesis de Oaxaca, ya se quedó estancado desde hace tiempo.
“No se le hizo justicia de manera pronta ni expedita”, asentó.
Mayrén Carrasco explicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició, en su momento, las investigaciones correspondientes y se comprometió a detener a los asesinos; sin embargo, “únicamente se interrogó los trabajadores del templo y feligreses por presuntas sospechas pero no hubo detenidos”.
Carlos Wotto fue apuñalado la noche del miércoles 28 julio en el interior del templo de la Virgen de las Nieves, en el Centro Histórico, “su crimen sigue impune”.
Otro caso en Puebla suscitado en 2011 fue el asesinato y violación del sacerdote Santos Sánchez Hernández, en el interior del templo de San José de la comunidad de Mecapalapa, municipio de Pantepec. A casi cuatro años la Procuraduría General de Justicia no ha podido cerrar la investigación.
Desaparecido
En esa misma línea pero en Tamaulipas sigue la desaparición del párroco Carlos Ornelas Puga, de la Iglesia los Cinco Señores, del municipio de Jiménez. Al momento de la consulta, la Procuraduría General de Justicia todavía continuaba con las diligencias de la Averiguación Previa.
Ismael Quintanilla, procurador general en la entidad refirió que hasta el momento, en el estado, es el único caso de un religioso que haya sido presuntamente secuestrado por la delincuencia, sin embargo, continúan con las investigaciones.
Este medio confirmó que de los ocho casos de sacerdotes asesinados en Guerrero, hasta el momento la Procuraduría de Justicia local, ahora Fiscalía General del estado, no ha presentado ninguna línea de investigación fuerte que pudiera señalar a los posibles autores de estos crímenes, y mucho menos se han presentado personas detenidas por estos hechos.
En contraste a los casos anteriores, el del asesinato del padre Teodoro Mariscal Rivas en Sinaloa, los homicidios de los sacerdotes Salvador Ruiz Enciso y el padre Ignacio Cortéz Álvarez perpetrados en Baja California o el de José Flores en Colima ya fueron esclarecidos, luego de precisar los móviles.
—Con información de Patricia Briseño, Fernando Pérez Corona, Héctor González, Jesús Bustamante, Juan Arturo Salinas, Bertha Reynoso, Rolando Aguilar y Miguel García, corresponsales
