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Las acciones en la SCJN contemplan las reformas a leyes de aviación y aeropuertos, y el reglamento del servicio ferroviario
El proyecto del presidente para crear una megaparaestatal
militar está en el limbo.
Apenas el miércoles 19 de julio, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un par de acciones de
inconstitucionalidad relacionadas con la presencia militar en diversos
sectores, como aviación.
Ese día, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena admitió
a trámite y análisis dos recursos presentados por miembros del Congreso
contrarios a Morena.
Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la
oposición, y por ende, la posible eliminación de reformas a diversas leyes,
podrían impedir al Estado formar un consorcio con aeropuertos, aerolíneas,
ferrocarriles, parques e, incluso, limitar la recuperación de la categoría 1 en
seguridad aérea.
Los auditores estadounidenses de la Administración
Federal de Aviación (FAA) lo habían advertido una vez que terminó la
evaluación para la categoría
1: “en caso de que las reformas a las leyes de aviación civil y
aeropuertos, aprobadas para solventar las deficiencias, fueran impugnadas, el
regreso a primer nivel tardaría aún más”.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, la FAA
estableció un par de dudas al finalizar la auditoría el 2 de junio. El
aspecto de medicina de aviación, que continúa siendo un problema para el
personal aeronáutico, y la posibilidad de que los cambios legales no
fructificaran.
Estos puntos fueron los que los inspectores estadounidenses
establecieron como condiciones que debían cumplirse a cabalidad.
“Uno de los pendientes fue que las leyes publicadas no
fueran revocadas por algún tipo de juicio”, refirió una fuente que estuvo en la
última auditoría realizada a la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC).
La semana pasada, los diputados y senadores de oposición
recibieron la notificación sobre que la Corte había admitido los dos recursos
de inconstitucionalidad que habían interpuestos por las reformas a las leyes de
aviación civil y aeropuertos, además de los cambios aprobados a las
legislaciones de la administración pública y la ley orgánica del ejército y
fuerza aérea.
Los cambios, aprobados en fast-track, fueron
promovidos por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SICT), Jorge Nuño, como requisitos sin los cuales México no
podría acceder a la recuperación de la categoría 1.
A inicios de año, el propio Nuño indicó ante legisladores de
Morena que la aprobación de las reformas permitirá cubrir el 25 por ciento
de las deficiencias encontradas por la FAA, que acumula ya 26 meses.
El paquete de reformas incluyó cambios estructurales en
cuanto a atribuciones de la autoridad aeronáutica, como la investigación
de accidentes, la incorporación del área de medicina aeronáutica a su propia
estructura, además la posibilidad de que una paraestatal pudiera operar y
administrar aeropuertos y aerolíneas de forma simultánea.
El Financiero ha solicitado múltiples entrevistas con el
director de la AFAC, Miguel Vallin Osuna, sin recibir respuesta de la SICT
e, incluso, el funcionario se ha negado a hablar en eventos públicos y, cuando
es cuestionado sobre los resultados de la categoría 1, se ha limitado a negar
con un ademán.
De acuerdo con información obtenida por transparencia, los
hallazgos relacionados con los cambios consisten en: Inconsistencias entre la
ley de aviación civil y sus reglamentos, no hay un sistema para garantizar el
cumplimiento de los requisitos y en la certificación de licencias, pues los
informes médicos no son revisados ni resguardados por la AFAC.
Sin aerolínea, ni ferrocarriles
Los diputados y senadores de oposición habían adelantado
que, la mayor parte de las reformas aprobadas tendrían una respuesta en la Corte.
En el tenor de las acciones promovidas contra las
reformas a las leyes de aviación y aeropuertos, están los cambios que permiten
crear una aerolínea del Estado que sea controlada por una misma
paraestatal que opere un aeropuerto, sin embargo, esta disposición fue
establecida antes de los cambios.
Con ello, el gobierno avanzó, en ese momento, con su plan de
constituir una megaparaestatal que controle aeropuertos, aerolíneas,
servicios de control del espacio aéreo, entre otros.
De esta forma, los recursos promovidos ante la Corte, para
la constitución de una aerolínea y un aeropuerto, quedarían imposibilitados, si
es que los ministros votan a favor, pues se establecieron antes.
Los congresistas opuestos a Morena también promovieron otros
recursos que ya fue aceptados por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien
les dio trámite.
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